Los hipopótamos de Escobar desplazaron al manatí antillano, devoraron la vegetación ribereña, llenaron de caca las aguas y han puesto en peligro otras especies y con ellas, hasta a los pescadores de Puerto Triunfo. La biodiversidad de nuestro río Magdalena es la víctima silenciosa de esta negligencia. Y sin que desviemos la atención: ¿Para cuándo la declaración del pez baza como especie invasora…?
Ambroise Bierce, ese maestro de la misantropía con clase, definía en su Diccionario del Diablo a la Responsabilidad como "una carga separable que se puede pasar fácilmente a los hombros de Dios, el Destino, la Fortuna, la Suerte o el vecino". En el caso de los hipopótamos colombianos, la responsabilidad ha sido una pelota que ha rebotado durante tres décadas entre los despachos oficiales, mientras los paquidermos, ajenos a la burocracia, se dedicaban a lo que mejor saben hacer: comer, defecar y multiplicarse, acabando con otros ecosistemas. Vaya costo desmesurado el que nos deja ese delirio estúpido de convertir a Nápoles en “el Arca de Noé”. Pero Escobar no es el único responsable.
Si Bierce definiera a un ministro de Ambiente, diría que es "un oficial administrativo que sobrevive a base de posponer lo inevitable hasta que su sucesor hereda el desastre". Uno, tras otro -como reza el poeta Panero Torbado- iguales.
La lista de los responsables
El Ministerio de Ambiente (1993 - Presente): Desde el primer ministro Manuel Rodríguez Becerra, pasando por nombres como Juan Mayr, Sandra Suárez, Gabriel Vallejo, hasta llegar a Susana Muhamad, todos han tenido el expediente sobre la mesa. Unos intentaron castraciones fallidas; otros, simplemente, rezaron para que el Magdalena se tragara el problema.
Creo que es justo pasar la factura de los 10 millones de dólares a todos los ministros de los años 90 hasta el presente, y dividirla entre todos. Insto a las altas cortes a que inicien ese proceso judicial para encontrar los responsables y condenarlos. ¿Por qué tenemos que pagar todos los colombianos por su negligencia? El costo ambiental también debe cuantificarse, sancionarse y buscar una reparación a este ecocidio de otras especies nativas.
La "Licencia" y las Autorizaciones
Aunque los hipopótamos fueron traídos en aviones privados (generalmente aeronaves de carga tipo Douglas DC-6 o similares), el proceso no dependió de una sola "licencia de aviación", sino de una cadena de fallos y omisiones institucionales:
Aeronáutica Civil (Aerocivil): En esa época, el control sobre las pistas privadas en el Magdalena Medio era mínimo. Se dice que los aviones aterrizaban en la pista de Nápoles con permisos de vuelo nacionales que no eran rigurosamente auditados. Entre 1980 y 1982, la Aerocivil estuvo bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez; aunque se han planteado debates históricos sobre la proliferación de licencias de pistas y naves en ese bienio, no existe un documento público que vincule una firma directa para el transporte específico de estos animales. Si se comprueba, Uribe debe ser responsable.
El INDERENA: El antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables (precursor del Ministerio de Ambiente) era el encargado de dar los permisos de importación de fauna. Escobar utilizó una táctica de "hechos cumplidos": traía los animales legalmente desde zoológicos en Estados Unidos (específicamente de un zoológico en Dallas) y, una vez en suelo colombiano, legalizaba su estancia alegando que eran para un beneficio público y recreativo.
La Aduana: Los animales pasaron por los controles aduaneros sin mayores contratiempos. Los registros sugieren que el cargamento inicial de cuatro hipopótamos (un macho y tres hembras) fue declarado simplemente como parte de una colección privada de fauna.
¿Cómo llegaron realmente?
Los hipopótamos no fueron contrabandeados en una maleta; llegaron en un avión de carga de gran tamaño. Se sabe que Escobar compró gran parte de su zoológico inicial a través de intermediarios en Estados Unidos que tenían licencias de exportación legales allá, lo que facilitaba que el cargamento pareciera un movimiento legítimo entre entidades zoológicas hasta que tocaba suelo colombiano.
La Era de la Inocencia (Años 90): Tras la caída del capo de capos (Escobar), el Estado tomó control de la Hacienda Nápoles. Los responsables de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y los directivos del INDERENA (antes de mutar en Ministerio) decidieron que una golondrina no hace verano, frase extrapolable a “cuatro hipopótamos no constituyen una amenaza ambiental”. Sin duda, la indecisión es el elemento que permite a un problema pequeño convertirse en una catástrofe nacional mientras se toma el café.
Otros responsables:
Cornare: Si bien han sido los únicos en el territorio, su "diplomacia" con la especie invasora permitió que el censo pasara de una familia a un ejército de 200 tanques biológicos de dos a tres toneladas cada uno de carne y hueso.
Si dividimos la cifra entre los ministros de ambiente, directores de la DNE y gerentes de corporaciones autónomas que, desde 1993, firmaron actas de "seguimiento" pero ninguna de "acción", la cuota por cabeza sería bastante manejable para sus patrimonios de servidores públicos de alto nivel. Si son 100 responsables, serían unos 100 mil dólares por cabeza: Unos 380 millones de pesos como multa a cada uno de ellos para pagar el traslado al África subsahariana de estos animales…o a Tanzania…o a la casa de los ministros de medio ambiente. Es posible que ningún país africano -con sus propios problemas de gestión de fauna- esté dispuesto a recibir animales que ya no pertenecen a su estructura genética original y que pueden portar patógenos cruzados en el trópico americano. De suyo, creo que sacrificarlos es inevitable, por otro altísimo costo. ¿Por qué gobiernos nacional, departamental y local retrasaron por años la declaratoria de especie invasora? ¿Son ellos también responsables? Creemos que sí.
Cobrarles a los responsables es, por supuesto, una Esperanza: "ese deseo y expectativa de que algo bueno suceda".
Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente ha decidido que el plomo es más barato que el arrepentimiento.
Otras alternativas y costos
La Eutanasia Ética (Control Poblacional): Es la medida más eficiente y menos costosa a corto plazo. El procedimiento por individuo tiene un costo operativo (dardos, fármacos, disposición de restos) de aproximadamente 5 a 7 millones de pesos. Es una cifra ínfima comparada con el daño ecológico de un solo animal libre. La responsabilidad aquí es del Ministerio de Ambiente y las CAR, quienes deben garantizar que no se convierta en un espectáculo, sino en una intervención sanitaria.
La Inmunocastaing (GonaCon): Ya se ha intentado. Es una solución costosa y lenta. Cada dosis cuesta alrededor de 1,000 dólares y requiere múltiples aplicaciones por animal, rastreo por GPS y equipos de campo especializados. Es viable solo como complemento para ejemplares jóvenes en zonas controladas, pero no detiene la crisis actual. Luego viene el problema de los cuerpos.
Confinamiento en Reservas de Alta Seguridad: Crear santuarios cerrados en Colombia para los ejemplares que no sean sacrificados. El costo de construcción de infraestructura de contención para animales que derriban cercas convencionales como si fueran de papel superaría los 15,000 millones de pesos anuales en mantenimiento y seguridad.
Si aceptamos que el traslado masivo es una quimera logística y financiera, las soluciones deben ser pragmáticas, por dolorosas que resulten.
Cruel, sí, pero como diría Bierce sobre la Piedad: "es una virtud que a menudo se siente por un animal cuando ya no representa un peligro para nuestro jardín". El corazón, más que el jardín de Colombia, es el Magdalena, y ya no queda espacio para más convidados de piedra y mierda.
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