Farid Camilo Castaño, alcalde de Calamar, en el Guainía, escapó providencialmente a un ataque atribuido a las disidencias que las Farc que atacaron con cargas explosivas su casa el pasado 14 de octubre. Su madre y su hermano se salvaron, pero no la señora a cargo de los servicios domésticos que sufrió graves fracturas en uno de sus pies por causa de las esquirlas de metralla y su fiel mascota murió sin alcanzar a recibir atención.
Castaño concluyó que la única manera de preservar su gobernabilidad, en medio de amenazas y atentados, sería contar con un respaldo real del gobierno del presidente Gustavo Petro y de las Fuerzas Armadas. Se resistiría hasta donde fuera posible a dejar su municipio y a gobernar en condición de desplazados.
El gobernador de su departamento, Yeison Rojas Martínez, y sus colegas de San José, El Retorno y Miraflores, los otros tres municipios se solidarizaron de inmediato con él, entre otras cosas porque también ellos están en medio de fuego de los grupos armadas que se disputan allí el control territorial.
El jueves 16, al llegar a Bogotá, se enteraron por medios nacionales de que el presidente Gustavo Petro había hecho una poda sostenida en las Fuerzas Armadas y retiró del servicio a 80 generales que representaban el cúmulo de conocimientos, experiencia y formación que representaba el mejor Know How para la institución castrense.
Comprendieron, por si les hacía falta razones para entenderlo, por qué las Fuerzas Armadas lucen debilitadas en los territorios de la llamada otra Colombia y por qué, bajo el modelo impuesto por el gobierno, las tropas son más proclives al diálogo con la población civil -permeada en varias regiones por fuerzas extremistas- que a las operaciones ofensivas que se requieren allí donde los grupos armados, con el lubricante del narcotráfico y otras economías ilegales- buscan copar regiones enteras.
Gobernador y alcaldes pidieron cita con el presidente Petro, pero esta fue delegada en el ministro del Interior, Armando Benedetti, que a su vez subdelegó en uno de sus viceministros.
“El ataque que sufrí contra mi casa recientemente ya se había vaticinado. Hace varios meses, en compañía del gobernador y de mis compañeros alcaldes, habíamos denunciado que éramos objeto de amenazas y extorsiones”. Recuerda el mandatario municipal de Calamar.
Contó que los comerciantes, los ganaderos y los campesinos soportan también esas extorsiones y que, sin la presencia eficaz de las Fuerzas Militares y de Policía, se ven obligados a “comparecer” ante los jefes de distintos grupos que les exigen cuotas económicas a riego de sus vidas y de las de sus familias.
Willy Alejandro Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, le dijo a Las2Orillas que con frecuencia su comunidad, inerme, debe llorar homicidios y masacres “Esta es una denuncia que trasciende a la opinión y llega hasta el gobierno, ante el cual estamos elevando nuestra protesta y exigiendo la presencia de la fuerza pública como necesidad perentoria”, insistió.
Para él, si el gobierno insiste en que la solución está en los diálogos de paz, las administraciones regionales ponen a disposición sus territorios para realizarlos a cambio de recuperar la tranquilidad y la institucionalidad, gravemente amenazada.
Los grupos de disidencias tienen hoy el poder sobre los corredores viales y ese hecho, coinciden los cuatro alcaldes y el gobernador, es el que genera mayor presión sobre la comunidad. “Por eso hemos reiterado que la población sea excluida del conflicto”, dijo Rodríguez.
A sus voces se suma la de Edwin Díaz, alcalde de Miraflores, quien denuncia que los reclutamientos forzados de menores y los desplazamientos están alcanzando cifras históricas.
“Por supuesto que nuestros líderes sociales y la comunidad en general han venido expresando su preocupación y esto ha ocasionado incluso que la población haya dejado sus actividades y haya decidido desplazarse, retirarse del municipio”, dice
“En el departamento del Guaviare, y en particular en Miraflores, no se puede hablar de un ejercicio real constitucional como alcaldes. No hay allí un Estado Social de Derecho. Nuestros planes de desarrollo están frenados”, concluye.
Johny Casanova, alcalde de El Retorno, se duele de que las comunidades crean su gobernador y sus alcaldes no están haciendo nada; cuando en verdad se encuentran atados de manos.
“El Ministerio de Interior nos anunció una inversión importante que se va a hacer en temas de seguridad. Necesitamos Aumento en el pie de fuerza, acción eficaz de la Unidad Nacional de Protección y que la institucionalidad vuelva a tener credibilidad. Que nuestros ganaderos, nuestros comerciantes, nuestra juventud vuelvan a creer en nosotros. En eso estamos comprometidos el gobernador y los cuatro alcaldes”, explica Casanova.
Las disidencias en su avanzada están comenzando a acumular un mayor poder que en su momento tuvieron las Farc.
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