La sala quedó en silencio. El juez habló. Y pidió algo clave: pruebas. El magistrado del proceso que involucra a Nicolás Maduro y Cilia Flores solicitó a la fiscalía revelar los elementos probatorios del caso. La audiencia cerró sin decisiones de fondo, pero dejó señales claras sobre el rumbo del expediente.
Maduro tomó notas en una libreta. Intentó llevarlas a su celda. Se lo impidieron. Su defensa aseguró que no busca libertad bajo fianza. Apunta a la supuesta ilegalidad de la detención y a posibles afectaciones médicas tras el arresto, incluyendo moretones y lesiones, según lo expuesto ante el juez.
“Soy un hombre decente”, dijo Maduro, quien también se identificó como “el presidente de Venezuela” y afirmó haber sido “secuestrado” en su residencia. Sus abogados sostienen que la detención ocurrió en un “estado soberano” y alegarán inmunidad.
El contexto pesa. Informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU documentan desde 2014 miles de detenciones políticas, denuncias de tortura y cadenas de mando dentro de organismos de seguridad. Transparencia Venezuela ha señalado investigaciones por corrupción en más de 30 países, con cifras multimillonarias aún bajo proceso judicial.
Hay visiones opuestas. La defensa habla de violaciones de derechos. Organismos internacionales describen patrones estructurales. El juez citó a las partes para marzo. Nada está cerrado. Todo sigue bajo escrutinio.
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