En Colombia pareciera que la memoria dura poco. Ya pocos recuerdan que, durante su alcaldía en Bogotá, Gustavo Petro impulsó la compra de camiones compactadores para enfrentar la crisis de basuras, una decisión que terminó siendo ampliamente cuestionada por sus resultados y costos.
Hoy, como presidente, vuelve a aparecer la palabra “chatarra”. Esta vez, para referirse al avión Hércules de la Fuerza Aérea que sufrió un accidente y dejó al país de luto. Desde el primer momento, el jefe de Estado sugirió que la antigüedad de la aeronave explicaba la tragedia. Sin embargo, desde la misma Fuerza Aérea se recordó algo básico: en aviación, la edad no es el problema; el verdadero factor determinante es el mantenimiento.
Ahí es donde surgen las dudas. Más allá del discurso, hay hechos que inquietan. Se ha advertido sobre bajos niveles de ejecución en recursos destinados a inversión y mantenimiento en el sector defensa durante el último año. Esto no es un detalle menor: de la gestión administrativa depende que los equipos estén en condiciones seguras de operación. Por eso, reducir la tragedia a que el avión era “viejo” resulta, cuando menos, simplista.
A esto se suma otro elemento preocupante. En escenarios de control político se ha mencionado que existían advertencias previas sobre posibles fallas técnicas en esa aeronave. Si esto se confirma, ya no estaríamos ante un simple accidente, sino frente a una situación que exige explicaciones más profundas.
Y aquí es donde el país tiene derecho a preguntar: si el propio presidente considera que el avión era “chatarra”, ¿por qué seguía volando? ¿quién autorizó su operación? ¿qué controles fallaron? No son preguntas políticas; son preguntas ciudadanas.
Porque en un Estado serio, las tragedias no se explican con declaraciones, sino con hechos verificables. Las familias de los militares fallecidos merecen algo más que versiones apresuradas: merecen claridad. Este no es un juicio anticipado; es un llamado a la responsabilidad. Porque cuando se trata de la vida de quienes sirven al país, la gestión pública no puede fallar. Y cuando falla, las consecuencias no son retóricas: son humanas.
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