Aunque en la lista había cinco candidatos, desde hace tres semanas ya se comentaba en los pasillos de la Universidad Popular del Cesar que Guillermo Andrés Echavarría, abogado egresado de esa misma universidad, ocuparía la rectoría que dejaba Rober Trinidad Romero.
La designación de Echavarría como rector se dio el 9 de marzo de 2026, cuando el Consejo Superior Universitario presidido por Xavier Estrada lo escogió en una sesión récord que duró ocho minutos, sin esperar a que llegaran cuatro de los nueve consejeros que también tenían voz y voto en la elección del rector. Cuando se presentaron los consejeros faltantes, la Universidad Popular del Cesar ya tenía rector para el periodo 2026-2030. Según El Observatorio de la Universidad Colombiana la operación relampago buscaba asegurar la elección antes de que prosperarán recursos legales que frenaran el proceso.
Echavarría llega a la Rectoría luego de haber sido inhabilitado en noviembre de 2025 por el Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar, presidido por Jorge Iván Guerra Fuentes, porque que no contaba con la experiencia profesional necesaria para aspirar a la Rectoría de la Universidad. Al momento de inscribirse a la convocatoria, el abogado solo contaba con nueve semestres como docente, insuficientes para acreditar los cinco años exigidos.
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Sin embargo, tiempo después, el mismo Tribunal respondió el recurso de reposición interpuesto por Echavarría, concluyendo que el abogado sí cumplía los requisitos y le reconoció seis años de experiencia. Para completar su experiencia laboral, Echavarría presentó una certificación de Uparsistem S.A.S., una empresa que ofrece “Formación para el trabajo” y que tiene su objeto en la capacitación técnica y laboral, figura diferente a la de cualquier universidad. Por lo anterior, la postulación del ahora rector sigue siendo aparentemente inválida, pues la experiencia requerida es en instituciones de educación superior.
Adicional a esto, la certificación laboral presentada ha estado rodeada de denuncias que señalan que presuntamente no existen registros de aportes a seguridad social de Echavarría a Uparsistem, lo que de ser cierto indicaría que el vínculo laboral certificado no existió.
De ser falsa la certificación laboral presentada por Echavarría, no solo él quedaría enredado en un grave proceso legal, sino también el Consejo Superior Universitario que lo escogió como rector, en tanto que habrían entregado un cargo público que administra recursos del Estado a alguien que no tenía las competencias para ejercerlo. Según versiones regionales, Echavarría Gil tendría una fuerte cercanía con César Alfredo “Ape” Cuello, un líder conservador del departamento que está investigado por la Corte Suprema de Justicia por la presunta corrupción en el OCAD Paz, la entidad encargada de aprobar la inversión a proyectos relacionados con los Acuerdos de Paz.
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Dentro de los integrantes del Consejo Superior Universitario que designaron a Echavarría se encontraba como designada del presidente la polémica Juliana Guerrero, quien ya suma dos inasistencias a audiencias de imputación de la Fiscalía por el escandalo que se destapó por presuntamente haber presentado títulos falsos para aspirar a su cargo como viceministra de Juventudes.
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