En el contexto de la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se adelantará entre el 24 y el 29 de abril de 2026 en Colombia, un grupo de académicos y activistas le propuso al Gobierno abandonar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado en 1966 y del cual forman parte 163 naciones. Ruego que no cometamos ese error.
No es coincidencia, ni una rareza, que una propuesta sobre un tema claramente de política jurídica, judicial y de fomento a la inversión, en particular la extranjera, se haya llevado a un foro sobre transición energética.
Quienes la promueven, según la carta dirigida al presidente, saben que este mecanismo puede juzgar de manera independiente las acciones de los Estados y, cuando estas han sido abusivas, confiscatorias, irrazonables, arbitrarias o han quebrantado la confianza que inspiró la inversión, declarar su responsabilidad y ordenar la indemnización correspondiente. Pero, consideran que, precisamente por eso, no es compatible con los cambios drásticos que proponen para eliminar industrias como la de los minerales y los combustibles fósiles.
Así, entonces, querrían que esas instancias independientes no existieran, para poder imponer su visión sin considerar que otros, que confiaron en las reglas vigentes al momento de invertir, tendrían que asumir el costo: Que mal.
El planteamiento implica, sin mayor esfuerzo, una injusticia intrínseca. No se trata de oponerse a que se adopten medidas para proteger mejor el medio ambiente. Claro que esos cambios pueden y deben darse. Pero no pueden hacerse a costa de quienes legítimamente invirtieron en esas industrias cuando eran consideradas adecuadas. El debate sobre cómo hacerlo, incluso para prohibir ciertas actividades, debe darse dentro del marco de nuestra Constitución, que prevé que, en estos casos, debe indemnizarse a quienes son despojados de una actividad que desarrollaban legalmente.
En esa misma línea, no comulgo con una estrategia que pretende eludir el debate de fondo y forzar el cambio de fuentes energéticas eliminando la posibilidad de control por parte de una justicia internacional. Ese debate debe darse políticamente, en el escenario que corresponde: el Congreso de la República, para que lo que se decida sea ley en Colombia. Es contrario a nuestras convicciones que se opte por el atajo de eliminar una instancia que puede juzgar cómo y cuándo se adoptaron las decisiones, abriendo la puerta a actuaciones que no cumplirían estándares internacionales de justicia.
Tampoco sustenta esta idea el hecho de que Colombia haya perdido recientemente algunos casos ante ese tribunal. Si las cosas se hicieron mal, esa es la consecuencia. Si se hicieron bien pero no nos defendimos adecuadamente, es momento de fortalecer la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Conozco, y el país conoce, la entereza de nuestros jueces. Pensar que si estas decisiones se tomaran únicamente a nivel local los resultados serían distintos o que nuestros tribunales serían más condescendientes con cambios abruptos, sorpresivos o contrarios al derecho, es un error. Eso no ocurriría. Nuestros jueces estarían a la altura y obrarían en la misma dirección.
Además, cometer ese error nos pondría en incumplimiento de un número significativo de tratados internacionales.
Y, los costos, en términos de pérdida de inversión, sí serían graves. Nadie en ninguna parte del mundo invierte en un país que no ofrece condiciones mínimas de estabilidad, transparencia y predictibilidad. En la competencia por atraer capital, tecnología e innovación, enviar ese mensaje sería devastador: esas oportunidades simplemente se irían a otras latitudes.
Del mismo autor:Nadie por encima de la ley
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