Colombia es un país trabajador, creativo y resiliente. Sin embargo, también es una nación donde la informalidad ha dejado de ser una etapa transitoria para convertirse en una condición estructural de la economía. En ese contexto, resulta profundamente preocupante que desde el Gobierno nacional se presente el crecimiento de la ocupación informal como un indicador de empleo.
No toda ocupación es empleo, ni todo ingreso es desarrollo. Millones de colombianos sobreviven hoy a través del trabajo por cuenta propia, el comercio callejero, los servicios ocasionales y microemprendimientos no formalizados. Estas actividades permiten subsistir, pero no garantizan estabilidad, protección social ni proyección productiva. Contarlas como “empleo creado” puede mejorar las cifras oficiales de corto plazo, pero empobrece el diagnóstico real del mercado laboral y de la economía nacional.
El problema no es la autonomía laboral ni el emprendimiento popular. El problema es la ausencia de un sistema que permita que estas actividades se integren a la formalidad sin ser asfixiadas. Cuando la informalidad se normaliza y se celebra, se debilita la base tributaria del Estado, se reduce la capacidad de inversión pública, se presiona el sistema de salud subsidiado y se consolida una competencia desleal frente a quienes sí cumplen las normas laborales, ambientales y fiscales.
Convertir la informalidad en sinónimo de empleo no solo es un error técnico, sino una renuncia política. Significa aceptar que millones de personas quedarán excluidas de una pensión futura, que la protección social será fragmentaria e insostenible, y que el costo real de la actividad económica seguirá trasladándose al conjunto de la sociedad. Ningún país se ha desarrollado consolidando la informalidad como destino final.
Colombia ya tuvo una hoja de ruta clara. La Ley 1429 de 2010, en sus capítulos de formalización empresarial y laboral, entendió que el tránsito a la formalidad debía ser gradual, acompañado y proporcional: progresividad en obligaciones, alivios iniciales, simplificación de trámites y capacitación. No se trataba de castigar al informal, sino de hacerlo parte del sistema productivo formal, con derechos, pero también con responsabilidades.
La formalización no es solo una discusión laboral. Es responsabilidad social empresarial, cumplimiento tributario, mitigación de impactos ambientales, seguridad jurídica y sostenibilidad económica. Sin formalización, no hay Estado fuerte, no hay sistema pensional viable ni desarrollo territorial equilibrado.
Además, la informalidad tiene efectos sociales silenciosos pero devastadores: baja productividad, precarización del tejido empresarial, dependencia estructural y reproducción de la desigualdad. Un país que confunde sobrevivir con progresar termina normalizando el estancamiento.
Medir bien importa. Gobernar bien exige distinguir entre ocupación y empleo, entre subsistencia y desarrollo. Colombia no necesita estadísticas complacientes; necesita políticas públicas que conviertan el esfuerzo diario de su gente en desarrollo real, sostenible y digno.
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