En la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, la Armada Nacional y la Federación Nacional de Departamentos sellaron la alianza para construir conjuntamente una embarcación de alta velocidad que bautizarán Apóstol 41, que tendrá una tarea específica: la lucha contra el contrabando.
El bote, diseñado para operaciones de interdicción en ríos y mares, podrá superar los 40 nudos de velocidad, lo que equivale aproximadamente a 74 kilómetros por hora en el agua, una capacidad que permitirá reaccionar con rapidez cuando el tiempo sea una condicional para el éxito de una operación.
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Este bote tendrá una capacidad para transportar seis personas y contará con dimensiones que responden a las necesidades del territorio: medirá más de 12 metros de largo y 3casi 4 metros de ancho y tendrá un bajo calado para poder navegar sin problema zonas poco profundas, como ríos o estuarios, donde suelen moverse las redes de contrabando.
La construcción de esta rápida arma estará a cargo de COTECMAR, una entidad estatal que desde hace más de dos décadas lidera el desarrollo de capacidades navales en el país, ubicada en Cartagena, la cual ha construido y mantenido embarcaciones para la Armada y otras instituciones públicas y privadas, consolidándose como uno de los principales referentes de la industria naval en América Latina.
El proyecto también cuenta con el respaldo de SAFE Boats International, una compañía estadounidense especializada en embarcaciones de respuesta rápida, con experiencia en el suministro de equipos para fuerzas militares y agencias de seguridad en distintos países.
El objetivo central de esta nueva unidad es enfrentar en particular el contrabando de productos como el licor, los cigarrillos y los combustibles, un fenómeno que va más allá de su dimensión ilegal, tiene un impacto directo sobre los recursos de los departamentos, que dependen en buena medida de estos tributos para financiar programas sociales, infraestructura y servicios básicos.
Las cifras muestran la magnitud del problema. En Colombia, el contrabando de cigarrillos representa cerca del 30 % del mercado, lo que se traduce en pérdidas anuales de cientos de miles de millones de pesos en impuestos no recaudados. En el caso del licor, las estimaciones indican que entre el 20 % y el 25 % de las bebidas alcohólicas que se comercializan en el país ingresan de manera ilegal, afectando de forma directa a las rentas departamentales. Estos recursos, que deberían financiar salud, educación y deporte, terminan diluyéndose en circuitos ilegales que operan con alta movilidad y capacidad de adaptación.
#AEstaHora nuestra presidente y @gobmeta, @rafaelacortesz, nuestro director ejecutivo @FNDCol, @DidierTaveraA, realizan en la Base Naval “ARC Bolívar” el acto protocolario de inicio de la construcción de la embarcación especializada tipo “Apóstol 41”.
— FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) February 20, 2026
Esta nave estará destinada… pic.twitter.com/DrY0G86HI1
En ese contexto, la nueva embarcación se plantea como una herramienta concreta para cerrar brechas en el control territorial. Su velocidad y maniobrabilidad permitirán detectar y perseguir embarcaciones sospechosas, interceptarlas y ejecutar operaciones de control en puntos donde hoy la presencia institucional es limitada. Pero su alcance no se limita a la lucha contra el contrabando. También está diseñada para apoyar misiones de búsqueda y rescate, una función clave en un país con extensas redes fluviales y zonas costeras donde los accidentes y emergencias requieren respuestas rápidas.
El impacto esperado no es menor. Al mejorar la capacidad de vigilancia y control, la Armada busca reducir la circulación de mercancías ilegales y, con ello, fortalecer las finanzas de los departamentos. La protección de las rentas territoriales es, en este caso, un objetivo estratégico, porque se traduce en mayores recursos para políticas públicas en regiones que enfrentan múltiples desafíos sociales y económicos.
La inversión para este proyecto supera los 9 mil millones de pesos, una cifra que refleja tanto la complejidad tecnológica de la embarcación como la prioridad que se le ha dado a este tipo de operaciones. El tiempo estimado de construcción es de aproximadamente dos años, un periodo en el que se desarrollarán y ensamblarán los componentes necesarios para cumplir con los estándares operativos requeridos.
El inicio de la construcción de esta unidad no es un hecho aislado. Hace parte de una estrategia más amplia que combina cooperación institucional, desarrollo tecnológico y presencia en territorio para enfrentar economías ilegales que evolucionan con rapidez. En este caso, la articulación entre la Armada y la Federación Nacional de Departamentos pone sobre la mesa una preocupación compartida: la necesidad de proteger los ingresos públicos y garantizar que los recursos lleguen a donde deben.
En un país donde los ríos y las costas son, al mismo tiempo, vías de comunicación y escenarios de ilegalidad, contar con herramientas adecuadas marca la diferencia. La Apóstol 41 se inscribe en ese esfuerzo por responder con mayor eficacia a un problema que no solo es de seguridad, sino también de sostenibilidad fiscal para las regiones.
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