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El gobierno de Abelardo De la Espriella desde su posesión, ha determinado proceder contra todo los derechos en general de la población, como sucede en materia de reforma agraria, transición energética, inversión social en educación y salud la más alta toda la historia de Colombia por primera vez por encima de los gastos en defensa, matrícula cero comunidades energéticas, derechos de diversidades sexuales, mujeres, jóvenes niñez, afros, campesinos e indígenas.
Viene derogando medidas de consultas previas en proyectos mineros, insiste en el perverso fracking, viene desmontando las APPA(Áreas de protección para la producción de aliimentos), modifica las garantías de la protesta social dándole poderes a la policía que son de la autoridad civil, presenta un proyecto de estatuto antiterrorista, desfinancia al Sena, a la JEP, reduce los contratista del estado a un solo 25% generando desempleo, etcétera, etcétera.
Y quiero detenerme en el desmonte de los derechos en materia laboral, sindical y salarial.
Lo primero que hizo la ministra de trabajo fue derogar de un sólo plumazo, sin diálogo alguno, mediante una resolución, la 2708 de septiembre de este año, 11 circulares expedidas por el gobierno anterior sobre pautas sobre jornada máxima, trabajo doméstico y descanso (Circular 0101 de 2025), estabilidad laboral reforzada (Circular 0120 de 2025), equidad de género (Circular 0031 de 2026), libertad sindical (Circular 0032 de 2026), trabajo suplementario en vigilancia (Circular 0040 de 2026), y orientaciones generales (Circular 0048 de 2026), además de lineamientos complementarios de inspección.
Con ello, eliminó un compendio normativo que servía de guía para los trabajadores/as y los inspectores del trabajo para reclamar y definir solicitudes alrededor de los derechos laborales y sindicales.
El Consejo de Estado suspendió el decreto 234 de 2026 sobre negociación colectiva multinivel para los trabajadores privados y oficiales, a solicitud de demandas empresariales.
Y ahora la ministra Natalia López, pone el consulta pública para observaciones, con el propósito de derogarlos o modificarlos sustantivamente para convertirlo en inútiles, 8 decretos expedidos por el gobierno del cambio de Gustavo Petro, que reglamentan derechos individuales y colectivos de capital importancia para lograr hacer uso de los derechos de la reforma laboral ley 2466 de 2024, la disminución de la jornada laboral a 42 horas de la ley 2101 del 2021, así como aspectos significativos del derecho de asociación.
Esos 8 decretos son:
Un proyecto plantea derogar el Decreto 581, que regula la tercerización laboral ilegal; otro también prevé derogar el Decreto 992 de 2026 sobre pactos colectivos, acuerdos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados; el proyecto sobre el Decreto 720 prácticamente elimina las facultades preventivas de los inspectores laborales; el ajuste al Decreto 991 modifica la base sobre la cual los repartidores de plataformas digitales deberán hacer sus aportes a la seguridad social pretendiendo ponerla por debajo del salario minimo; el proyecto referido al decreto 1040 modifica medidas de prevención y atención a víctimas de acoso laboral, violencia y discriminación, la propuesta elimina presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio del Trabajo, solo pueden ser creadas mediante una ley; decreto modifica torio de las multas por despido de víctimas de acoso sexual; la modificación al decreto 993 plantea que las inspecciones sobre trabajo doméstico puedan realizarse sin ingresar a las viviendas; otro proyecto revisa el decreto 660 sobre periodistas y comunicadores para ajustarlo a la Ley 2466 de 2025, considerando falsamente que el Ejecutivo se extralimitó en su facultad reglamentaria.
Adicionalmente la ministra de trabajo ha anunciado que presentará un proyecto de estatuto del trabajo que prepara con la Corte Suprema de Justicia, que de mantenerse en lo ya conocido, seguro será una contrarreforma laboral a la del gobierno Petro.
Así mismo, el Centro Democrático prepara una contrarreforma pensional a ley 2381 de 2024, que prevé sea respaldada por el gobierno de Abelardo, quien ya solicitó se aplique en abril del 2028, la cual persigue imponer de nuevo la libre elección en la afiliación a los fondos privados, con lo cual nos regresan a la ley 100 de 1993, que no pensionan y causa déficit fiscal.
Y por si fuera poco esta interminable lista de desmonte de derechos, persigue que la decisión del salario mínimo vital establecido por el gobierno Petro, a más de buscar un soporte jurídico en las demandas del empresariado al Consejo de Estado, volver al precario sistema neoliberal y patronal de sólo tener en cuenta la inflación causada y la productividad. Recordemos que el salario mínimo vital está ordenado en el convenio 131 de 1970 de la OIT y en el artículo 53 de nuestra Constitución de 1991, que quedó reflejado en el estudio de la OIT sobre el desfase de un 50% en nuestro precario salario mínimo.
Es definitivamente un gobierno antiderechos y para lo cual ya se realizó la extraordinaria y masiva movilización del 14 de octubre, a pesar de la intimidación del gobierno y ahora se prepara para el mes de noviembre un paro nacional para defender los derechos.
A parar para avanzar, viva el paro nacional, se agitaba en la movilización del 14 de octubre.
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