En la lejana Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar donde durante décadas han estado las multinacionales como Prodeco de la multinacional Glencore y Drummond explotando carbón. Detrás del carbón el gobierno colocó un batallón del ejército, Batallón Energético y Vial Número 2, que se debería encargar de la protección de la explotación y transporte del carbón. Esta región siempre ha estado amenazada por todas las guerrillas, una de las más activas fue el ELN, el EPL y las Farc.
En la época de mayor cantidad de caos Rodrigo Tovar Pupo ('Jorge 40') realizó presencia y de manera reciente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo). Los distintos grupos ilegales no solo extorsionaron a los ganaderos sino a los ejecutivos de las multinacionales vinculadas a la explotación de carbón. De allí la urgencia de instalar el Batallón Energético y Vial Número 2 para la protección de los pobladores de los municipios vecinos a la zona carbonífera: Becerril, Chiriguaná, Astrea, Chimichagua y El Paso.
El ejército necesitó alimentar a los aproximadamente 1500 soldados que forman parte del batallón. Para los militares se firmó el contrato N0 255 el 14 de junio de 2022 en el municipio, a los integrantes del batallón. El monto consignado fue por un valor de los 100 millones de pesos. La contratación hacía parte de las contrataciones correspondientes al periodo 2020-2023. El presupuesto del ejercito es uno de los más importantes del país, a manera de guía, en 2025 se proyectó una cifra alrededor de 60 billones de pesos para las fuerzas armadas. En los documentos todo parecía en orden.
La inspección de la Fiscalía

Por una denuncia funcionarios de la Fiscalía decidieron hacer una inspección en los documentos. Una situación fue llamativa para los investigadores en las planillas militares que ni siquiera estaban presentes recibían comida, unos estaban de permiso, otros ni siquiera estaban presentes en estas fechas. Lo más extraño fue la aparición de documentos donde se firmó entrega a satisfacción de las raciones de comida de los soldados.
En el contrato no solo aparecían nombres de militares, se encontraron funcionarios de la alcaldía de la Jagua del Ibirico. En aquel momento el alcalde fue Ovelio Jiménez Machado; sin embargo, en relación al contrato N0 255 el 14 los funcionarios que aparecían eran William Díaz Bazza, exsecretario de Gobierno y Carlos Borrego Daza, el exjefe de contratación, y el contratista encargado era Alfonso Rodríguez Quiñonez.
Con el problema encontrado, se suma otro escandaló a Jagua de Ibirico. El lugar tiene una vigilancia especial por haberse presentado varios escándalos. En total los giros por regalías han superado los $ 310.000 millones y varias construcciones resultaron inconclusas o con problemas y las condiciones de la población no son las mejores. Cinco alcaldes terminaron presos y uno fue llamado a rendir juicio. La explotación de carbón no ha beneficiado a la población de 22.300 habitantes, que viven en condiciones difíciles, de necesidad y complicadas.
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