La Policía Nacional capturó en Barranquilla, el lunes 19 de octubre, a Everth Julio Hawkins Sjogreen, que fue gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre 2020 y 2023. La orden judicial la había pedido una fiscal del Gaula adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Hawkins es abogado, y un raizal de 50 años. Cuando un juez de control de garantías legalice la captura, la Fiscalía le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo, que juntos pueden significar una pena de más de 30 años de cárcel.
La hipótesis de la Fiscalía es que el exgobernador se contactó con integrantes de la banda conocida como Las Salsas Mexicanas para intimidar a dos contratistas de la Gobernación. A los dos les habrían exigido en total 3.000 millones de pesos a cambio de dejarlos seguir con sus negocios en la isla y de no atentar contra ellos ni contra sus familias. En uno de los casos, la presión habría incluido la retención de una familiar para forzar el pago. Hawkins no ha sido condenado por estos hechos. En la información pública de las primeras horas no aparece una versión de su defensa, ni se detalla cómo está organizada Las Salsas Mexicanas, más allá de que la Fiscalía la describe como un grupo delincuencial.
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La captura ocurrió en días de mucha tensión política en el archipiélago. El sábado 17 de octubre el presidente Abelardo de La Espriella visitó la isla y reprochó en público a la gobernadora Girley Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz por el manejo del hospital departamental y de la contratación. Ese lunes, la Fiscalía informó que Hawkins tiene 33 noticias criminales activas por corrupción en la isla, no es el único, también se ha investigado a los últimos cinco gobernadores.
Hawkins llegó a la Gobernación en las elecciones de octubre de 2019. Ganó con 13.996 votos, por el Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago, Mappa, que nació de una recolección de más de 21 mil firmas, cerca de la mitad del censo electoral, y con el respaldo de una coalición de Cambio Radical y otras fuerzas. Cambio Radical coavaló esa candidatura de firmas.
En las islas, el partido tenía como cabeza al representante Jorge Méndez, aliado de los Char, quien había pactado con Hawkins en las legislativas de 2018 un intercambio: Hawkins apoyaba su aspiración a la Cámara y Méndez lo llevaría a la Gobernación en 2019. En efecto, Hawkins fue elegido con el impulso de Méndez. En Cambio Radical militaba el entonces senador Rodrigo Lara Restrepo, que lo fue entre 2018 y 2022, luego dejó el cargo para ser candidato a la Alcaldía de Bogotá por recolección de firmas en 2023, pero no logró llegar al cargo y en junio de este 2026 fue designado por De la Espriella como ministro del Interior. Las fotos de aquella campaña de 2019 ubican a Lara en la Isla junto a Hawkins.
Los problemas judiciales para Hawkins llegaron pronto. En 2020, en plena pandemia, la Fiscalía lo imputó por un contrato de 500 millones de pesos con la empresa Noel Foto SAS, para diseño, impresión y difusión de piezas publicitarias. Según el ente acusador, Hawkins abrió un proceso para recibir cotizaciones, declaró pocos días después la urgencia manifiesta y firmó el contrato de forma directa, con un contratista cuyo representante legal, según la Fiscalía, habría trabajado en su campaña.
La Fiscalía sostiene que la estrategia buscaba mejorar la imagen del gobernador y de sus funcionarios, y no atender necesidades sanitarias. Y la Procuraduría señaló que servicios de ese tipo debían prestarlos gratis los medios de la isla. Los delitos imputados fueron: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención domiciliaria en 2020 y lo dejó en libertad el 22 de abril de 2021, con el proceso todavía abierto. En febrero de 2024 la Procuraduría lo sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad por 13 años, una decisión disciplinaria que no es una condena penal. En lo penal, Hawkins no ha sido condenado ni absuelto.
Para defenderse de las acusaciones por corrupción el entonces gobernador contrató a De La Espriella Lawyers, la firma que fundó Abelardo de la Espriella, hoy presidente de la República, y que defendió a Hawkins por algún tiempo.
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A Hawkins le quedan pendientes otros procesos. El proyecto de mejoramiento del islote Haynes Cay, de 11.125 millones de pesos, la Fiscalía sostiene que debió hacerse por licitación pública y no por contratación directa, y calcula un detrimento de 4.330 millones. Dice además que las obras empezaron el 20 de abril de 2023 sin licencia ambiental de Coralina (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) ni autorización de la Dimar (Dirección General Marítima). La semana pasada radicó el escrito de acusación por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La Procuraduría, por su parte, le formuló pliego de cargos por un contrato de vías rurales de más de 31.700 millones de pesos con recursos de regalías, y lo investiga por otro contrato con Aremca (Asociación Regional de Municipios del Caribe), de más de 8.500 millones, para ambientes escolares. Ninguno de esos casos tiene fallo definitivo.
Desde 2016, diez personas han ocupado la Gobernación de San Andrés, pero solo cuatro fueron elegidas en las urnas: Ronald Housni Jaller, Everth Hawkins Sjogreen, Nicolás Gallardo Vásquez y Girley Ordóñez Bowie, los demás han sido encargos por suspensiones de los que llegaron por votos al cargo.
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