La confirmación, mediante evidencias judiciales reveladas en Estados Unidos, de los vínculos del prominente líder político colombiano de derecha, Andrés Pastrana, con la red del pederasta Jeffrey Epstein, ha sacudido la opinión pública. Esta revelación, históricamente sospechada y ahora documentada, expone la naturaleza transnacional de ciertas élites y sus afinidades morales.
De forma casi sincrónica, pero, muy conveniente en tiempos electorales en Colombia, una jueza de la República dictaba medida de aseguramiento intramural contra dos exfuncionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro, en un caso que, independientemente de su mérito jurídico, ha sido leído en clave política por amplios sectores del país.
Esta coincidencia temporal no puede pasar desapercibida ni leerse en clave de mera coincidencia, puesto que demuestra, una vez más, un patrón recurrente en la historia política nacional: cuando figuras clave del espectro del centro y derecha (políticos y/o grandes empresarios) enfrentan escándalos de proporciones éticas monumentales, el aparato judicial doméstico acelera procesos de alto impacto simbólico contra el gobierno alternativo, operando como una poderosa cortina de humo y un mecanismo de equiparación artificial. El mensaje que se envía a una sociedad manipulada mediáticamente es claro: "todos son iguales". Esta operación descansa sobre un pilar, tristemente discutible: la supuesta neutralidad e independencia del poder judicial colombiano.
Es un principio democrático incuestionable que la justicia debe ser autónoma del ejecutivo. No obstante, en Colombia, ha estado amenazada por la presión constante y secular del narcotráfico, el paramilitarismo y las élites económicas y políticas regionales. Durante décadas, estos actores han ejecutado una estrategia de infiltración y cooptación del sistema de justicia, aprovechando las fallas estructurales de un Estado con arquitectura clientelista.
El resultado es que, hoy, en cargos claves de la Fiscalía, las altas cortes y los tribunales, se encuentran funcionarios cuyo criterio ha sido moldeado por la ideología conservadora más rígida o, lo que es más grave, por la influencia del gran capital legal e ilegal. El sistema de "yo te elijo y tú me eliges" (visible en la elección de magistrados por cooptación de las propias cortes) ha creado una cloaca de endogamia y una muralla contra la renovación ideológica y jurisprudencial.
Para transitar hacia una paz estable y una verdadera democracia, es imperativo no solo reformar leyes, sino rediseñar y reedificar el edificio jurídico colombiano. Esto implica desmontar el fetichismo positivista inoculado por la tradición santanderista de la derecha, una visión formalista y estrecha de la ley que ignora su espíritu y su función social.
Este formalismo ha sido el caballo de Troya para que operadores judiciales, algunos incompetentes y otros abiertamente comprometidos con intereses espurios, ejerzan una justicia a la medida. Sus sentencias, apegadas a interpretaciones literales y convenientes, rondan peligrosamente el uso estratégico de procedimientos legales con fines de desgaste político, persecución y anulación de proyectos alternativos.
Este comportamiento es particularmente grave en las altas cortes. La teleología de la Constitución de 1991 es diáfana: Colombia es un Estado Social de Derecho, en el que la dignidad humana, la vida digna y la realización material de los derechos son su eje. Sin embargo, recientes fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado parecen haber inclinado la balanza, de manera sistemática, hacia la protección absoluta de privilegios económicos y la paralización de reformas estructurales. Se interpreta la ley no como herramienta para materializar la justicia social, sino como dique de contención contra cualquier cambio que afecte el statu quo. Se entorpecen, así, las políticas de un gobierno que, con todos sus errores y limitaciones, ha intentado precisamente que el imperio de la ley deje de ser sinónimo del gobierno de una oligarquía.
La privación de libertad de los exfuncionarios petristas, en este contexto, no puede analizarse como un hecho aislado. Es un movimiento dentro de una partida de ajedrez institucional más amplia. Mientras una evidencia judicial en el norte global señala las afinidades aberrantes de uno de los líderes de la derecha colombiana, la maquinaria judicial doméstica se activa para presentar una narrativa de "caída en desgracia" bilateral, con el objetivo de deslegitimar cualquier proyecto político que dispute el poder histórico de las élites, usando para ello las propias herramientas del Estado que lograron capturar.
La verdadera independencia judicial comenzará el día en que un magistrado pueda fallar, con la misma contundencia y celeridad, contra un poderoso económico o político tradicional, que contra un funcionario de un gobierno progresista.
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