En abril de 2023, Las2Orillas reveló que, a menos de ocho meses de concluir su administración como alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle tenía el sol a la espalda y enfrentaba cuestionamientos serios, como el de haber convertido la contratación pública en una cadena de “franquicias”.
Algunas de las más importantes entidades públicas estaban siendo convertidas en una suerte de concesiones de modelo opaco en las que los servicios que deberían estar a cargo de funcionarios eran prestados por particulares a expensas de multimillonarios contratos interadministrativos que no se regían por la ley, sino por el derecho privado y terminaban convertidos en fuente de desangre de recursos públicos.
Por esos días entra en escena el nombre de Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde, como posible cerebro de la operación.
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Los antecedentes de la historia se remontaban a 2021, cuando despegaba la campaña para la elección de senadores y representantes. La veeduría ciudadana Todos Por Medellín comprobó que en la página del Instituto de Recreación y Deportes de la ciudad había un aplicativo denominado sugestivamente "Dímelo". Contenía un formulario que invitaba al visitante a registrar no solo sus datos personales, sino incluso el puesto y la mesa donde votaría en las elecciones de marzo de 2022.
A través de su "”línea de confianza ciudadana”, la veeduría acababa de recibir una denuncia según la cual esa plataforma estaba habilitada para que los contratistas del Instituto que quisieran mantener o celebrar nuevos negocios con la entidad tendrían la obligación de inscribirse allí, de manera que su voto fuera verificable.
Cada interesado en contratar debía conseguir cincuenta personas que a su vez pudieran llevar veinte más cada una y convertir los votos en una inversión. El aplicativo permitiría verificar si realmente marcaron los tarjetones como se comprometerían a hacerlo.
¿Quién estaba detrás de esa exigencia? Entre los sospechosos aparecía el nombre de Jhony Armando Jaramillo Montoya, excandidato a la Cámara y socio principal de la empresa C.I. Golden Platino Colombia S.A.S. Fiscales especializados buscaban encontrar la nuez de una denuncia según la cual Jaramillo, uno de los financiadores de la campaña del alcalde Quintero, era el dueño de la franquicia en la que se había convertido el Inder y el regente en la sombra de todas las decisiones administrativas y financieras.

Hoy, un lustro después -como se verá más adelante- Jaramillo está siendo investigado por lavado de activos y su firma aparece vinculada en Italia a operaciones subrepticias de compra de oro al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
De acuerdo con las denuncias que circularon durante las elecciones regionales de 2022, Jaramillo promovía la elección de la fórmula integrada por León Fredy Muñoz, al Senado, y Juan Camilo Londoño Barrera a la Cámara, por el Partido Alianza Verde.
Antes de llegar al Congreso, Londoño, exjugador profesional de baloncesto, fungía como asesor del Inder, y según declaraciones judiciales, desde allí le reportaba a Jaramillo todos los movimientos contractuales. El grueso de los negocios se hacía a través de Metroparques.
Un estudio de la veeduría mostraba que el 50 por ciento del presupuesto anual del Inder se iba en contratos con Metroparques, entidad que bajo la figura jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado no estaba sujeta a las reglas señaladas por el Estatuto de Contratación Pública.
Diana Toro Zuleta, entrenadora de baloncesto y directora del Inder cuando se produjo la toma política, les contaba a sus amigos que en una ocasión se vio obligada a hablarle fuerte a Jaramillo porque pretendía obligarla a firmar “cosas raras”. Se trataba en realidad de doce contratos interadministrativos precisamente con Metroparques.
La Fiscalía decidió investigar de oficio una denuncia hecha por el medio virtual IFM Noticias que trazó una línea de tiempo para demostrar que la empresa Golden Platino Colombia S.A.S. comenzó a dar réditos financieros a partir de los contratos concentrados entre el Instituto y Metroparques. Antes de eso Golden, en la que Jaramillo es socio con otro jugador profesional de baloncesto, Hemel Jimy Mosquera Capurro, estuvo a punto de caer en causal de liquidación y su situación fue seguida de cerca por la Superintendencia de Sociedades. Sus socios han insistido desde entonces en que los recursos provienen exclusivamente de la comercialización internacional de oro.
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Tres años después, lo que en 2023 eran denuncias originadas en una veeduría se transformaron en testimonios bajo juramento.
El 2 de febrero de 2024, Diana Paola Toro Zuleta, la misma directora del Inder que en 2023 decía que había tenido que hablarle fuerte a Jaramillo, se sentó ante un fiscal durante una hora y 46 minutos minutos.
Según lo revelado por Noticias Caracol en octubre de 2026, Toro dijo que Jaramillo operaba desde una oficina en el décimo piso del edificio Ofix, en Medellín, donde funcionaba una comercializadora de oro vinculada a él y que ahí llegaban operadores y representantes de ligas a gestionar asuntos del Inder.
Confirmó que Jaramillo actuaba como intermediario en las negociaciones con los operadores que buscaban contratar con el Inder.
Y aseveró algo mucho más grave y era que Jaramillo afirmaba haber aportado $1.000 millones a la campaña de Daniel Quintero y que, a cambio, habría solicitado el control de la Secretaría de Educación o del Inder si el candidato ganaba. Ese testimonio es una de las piezas que el actual alcalde de la ciudad, Fico Gutiérrez, dice haber entregado al FBI.
Toro reprodujo prácticamente lo publicado por Las2Orillas en 2023: los negocios se hacían entre Jaramillo y Miguel Quintero, porque Jaramillo tenía el Inder y Miguel Quintero tenía Metroparques, adjudicatario de los contratos interadministrativos.
Además, lla línea de tiempo que en 2023 trazó IFM Noticias es hoy la base de la investigación por presunto lavado.
La hipótesis que hoy investiga la Fiscalía, según El Espectador, es que recursos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública habrían ingresado a operaciones de comercialización de metales preciosos para darles apariencia de legalidad y que parte de esos recursos habría salido hacia el exterior.
El periódico reveló el 8 de noviembre de 2026 que Jaramillo exportaba oro a una compañía italiana vinculada con Nicolás Maduro y que esa exportación es parte de un pleito que la DIAN le abrió desde 2017 por el origen del oro.
Daniel Quintero no está formalmente imputado en la diligencia de Golden Platino. En el organigrama que la Fiscalía mostró en audiencia su nombre aparece con signo de interrogación. Por ahora, el rumbo de las pesquisas está señalado por el testimonio de la exdirectora del Inder.
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