Las recientes elecciones legislativas no solo nos dejaron un Congreso fragmentado y un tablero de ajedrez listo para la batalla presidencial; nos restregaron en la cara una realidad vergonzosa: Colombia tiene un sistema electoral obsoleto, lento y peligrosamente permeable a la trampa.
Los resultados del pasado 8 de marzo confirman un triunfo de los partidos de derecha en curules y una izquierda que creció pero no alcanza la mayoría absoluta. La gobernabilidad ya no dependerá de cuántas curules cuente el gobierno en el Capitolio, sino de su capacidad para negociar. Estamos ante un escenario de tensiones donde la política volverá a su estado más puro (o más transaccional): la construcción de mayorías a punta de puentes y acuerdos.
Con el mapa legislativo trazado, el país se lanza de cabeza a la primera vuelta presidencial. Es la dinámica de siempre, pero con un ingrediente amargo: la incertidumbre que genera un sistema que parece diseñado para la sospecha.
Es inaudito que, tiempo después de la jornada, los escrutinios sigan a paso de tortuga. Nuestro Código Electoral data de 1986; es un marco normativo vetusto, una colcha de retazos de reformas parciales que ni los expertos terminan de entender. Esta lentitud es el caldo de cultivo perfecto para que en departamentos como Córdoba y Bolívar surjan denuncias sobre falta de imparcialidad. Cuando el resultado se define entre actas manuales y reclamaciones interminables, la transparencia es la primera que muere.
Si hoy podemos mover millones de pesos con un clic desde el celular, ¿por qué seguimos marcando tarjetones de papel como hace cien años? La tecnología para implementar el voto electrónico existe: sistemas con trazabilidad y rapidez que impedirían el fraude básico del "tachón".
El problema es de fondo: la modernización depende de los mismos legisladores que se han beneficiado de sus zonas grises. Mientras Colombia siga contando votos de forma manual, seguiremos asistiendo al espectáculo de una democracia que se dice moderna, pero que se queda sin gasolina cada vez que los ciudadanos acuden a las urnas. La confianza ciudadana no puede seguir esperando una modernización que los políticos, por conveniencia, se niegan a entregar.
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