La crisis del sistema de salud en Colombia dejó de ser una discusión técnica para convertirse en un drama humano. Medicamentos que no llegan, tratamientos interrumpidos, citas aplazadas durante meses y hospitales financieramente asfixiados configuran un escenario que, para miles de familias, se traduce en enfermedad agravada y muertes evitables.
Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, el sistema fue sometido a intervenciones masivas a partir de abril de 2024. La narrativa oficial habló de liquidar EPS inviables. El problema no fue solo el objetivo, sino el cómo: intervenir sin garantizar continuidad clínica, financiera y administrativa en un sistema donde la interrupción del cuidado mata.
¿Muerte asistida por destrucción en el servicio de salud?
Hablar de “muerte asistida” no es una provocación retórica. Describe un escenario en el que el Estado va destruyendo el sistema de salud provocando escasez, desatención, intermitencia en los tratamientos, desarticulación y destrucción de procesos, El gobierno desconoce intencionalmente el riesgo, recibe advertencias internas, científicas y judiciales, y aun así decide persistir en un rumbo que colapsó el sistema existente, el único sistema que había logrado cobertura universal. No se trata de imputaciones penales apresuradas, sino de una responsabilidad que bordea lo penal, la moralidad pública y la ética de gobierno. Cuando el daño es previsible, reiterado y advertido, la omisión deja de ser administrativa y se acerca peligrosamente a lo casi homicida.
Intervenciones sin transición: el error de origen
Entre abril y mayo de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud intervino EPS como Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Emssanar, SOS y Asmet Salud. En ese momento, la entidad estaba bajo la dirección de Luis Carlos Leal, y fue allí cuando se designaron los primeros agentes interventores.
Desde el comienzo, prestadores, asociaciones médicas y analistas advirtieron que varios interventores no acreditaban experiencia suficiente para administrar EPS de alta complejidad, con millones de afiliados y redes extensas de prestadores. Las consecuencias no tardaron: pagos congelados, ruptura de contratos farmacéuticos, desorden operativo y afectaciones directas a pacientes crónicos. En salud, reiniciar procesos equivale a interrumpir tratamientos vitales.
Las denuncias de Leal y que le costó su cabeza por parte de Petro
La salida del Superintendente de Salud Luis Carlos Leal no fue un relevo técnico. Estuvo precedida por denuncias internas y externas que él mismo formuló sobre presuntas prácticas de corrupción y presiones indebidas alrededor del proceso de intervención, incluidos nombramientos y manejo de pagos. En lugar de activar correctivos institucionales, el Gobierno optó por remover al denunciante.
Meses después, el presidente Petro intentó reconstruir el relato, señalando a Laura Sarabia como responsable del desorden en los nombramientos. Sarabia respondió afirmando contar con trazabilidad y pruebas documentales, incluidos chats, y solicitó incluso una declaración juramentada del propio presidente ante la Fiscalía. Este choque interno expuso una crisis de mando en el corazón del Gobierno y tuvo un efecto devastador: mientras el poder se disputaba culpas, el sistema intervenido siguió operando sin correcciones ni transición.
El “shu, shu” y el colapso anunciado
El “shu, shu” con el que el presidente Petro celebró haber barrido a las EPS no fue una frase desafortunada: fue la admisión explícita de una política de choque aplicada sin transición, sin respaldo financiero y con pleno conocimiento del riesgo. El Gobierno secó económicamente el sistema, debilitó la UPC, acumuló deudas impagables con hospitales y lanzó intervenciones improvisadas pese a advertencias internas, científicas y judiciales.
La advertencia científica ignorada
A las alertas internas se sumó una advertencia externa de altísimo nivel. El British Medical Journal publicó un análisis crítico sobre el rumbo de la salud en Colombia. El diagnóstico fue contundente: cambios acelerados sin evidencia científica suficiente, ausencia de planes de transición robustos y riesgo directo para la continuidad de la atención, especialmente en pacientes crónicos y de alto costo.
Enfermedades huérfanas: el rostro más cruel de la crisis, 2000 muertos.
El impacto más grave recae sobre los pacientes con enfermedades huérfanas, cuya supervivencia depende de medicamentos de alto costo y entrega continua. Interrumpir esos tratamientos no es una falla administrativa: agrava deliberadamente la enfermedad. En 2025, según El Tiempo y organizaciones de pacientes, más de 2.000 personas con enfermedades raras murieron, muchas afiliadas a EPS intervenidas. Sin probar causalidad individual, las cifras revelan un patrón alarmante de desabastecimiento, demoras y colapso operativo.
El papel del ministro Jaramillo: prevención sin medicamentos
El papel del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es ineludible. No solo por sus decisiones de política pública, sino también por una actitud reveladora frente a la crisis, como cuando le respondió a un director de hospital en Antioquia, en medio de reclamos por falta de recursos, con la frase “los ricos también lloran”, banalizando una emergencia sanitaria. Su apuesta por la medicina preventiva, financiada con cerca de 4 billones de pesos, presenta fallas graves y ha tensionado los recursos destinados a medicamentos, agravando el desabastecimiento. A ello se suma la expansión de la contratación directa, con mucha opacidad y de espaldas al suministro de medicamentos y el incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional sobre la UPC, debilitando la financiación del sistema logrando que el modelo actual colapse de manera explícitamente.
Para las familias que perdieron a un ser querido esperando un medicamento, una autorización o una cita especializada, la discusión ya no es ideológica. Ni que decir de muchas familias de escasos recursos que tienen que comprar sus propios medicamentos y no poder comer. Esta situación es trágicamente humana.
Y deja una pregunta que Petro y Jaramillo aún no responden: ¿quién habla cuando el Estado, decide generar la muerte asistida por el caos y la ideologización del servicio?
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