Como en los años de Pablo Escobar, una escena que parecía sacada de otra época volvió a repetirse en Antioquia. Esta vez, el epicentro fue la cárcel de Cárcel de Itagüí, donde se realizó una ostentosa fiesta que hoy tiene encendidas las alarmas en el país. El episodio no solo ha generado indignación por lo ocurrido dentro de un centro penitenciario, sino por la participación de artistas reconocidos que, según denuncias, habrían cobrado millonarias sumas por presentarse allí.
Uno de los nombres que más ha resonado es el de Nelson Velásquez, quien aparece en imágenes reveladas por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla. Fue ella misma quien expuso detalles de lo que habría costado esta celebración, que rápidamente se convirtió en escándalo nacional.
🚨Atención: imágenes exclusivas del concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. Licor, tarima y comida, una rumba completa para los peores criminales de Medellín. Una vergüenza total. ¿Cómo entraron todo eso? ¿Qué estaban festejando? pic.twitter.com/4RIMoVCCqo
— Andrés Tobón (@tobonvillada) April 9, 2026
Según sus denuncias, el cantante vallenato habría recibido cerca de 100 millones de pesos por su presentación. Pero no habría sido el único. Otro artista, cuya identidad no ha sido plenamente confirmada, habría cobrado alrededor de 50 millones. En total, el evento habría alcanzado un costo cercano a los 500 millones de pesos, una cifra que incluye tarima, sonido y logística, transformando por unas horas la cárcel en algo más parecido a un hotel de lujo que a un centro de reclusión.
El hecho resulta aún más indignante si se tiene en cuenta que ocurrió durante el horario de visitas. Aun así, las preguntas sobre los controles y la vigilancia no tardaron en surgir. ¿Cómo fue posible montar un espectáculo de esta magnitud sin que las autoridades intervinieran? La polémica creció aún más cuando el secretario de Seguridad de Medellín calificó el lugar como un “resort para el crimen”, una frase que resume el nivel de preocupación institucional frente a lo ocurrido.
La defensa de Nelson Velásquez tras cantar en la cárcel de Itagüí
En medio del revuelo, el entorno de Nelson Velásquez salió a dar explicaciones. Su representante aseguró que el artista simplemente fue contratado para cumplir con una presentación, como lo hace habitualmente, y que desconocía el contexto real del evento.
Según esta versión, la contratación habría sido gestionada por un intermediario identificado como Carlos, quien ya habría trabajado antes con el cantante. Desde el equipo del artista insisten en que no es práctica habitual investigar a fondo quién contrata los shows, lo que ha generado aún más cuestionamientos, especialmente por tratarse de un lugar tan particular como un centro penitenciario.
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Sin embargo, más allá de la participación de los artistas, lo que realmente ha encendido las alarmas es el impacto político y de seguridad que ha tenido este episodio. La polémica fiesta habría sido uno de los detonantes para que el gobierno del presidente Gustavo Petro decidiera suspender los diálogos que venía adelantando con estructuras criminales en el marco de la llamada Paz Urbana.
Este proyecto, que busca reducir la violencia y delitos como el homicidio y la extorsión mediante acercamientos sociojurídicos con bandas delincuenciales, llevaba casi tres años en desarrollo. Además, contaba con respaldo de organismos internacionales como la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP/OEA), enfocándose en territorios de alta complejidad para transformar economías ilegales en oportunidades sostenibles.
#Comunicado: Los hechos denunciados en la cárcel de Itagüí no hacen parte de las garantías del proceso de #PazUrbana. Se rechazan de manera contundente y se suspende interlocución con voceros de EAOCAI hasta esclarecer responsabilidades. El Gobierno respalda medidas del INPEC. pic.twitter.com/pAG8bt5iSw
— Paz Urbana🏘️ (@PazUrbanaCo) April 9, 2026
Hoy, tras lo ocurrido en la cárcel de Itagüí, el futuro de esta estrategia es incierto. Para muchos expertos, continuar con estos diálogos resulta cada vez más difícil, especialmente cuando hechos como este refuerzan la percepción de falta de control del Estado dentro de los propios centros penitenciarios.
Más que una fiesta, lo sucedido dejó al descubierto una realidad incómoda: la fragilidad del sistema carcelario y los retos que enfrenta el país para recuperar el control en escenarios donde, en teoría, debería prevalecer la autoridad.
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