La rutina en la cárcel La Paz de Itagüí se rompió cuando el escándalo de una fiesta privada, protagonizada por el cantante vallenato Nelson Velásquez, obligó a las autoridades a intervenir. Lo que comenzó como una denuncia por un concierto al interior del penal terminó revelando un sistema de privilegios que durante meses había operado sin mayores controles.
Tras la presentación del artista, por la que se habría pagado cerca de 100 millones de pesos, se ordenó una inspección urgente en los pabellones del centro carcelario. Durante tres días, unidades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario realizaron registros detallados que dejaron en evidencia condiciones alejadas de cualquier estándar penitenciario.
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En los pabellones 1 y 2 no solo encontraron equipos de comunicación prohibidos, sino también una infraestructura que permitía a algunos internos sostener una vida cómoda. Entre los elementos incautados había tres celulares, un módem wifi, accesorios tecnológicos, un computador portátil, una tablet y una consola de videojuegos con seis controles. La presencia de estos dispositivos confirmaba la capacidad de comunicación constante con el exterior.
El inventario de objetos hallados fue más allá. Las autoridades reportaron decenas de electrodomésticos: 62 neveras, siete televisores, once estufas eléctricas, múltiples ollas eléctricas y freidoras, un microondas, un horno tostador y hasta una lavadora. También había ventiladores, aires acondicionados, licuadoras y sanducheras. A esto se sumaban muebles como sofás, cabeceras de cama y otros elementos que transformaban las celdas en espacios equipados con comodidades poco habituales en un centro de reclusión.
Los hallazgos reforzaron denuncias previas sobre un sistema de beneficios dentro del penal. Según versiones recogidas por las autoridades, internos con alto poder económico, derivado de actividades ilegales, estarían pagando sumas de hasta 70 millones de pesos para acceder a estas condiciones. Esa capacidad de pago habría permitido consolidar un esquema en el que algunos pabellones funcionaban bajo reglas distintas.
La fiesta que detonó la intervención mostró hasta qué punto habían escalado esos privilegios. Además del concierto, el evento habría contado con servicio de meseros, catering completo e incluso el ingreso de mujeres. El costo total de la celebración se estima en unos 500 millones de pesos, financiados por varios cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá mediante aportes conjuntos.
El operativo también tuvo consecuencias administrativas. Once funcionarios fueron apartados de sus cargos mientras avanzan investigaciones internas para establecer responsabilidades. La dirección regional asumió el control del establecimiento con apoyo de unidades especiales trasladadas desde Bogotá, en un intento por recuperar la disciplina dentro del penal.
Lo ocurrido en Itagüí expuso una realidad que las denuncias ya venían señalando: la coexistencia de dos sistemas dentro de la misma cárcel. Uno regido por las normas oficiales y otro sostenido por el dinero y las redes de poder de algunos internos. La intervención dejó al descubierto esa brecha y abrió un nuevo capítulo en el control de los centros penitenciarios del país.
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