Desprecio, indiferencia, displicencia y también irresponsabilidad son términos que podrían describir la actitud del gobierno nacional y del ministro Jaramillo ante el creciente número de víctimas de un sistema de salud moribundo. Con excepción de quienes pueden costearse una prepagada, las cirugías, procedimientos básicos, diálisis, quimioterapias, cuidados paliativos, atención de urgencias y entrega de medicamentos se están deteniendo. Pareciera que las cuentas de la salud se quieren cuadrar matando a los pacientes, disminuyendo el número de quienes demandan servicios.
Es una situación inaceptable. Aunque Gustavo Petro trate de justificarla diciendo que era necesario eliminar la corrupción en el sistema y fortalecer la medicina preventiva, el hecho es que tal propósito no podía materializarse a costa del sufrimiento de decenas de miles de compatriotas y sus familias. Primero la vida, debió ser la condición para la pretendida transformación.
Pero al contrario, prefirieron favorecer la muerte, privar el sistema de los recursos indispensables, ahorcarlo. La Unidad de capitación (UPC), lo que paga el Estado para la salud de cada poblador, fue marchitada con atroz indolencia. Esto mientras los recursos se destinaban al crecimiento de la burocracia, a transferencias y subsidios de carácter electorero, y se permitía campear a la corrupción. El desprecio `por los vulnerables llegó al extremo de que la reforma fiscal dictada al amparo de una emergencia económica controversial, quita a los departamentos buena parte de los recursos que podrían haberse destinado para paliar la emergencia.
Es hora de preguntarse si lo que se está perpetrando en Colombia representa un caso del delito de lesa humanidad conocido como genocidio. Esto por cuanto tal crimen comprende entre otros actos, los dirigidos a eliminar un grupo nacional incluyendo las acciones de matar, causar grave daño o imponer condiciones para destruirlo. En otras palabras, es lo que el gobierno viene haciendo contra la población enferma y particularmente contra los más pobres que no cuentan con medios alternativos para sufragar sus tratamientos.
A la posible comisión del delito de genocidio por parte de los altos funcionarios, se suma la total indiferencia de los organismos investigativos frente a este crimen
A la posible comisión del delito de genocidio por parte de los altos funcionarios, se suma otro elemento. Es la total indiferencia de los organismos investigativos frente a este crimen. Tanto es así que los llamamientos de la Corte Constitucional y la ciudadanía para establecer responsabilidades se han ignorado por la Fiscalía y la Comisión de Acusación, dejando caer la sombra de la impunidad. Esto a pesar de que las regulaciones internacionales exigen el juzgamiento de los perpetradores, incluyendo dirigentes con inmunidad soberana como serían el presidente y sus ministros.
Ante el holocausto continuado está abierto el camino para la intervención de las entidades judiciales extraterritoriales competentes. Es el caso de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ojalá los grupos representativos del sector salud y pacientes como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, la Asociación de Pacientes de la Nueva EPS, y en general las entidades comprometidas con los derechos humanos y de las víctimas, den el paso de documentar con rigor el alcance de esta tragedia humanitaria, la visibilicen ante el mundo y presenten las denuncias correspondientes.
La intervención de los tribunales internacionales para abordar el asunto dará lugar a discusiones jurídicas, pero no por ello puede dejar de convocarse. Frente a la quiebra inducida del sistema de salud, la multiplicación de sufrientes y víctima, la irresponsabilidad gubernamental, la monstruosa denegación de justicia, se impone actuar sin dilación. La violencia liberal-conservadora del siglo pasado, las tropelías paramilitares y los falsos positivos fueron genocidios que no fuimos capaces de detener a tiempo. Ahora los colombianos tenemos la oportunidad y el deber de atajar la continuidad de este nuevo holocausto que avanza ante nuestros ojos.
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