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Una de las principales contradicciones de la reconstrucción en Pereira radica en que las necesidades de los damnificados son materiales e inmediatas, mientras que buena parte de la respuesta institucional ha sido simbólica y deliberativa. A pesar de que se requieren viviendas, empleos, auxilios efectivos para los empresarios y recuperación urbana, proliferan los foros, los encuentros y los diagnósticos. La conversación sobre la reconstrucción corre el riesgo de ocupar el lugar de la reconstrucción misma.
Nadie niega la importancia de los espacios de discusión, pero, de un tiempo para acá, estos se han vuelto un objetivo en sí mismos y no un medio para llegar a conclusiones que permitan la toma de decisiones que deriven en acciones inmediatas y efectivas. No hay sentimiento de urgencia. La procrastinación institucional deriva en un sinnúmero de foros con expertos, lluvias de ideas, discursos grandilocuentes y un sinnúmero de fotos en Instagram cuya intención parece ser el posicionamiento individual en lugar de la atención a los damnificados por la tragedia.
Mientras tanto, la vida fuera de los auditorios sigue igual. A más de dos meses del terremoto, las ruinas comenzaron a integrarse en el paisaje. Por toda la ciudad hay edificaciones al borde del colapso y solo una cinta amarilla intenta disuadir al peatón. No obstante, es común ver automóviles estacionados cerca de estructuras al borde del colapso. Incluso es práctica habitual que las personas, confiadas, alcen la cinta y continúen su trayecto, exponiendo sus vidas.
Por si fuera poco, las lluvias no han cesado. Estas aumentan el riesgo de colapso, toda vez que incrementan el peso de los materiales, afectan muros agrietados y reblandecen los suelos. Una casa reparable, expuesta a las lluvias durante semanas, puede sufrir daños en las vigas y en los techos, así como deterioro de sus instalaciones eléctricas, entre otras afectaciones.
Por otro lado, muchas familias permanecen hacinadas en la casa de algún vecino o familiar; otras no tienen a dónde ir o, en medio de una especulación inmobiliaria que nadie controla, han tenido que mudarse a una vivienda más pequeña o alejarse de los lugares que les eran cotidianos. Estas estrecheces o incomodidades no suelen formar parte de la discusión pública y pueden volverse agobiantes cuando en el hogar hay niños o ancianos.
Los casos más dramáticos, fuera de quienes todo lo perdieron, son los de aquellos ciudadanos que, impotentes, se enteran de que sus casas fueron saqueadas u ocupadas por personas en situación de calle.
A los empresarios, por su parte, pese a todos los discursos del gobierno nacional, no les ha llegado un peso, ni auxilios para el pago de las nóminas ni algún alivio en los servicios públicos. Lo mismo ocurre con quienes perdieron sus empleos o vieron menguados sus ingresos. Cada noche que pasa, se acuestan mortificados, sin saber de dónde van a sacar la plata para el otro día.
Lo que debió haber sido una suerte de acuartelamiento de las principales instituciones de la ciudad y en especial de la Presidencia de la República, la gobernación de Risaralda y la alcaldía municipal, toda vez que tras el terremoto del 10 de agosto Pereira quedó destruida, como si de un bombardeo se tratara, se ha convertido en una secuencia de anuncios que no se materializan por parte del gobierno nacional y de silencios por parte de autoridades locales y regionales.
Mientras las instituciones disponen de meses para programar reuniones, diagnósticos y conversatorios, los damnificados enfrentan la reconstrucción en tiempo real. La lluvia no espera los estudios técnicos, las cuentas no esperan los comités y la pérdida de ingresos no espera los cronogramas administrativos. Por ello, corresponde a la ciudadanía reclamar un mayor sentido de urgencia en la ejecución de los recursos y en la atención a las comunidades afectadas. La reconstrucción no puede medirse por el número de foros realizados, sino por la capacidad de restituir condiciones dignas de vida a quienes aún habitan las consecuencias cotidianas del terremoto.
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