Los concejales de Bogotá Andrés Onzaga y Julián Espinosa, del partido Alianza Verde, le han pedido al alcalde de Bogotá frenar el cierre y desmonte de las aulas de apoyo pedagógico para estudiantes discapacitados de los colegios públicos. Según ellos, la medida afecta a más de 1500 alumnos discapacitados de colegios distritales y a sus familias.
Los dos cabildantes, junto a cerca de 500 ciudadanos, firmaron una carta que fue enviada al mandatario capitalino, donde piden no cerrar las aulas de apoyo pedagógico y expresan su preocupación por la medida adoptada por la Secretaría de Educación de Bogotá.
De acuerdo con los concejales de Bogotá, ellos respaldan la administración del alcalde Galán, que ha propuesto la construcción de un sistema educativo inclusivo según lo establecido en el decreto 1421 de 2017, por medio del cual se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad, pero consideran fundamental que el proceso se desarrolle bajo condiciones reales donde se garantice el derecho a la educación de las personas discapacitadas.
Manifestaron los concejales del partido Alianza Verde que el desmonte de las aulas de apoyo pedagógico puede derivar en una exclusión dentro de las aulas, afectando a los alumnos discapacitados y la calidad del proceso educativo en general. Además, consideran que la inclusión educativa no se puede limitar a la incorporación de estudiantes discapacitados en aulas regulares sin los apoyos necesarios, por lo que se requiere de una estructura sólida que incluya profesionales especializados, formación a los docentes y recursos pedagógicos adecuados con una implementación efectiva razonable.
Se pronuncia MinEducación
Sobre el tema, el Ministerio de Educación Nacional, a través de su titular José Daniel Rojas, expidió la circular # 024 de 2026 del 31 de marzo de 2026, la cual fue dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, directivos docentes, docentes, orientadores escolares, profesionales, y personal de apoyo pedagógico de establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media, para que tengan en cuenta ciertas orientaciones técnicas, que permitan garantizar la continuidad de apoyos especializados y la protección de trayectorias educativas de alumnos con discapacidad.
La circular del Ministerio también hace referencia al principio de no regresividad, donde se insiste en que las decisiones administrativas no deben implicar una reducción en la calidad del servicio educativo ni afectar los derechos adquiridos. La directriz señala que la existencia y el fortalecimiento de las aulas de apoyo garantizan el derecho a la educación de las personas con discapacidad múltiple y hacen parte de la educación inclusiva.
Así mismo se indica que cualquier determinación para avanzar hacia modelos de integración en aulas regulares debe estar completamente sustentada en la disponibilidad de apoyos técnicos y humanos suficientes, definidos a través del plan individual de ajustes razonables (PIAR), y se establece la obligación de las Secretarías de educación de planificar, publicar y socializar sus estrategias de atención educativa.
Desde la Secretaría de Educación de Bogotá, Juliana Rubiano, titular de esta cartera, manifestó que la Alcaldía de Bogotá trabaja en la construcción de una educación inclusiva donde todos los niños, niñas y jóvenes aprendan juntos. El propósito de la Secretaría es garantizar su bienestar, aprendizaje y brindarles oportunidades reales, en línea con lo que los mejores sistemas educativos del mundo han enseñado, indicó la funcionaria.
Igualmente manifestó que el proceso se adelanta con el acompañamiento de las familias de los estudiantes discapacitados de los colegios distritales, que, según los datos entregados por la entidad, superan la cifra de 22.200 alumnos, e indicó que las aulas no desaparecen como lo señalan los concejales, sino que se transforman para que cada estudiante participe plenamente en la vida escolar.
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