Con la apertura del nuevo ciclo electoral para presidencia y conformación del próximo Congreso, el país entra, como es natural en democracia, en una intensa disputa por las mayorías y por el rumbo del Estado. La competencia política no es el problema; al contrario, es parte de la vitalidad democrática. Lo preocupante aparece cuando, en medio de esa contienda, las reglas del juego dejan de ser claras y las instituciones llamadas a garantizarlas empiezan a verse envueltas en la misma lucha que deberían arbitrar.
Hoy muchos ciudadanos sienten que existe una distancia creciente entre lo que las normas electorales prometen y lo que ocurre en la práctica. En el papel, el sistema electoral busca asegurar igualdad de condiciones, transparencia y justicia. Sin embargo, cuando decisiones claves parecen responder más a cálculos políticos que a criterios técnicos, esa confianza comienza a resquebrajarse. Y cuando se debilita la confianza, no solo se afecta una elección concreta, sino la legitimidad misma de la democracia.
Es cierto que en los últimos años se han abierto mecanismos que amplían la participación, como las consultas y las coaliciones entre fuerzas políticas. Estas herramientas pueden fortalecer la deliberación pública y ordenar la competencia, pero pierden sentido si quedan sujetas a interpretaciones cambiantes o a decisiones poco transparentes. Una autoridad electoral existe justamente para dar garantías, para que ningún actor sienta que el terreno se inclina a favor de otro y para que la ciudadanía crea que su voto cuenta en condiciones justas.
Por eso el debate actual no debería quedarse en quién gana o pierde una elección. Lo que está en juego es algo más profundo: la calidad de nuestra cultura política y la confianza en las instituciones. Importa saber quién puede competir y bajo qué condiciones, cómo se asegura que los ciudadanos puedan votar sin presiones, cómo se vigila la financiación de campañas, cómo se resuelven los conflictos electorales y, sobre todo, cómo se evita que intereses ilegales o redes clientelares terminen influyendo en decisiones que deberían ser imparciales.
Cuando la autoridad encargada de arbitrar pierde credibilidad, toda la estructura democrática se vuelve frágil
Cuando la autoridad encargada de arbitrar pierde credibilidad, toda la estructura democrática se vuelve frágil. Entonces crece el desencanto y se instala la sensación de que participar no vale la pena o, peor aún, de que cualquier medio sirve para ganar. Ambos caminos erosionan la convivencia y alimentan la desconfianza entre ciudadanos e instituciones.
Lo que ocurre en el sistema electoral y específicamente con el Consejo Nacional Electoral no puede verse solo como una disputa coyuntural. Es una señal de que necesitamos revisar y fortalecer las garantías democráticas para evitar que se repita un ciclo de ilegitimidad y confrontación que ya conocemos demasiado bien. Esto implica decisiones más transparentes, reglas estables, controles efectivos sobre quienes toman decisiones y una vigilancia ciudadana activa que recuerde que la democracia no pertenece a los partidos ni a las autoridades, sino a la sociedad en su conjunto.
Elegir gobernantes es importante, pero igual de importante es asegurar que el camino para elegirlos sea confiable. Cuando las reglas funcionan y el árbitro es respetado, la competencia política puede ser dura, pero legítima. Si ese equilibrio se rompe, el conflicto deja de ser una disputa democrática y se convierte en un problema para todos.
Tal vez el desafío de este momento no sea solo escoger a quienes dirigirán el país, sino preguntarnos qué tipo de democracia queremos sostener en el tiempo. Porque cuando el procedimiento pierde credibilidad, la representación se vacía y una democracia sin confianza termina siendo terreno fértil para repetir los errores que decimos querer superar. Pensémoslo.
Anuncios.
Anuncios.
