Hay una forma de entender la política que la reduce a una lucha descarnada por el poder, a una prolongación de la guerra por otros medios, donde el objetivo principal es imponerse al adversario. Esa visión no es ajena a nuestra historia ni a la configuración actual de la vida pública. Sin embargo, no es la única posible ni, sobre todo, la única deseable.
La política también ha sido pensada - y en algunos momentos practicada -, como un espacio de construcción de lo común: de valores compartidos, de reconocimiento en la diferencia y de elaboración colectiva de horizontes de futuro. Entre estas dos perspectivas —conflicto y cooperación— se ha movido históricamente la vida política.
El problema no es que ambas dimensiones existan; el problema es cuando se desbalancean. Cuando el conflicto se absolutiza, la política se degrada en una confrontación sin horizonte, una disputa que pierde incluso su dimensión épica para convertirse en desgaste permanente. Pero cuando la cooperación se reduce a acuerdos entre élites cerradas, lo público se vacía y los intereses colectivos quedan por fuera de toda representación real.
Con preocupación, lo que hoy se observa en Colombia no es simplemente la coexistencia de ambas dinámicas, sino su desarticulación. La cooperación no construye lo común: se repliega en círculos cerrados, en redes de afinidad, clanes y clientelas que se fortalecen hacia adentro, pero que muestran escasa capacidad de interlocución hacia afuera. Al mismo tiempo, el conflicto no se tramita como disputa de proyectos de país, sino como una confrontación reputacional persistente, donde el adversario es deslegitimado hasta el punto de vaciar cualquier posibilidad de debate sustantivo.
El resultado es una escena política fragmentada: tribus que cooperan internamente para competir con otras tribus, en una lógica de ataque permanente donde casi nadie queda en pie. No estamos ante una política de adversarios que disputan visiones de sociedad, sino ante un sistema que oscila entre la clausura interna y la destrucción externa.
Lo que más preocupa no es solo el tono del debate, sino la escasa promoción de propuestas capaces de convocar
En este contexto, lo que más preocupa no es solo el tono del debate, sino la escasa promoción de propuestas capaces de convocar. La discusión pública se empobrece cuando los proyectos de país se diluyen y son reemplazados por estrategias de desgaste mutuo. Se pierde así la posibilidad de imaginar colectivamente salidas a los problemas estructurales que enfrenta la sociedad.
Si esta dinámica se profundiza, el riesgo no es menor: una creciente inviabilidad institucional, acompañada de una fragmentación social que refuerza la desconfianza y debilita los lazos democráticos. Una democracia sin adversarios legítimos ni horizontes compartidos es una democracia en tensión permanente consigo misma.
Tal vez el desafío más urgente no sea eliminar el conflicto - lo cual sería ingenuo -, sino reordenarlo: devolverle sentido político, anclarlo en propuestas y proyectos, y equilibrarlo con formas de cooperación que no estén mediadas únicamente por la pertenencia tribal, sino por la construcción de lo público, de lo común.
De lo contrario, puede ocurrir lo peor: que en medio de la confrontación constante no solo se deterioren los liderazgos, sino que termine erosionándose la propia idea de un destino común y cuando eso ocurre, ya no es solo la política la que pierde: es la posibilidad misma de un país compartido.
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