En medio de un país históricamente gobernado desde Bogotá, donde las decisiones suelen bajar en cascada hacia departamentos y municipios, el Gobierno radicó en el Congreso una de las reformas más ambiciosas de las últimas décadas: la llamada Ley de Competencias.
La apuesta, según la narrativa oficial, es clara: redistribuir funciones, asignar más recursos a las regiones y permitir que los territorios dejen de ser simples ejecutores de órdenes nacionales. Sin embargo, varias voces territoriales advierten que esas garantías no están del todo claras en el proyecto.
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Ahí está el punto de tensión. Mientras el Gobierno habla de descentralización, gobernadores, alcaldes y ciudades capitales señalan que podría tratarse de un traslado de responsabilidades sin una transferencia efectiva de poder ni de recursos suficientes.
En escenarios recientes como la Asamblea de Asocapitales, las principales ciudades del país dejaron clara una preocupación común: asumir nuevas responsabilidades sin financiación clara ni reglas definidas puede desbordar la capacidad de los gobiernos locales.
El mensaje fue directo: la descentralización no puede traducirse en trasladar cargas sin respaldo financiero ni un acuerdo previo con los territorios, y debe garantizar su participación real en la toma de decisiones.
Pero la alerta no se queda ahí. Durante la cumbre de FedeMunicipios, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera Amado, fue más allá y lanzó una advertencia directa sobre el alcance de la reforma. Según señaló, el proyecto de Ley de Competencias “desconoce el espíritu del Acto Legislativo 03 y vulnera la autonomía y la descentralización de los departamentos y municipios”, al plantear una mayor centralización de los recursos.
Nuestro director ejecutivo, @DidierTaveraA, señaló que "el Proyecto de Ley de #LeyDeCompetencias desconoce el espíritu del Acto Legislativo 03 y vulnera la autonomía y la descentralización de los departamentos y municipios, al plantear una mayor centralización de los recursos.… pic.twitter.com/laV1uXhkFg
— FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) March 11, 2026
Además, insistió en que la discusión no puede limitarse a un solo nivel de gobierno. A su juicio, se trata de un debate territorial amplio que involucra a departamentos, municipios y ciudades capitales, lo que refuerza la idea de que la reforma ha escalado a una conversación regional.
Más responsabilidades, ¿pero sin más autonomía?
El corazón del proyecto propone que los municipios asuman más funciones en sectores como salud, agua o educación, mientras los departamentos fortalecerían su rol de articulación regional. La Nación, por su parte, mantendría la capacidad de definir políticas, regular y supervisar.
Ahí aparece la principal tensión. Aunque se habla de descentralización, el nivel central conservaría herramientas clave: la definición de estándares, la asignación de recursos y los mecanismos de control. En la práctica, esto implica que muchas decisiones seguirían dependiendo de Bogotá.
A esto se suma el modelo de “descentralización asimétrica”, que plantea entregar competencias según la capacidad de cada territorio. Aunque la idea busca ser técnica, ha despertado inquietudes: ¿quién define esa capacidad y bajo qué criterios?
Desde distintos sectores territoriales advierten que este enfoque podría terminar condicionando la autonomía local y consolidar un esquema en el que los territorios ejecutan, pero no deciden plenamente.
En el fondo, el debate vuelve a una pregunta de larga data en Colombia: ¿qué tanto poder está dispuesto a ceder el centro? La Ley de Competencias intenta responderla, pero en medio de una creciente presión regional que hoy exige algo más que promesas: reglas claras, recursos suficientes y un verdadero protagonismo territorial.
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