El nombre de Carlos Andrés Oyola Tovar solo ha tenido interés para los medios por su condición de agente de la Dirección Nacional de Inteligencia que habría sido utilizado por el gobierno de Gustavo Petro en un fallido intento por franquear los sistemas los de la Registraduría Nacional del Estado Civil y alterar los resultados de la elección presidencial.
Las investigaciones se concentran en los manejos y contactos que habría utilizado para meterse en los círculos de la organización electoral y a la lista de sospechosos se agregan inclusos los nombres de exmagistrados de la cuerda petrista que hicieron parte del Consejo Nacional Electoral.
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Sin embargo, poco se ha reparado en un hecho que no es menor: la vulneración, por parte del hacker de los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la más grande del país en términos de números de estudiantes matriculados que alcanza los 339.000 alumnos, de acuerdo con un reciente informe del diario La República.
La institución educativa reconoció en un comunicado, expedido a raíz de la detención de Oyola mientras seguía siendo operador de inteligencia, que él y otras siete personas vinculadas a su red modificaron los registros financieros y de calificaciones para beneficiar a un grupo de estudiantes entre los años 2017 y 2023. El propio hacker registró a su nombre pagos inexistentes por $35 millones e intentó obtener, por esa misma vía fraudulenta, un título de posgrado.
La acreditación académica falseada por el hacker le permitió acceder a varios cargos públicos en el Congreso y en la presidencia, hasta que, según la UNAD, su sistema de ciberseguridad detectó los ataques sistemáticos.

No es la primera vez que el campo virtual de la UNAD se ve expuesta a este tipo de ataques, pero la respuesta institucional a ellas si ha sido distintas y ha estado marcada de contrastes y sesgos de injusticia.
Los estudiantes fantasmas
Hace 12 años, la profesora María Dora Alba Sánchez Gómez se atrevió a decir en televisión lo que muchos sabían en voz baja en la UNAD: que había estudiantes que reprobaban una y otra vez y seguían apareciendo en nómina. Presentó pruebas de los registros de calificaciones, pero no encontró eco ni entre las directivas de la entidad ni entre las autoridades competentes.
Por el contrario, el alto gobierno de la institución ordenó una investigación en su contra y la docente fue destituida e inhabilitada por 12 años para el ejercicio de funciones públicos, como producto de una investigación relámpago y sin la observancia de garantías procesales por parte de la Oficina de Control Interno y el aval posterior de la Procuraduría.
En ese momento el rector Jaime Alberto Afanador calificó las denuncias como un “ataque sindical” y las relacionó el proceso de elección en el que estaba en juego su cargo. Defendió la confiabilidad de los sistemas de la UNAD y los consideró infranqueables.
Hoy, doce años después, la Fiscalía está judicializando a un funcionario de la UNAD, señalado como hacker, por presuntamente alterar registros de notas entre 2017 y 2023 para que estudiantes que tenían la calificación 0.0 terminaran apareciendo con 3.8 y 5.0. Es decir, por hacer exactamente lo que en 2014 el rector decía que era imposible hacer.
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Los archivos todavía guardan trazabilidad sobre el caso que entonces fue conocido como el de “los estudiantes fantasmas” (Ver documentos facsímiles). El 10 de abril de 2014, a las 3 de la tarde, el sistema de registro académico de la UNAD generó cuatro reportes. Los cuatro correspondían a la facultad de Psicología, de cuatro centros distintos y los cuatro cuentan la misma historia.
Uno, de La Guajira. El promedio histórico del estudiante era de 0.7. Solo 10 créditos aprobados en tres años. Periodos completos en 0. Y abajo, en cada periodo, la misma línea: beneficiario de convenio Cooperación Interinstitucional 0001. Y aun así, matriculada en 2014.
Otro, de Valledupar. Nueve años en la universidad, desde 2005. Llegó a 98 créditos, pero después de 2009 se desplomó. Periodos en 0. Y seguía matriculado en 2014.
Otro, de Vélez, Santander. Seis semestres buenos, con promedios de 3.5 a 3.9. Más de 100 créditos aprobados. Y luego, en 2013, dos periodos seguidos en 0, sin aprobar nada. También continuaba matriculado en 2014
Otro más, de Facatativá. Ocho años, desde 2006. Más de 140 créditos aprobados. Luego, tres periodos seguidos en 0. Es decir, tres semestres sin aprobar un solo crédito, pese a lo cual seguía matriculada en 2014, año en que se conoció la denuncia.
No era casos aislados, pese a las distancias geográficas entre ellos. Eran cuatro centros. Era un patrón. Era el sistema manteniendo en nómina a gente que no avanzaba y que también apareció más tarde aprobando créditos con niveles de excelencia del que daba constancia un sistema vulnerado.

“En 2014, la Universidad decía que el sistema era infranqueable. Que nadie podía tocar una nota. En 2026, la Fiscalía encuentra que sí se podía”, dice uno de los investigadores del CTI asignados al caso.
Las evidencias muestran que entre 2017 y 2023, un funcionario con acceso al sistema habría cambiado notas de 0.0 a notas de aprobación para que 19 estudiantes pudieran graduarse sin cumplir los requisitos.
Se trata de dos momentos distintos. En 2014, se denunciaba la permanencia de estudiantes en nómina sin avances. En el lapso 2017-2023, lo que se investiga es alteración de notas para la obtención de grados. No son conductas idénticas, pero hacen parte de la misma cadena.
Primero, un sistema que no depura, que mantiene en nómina a quien reprueba todo. Después, un sistema que, según la Fiscalía, permite que a ese mismo tipo de estudiante le cambien las notas desde adentro.
Si el sistema era infranqueable, como lo afirmaba la Universidad en 2014, ¿cómo explica la Fiscalía que hoy esté judicializando a alguien por haberlo penetrado? Hoy solo queda la historia de una profesora que pagó con su puesto haber dicho en 2014 lo que hoy la Fiscalía está investigando como delito.
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