La tarde de este jueves 29 dejó en pausa una de las decisiones económicas más controvertidas del Gobierno de Gustavo Petro. La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica y social con el que el Ejecutivo buscaba recaudar cerca de 12 billones de pesos para atender el déficit del presupuesto nacional. La votación, seis magistrados a favor y dos en contra, frenó temporalmente los efectos de una medida que ya había encendido las alarmas en las regiones y que, aunque hoy está congelada, sigue siendo motivo de preocupación para gobernadores y alcaldes.
El decreto, expedido bajo el argumento de una coyuntura económica excepcional, abría la puerta a impuestos temporales y ajustes tributarios de alto impacto. Entre ellos, el incremento del IVA del 5 % al 19 % para bebidas alcohólicas de alto grado, cigarrillos y tabaco elaborado, además de modificaciones al impuesto al consumo. Para el Gobierno central, estas medidas eran un mecanismo rápido para aumentar el recaudo. Para los departamentos, en cambio, significaban una amenaza directa a una de sus principales fuentes de financiación.
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Los impuestos al licor y al tabaco no son una renta marginal en las finanzas territoriales. De ellos dependen buena parte de los recursos con los que los departamentos sostienen hospitales, programas de salud pública, proyectos educativos y actividades deportivas. Son ingresos que, en muchos casos, permiten cerrar brechas básicas en regiones donde la presencia del Estado ya es frágil. El temor de los gobernadores no estaba puesto solo en el monto del aumento, sino en sus efectos colaterales.
Uno de los riesgos más evidentes es la contracción del consumo legal. El aumento abrupto de precios desestimula la compra de productos gravados, reduce las ventas formales y, en consecuencia, disminuye el recaudo efectivo. Menos ventas legales implican menos ingresos para los departamentos, justo en un momento en el que las demandas sociales crecen y los presupuestos locales están al límite. La paradoja es clara: un impuesto diseñado para recaudar más podría terminar produciendo menos.
A ese escenario se suma un peligro aún mayor y conocido por las autoridades regionales: el contrabando. Colombia tiene una larga historia de comercio ilegal de licores y cigarrillos, especialmente en zonas fronterizas y corredores estratégicos. Cuando los precios de los productos legales suben de forma significativa, el mercado ilegal encuentra un terreno fértil para expandirse. Los productos de contrabando, más baratos, se vuelven atractivos para consumidores golpeados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. El resultado es doblemente nocivo: se desploman las rentas departamentales y se fortalece una economía ilegal que suele estar ligada a redes criminales.
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Los gobernadores han advertido que el contrabando no solo afecta las finanzas públicas. También tiene impactos directos en la salud pública, por la circulación de productos sin controles sanitarios, y en la seguridad, al convertirse en una fuente de financiación para estructuras criminales. Cada botella o cajetilla que entra por canales ilegales representa menos recursos para hospitales y escuelas, y más poder para organizaciones al margen de la ley.
Desde la Federación Nacional de Departamentos, presidida por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, la posición ha sido clara y unificada. Los 32 mandatarios departamentales consideran que el decreto vulnera la autonomía fiscal territorial y profundiza una lógica de recentralización que debilita el modelo descentralizado consagrado en la Constitución. La búsqueda de recursos para el nivel central, sostienen, no puede hacerse trasladando el costo a las regiones ni comprometiendo su capacidad de garantizar servicios esenciales.
La suspensión provisional del decreto por parte de la Corte Constitucional fue recibida como un alivio momentáneo, pero no como un punto final. Mientras el alto tribunal estudia de fondo la constitucionalidad de la emergencia económica, los gobernadores mantienen su estado de alerta. La sola posibilidad de que el decreto vuelva a entrar en vigencia obliga a las administraciones departamentales a preparar escenarios de contingencia y a defender sus rentas ante lo que consideran un riesgo cierto para su sostenibilidad financiera.
En reuniones recientes, los mandatarios han insistido en la necesidad de ser escuchados en el debate constitucional y fiscal. Su preocupación va más allá de una coyuntura puntual: se trata de preservar la capacidad de los departamentos para planear, ejecutar y responder a las necesidades de sus comunidades. La incertidumbre generada por el decreto ya ha tenido efectos políticos y administrativos, al tensionar la relación entre el Gobierno nacional y las regiones.
El fallo provisional de la Corte busca precisamente evitar impactos inmediatos mientras se toma una decisión definitiva. Sin embargo, el episodio deja al descubierto una discusión de fondo sobre cómo se financia el Estado, quién asume los costos de las emergencias económicas y hasta dónde llegan los límites de la autonomía territorial. Aunque el decreto esté hoy suspendido, la preocupación sigue latente. Los gobernadores han indicado que lo que está en juego es el equilibrio de sus territorios y la estabilidad de recursos que sostienen derechos básicos de millones de ciudadanos.
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