Un año y cuatro meses después del atentado que le cambió dramáticamente el tono y el perfil a la campaña presidencial de 2026, el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay vuelve al centro del debate judicial con dos revelaciones que su viuda, María Claudia Tarazona, le acaba de entregar a la fiscalía general de la Nación.
El aditivo de esas revelaciones hace parte de averiguaciones propias de una mujer aguerrida que anuncia que no descansará hasta conocer los nombres de los determinadores del magnicidio de su esposo.
Lo acopiado por ella no se ha convertido hasta hoy en una línea formal de investigación. Tampoco se trata de una teoría nueva sobre los sicarios del barrio Modelia, sino de lo que habría pasado meses antes, lejos de Bogotá, y de quiénes habrían ordenado y financiado el crimen.
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La primera revelación se remonta a abril de 2025. La señora Tarazona cuenta que recibió en su teléfono un mensaje de voz y un chat de WhatsApp enviado desde el departamento del Caquetá. No era un anónimo. Según su relato, provenía de una persona con acceso directo a una disidencia y que le pedía extremar las medidas de seguridad de su esposo y de la senadora Paloma Valencia.
El texto, que Tarazona leyó completo n medios nacionales de comunicación, decía que un exjefe de las Farc conocido como Marcos Calarcá estaba organizando a ocho hombres de una estructura llamada “Comandos” para cometer el atentado. No está claro si esa alusión tiene que ver con los llamados comandos de la frontera, denominación que sí hace parte de las hipótesis de la investigación.
La frase clave, que Tarazona repite con insistencia, señalaba que la orden habría salido del Senado y que su fuente era una persona muy fiel y cercana a ese grupo. Tras el ataque del 7 de junio de 2025 en Modelia, esa misma fuente le habría escrito reclamando por el esquema de protección.
Tarazona identifica a Marcos Calarcá como Luis Alberto Albán, quien fue representante a la Cámara por el partido Comunes tras la firma del Acuerdo de Paz. La viuda del senador sostiene que no guardó esa información. Dice que la entregó oportunamente a la Fiscalía con fotografías y nombres propios, de manera que esa información fuera integrada a la cadena de custodia de la prueba.
Lo hizo, de acuerdo con su testimonio, precisamente a manera de alerta temprana. Su molestia, que expresó durante un tenso encuentro sostenido con la fiscal general, Luz Adriana Camarga, obedece a que más de un año después no existe, según ella, una imputación ni una línea de investigación abierta sobre esa pista. Para reforzar su credibilidad, Tarazona subraya que todo el material entregado tiene rostro y nombre, que no hay anonimato en la cadena. Recalca que está cerrado el espacio a las especulaciones.
¿Desde Venezuela o desde Ecuador?
La segunda revelación apunta a la estructura que hoy controla la frontera sur del país. Tarazona aseguró que la Fiscalía entrevistó, antes de extraditarlos a Estados Unidos, a dos jefes de los Comandos de la Frontera para indagar sobre la coordinación, planeación y financiación del magnicidio.
Los extraditados son Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como jefe máximo de esa organización, y otro hombre conocido como alias Águila, a quien describe como persona cercana a Zarco Aldinever, identificado a su vez como hombre de confianza de Iván Márquez. Según Tarazona, a ambos se les preguntó por los mismos hechos y ahora espera conocer qué respondieron.
Los comandos de la Frontera tienen fuertes contactos en Ecuador y por eso desde el comienzo de la investigación ha gravitado una hipótesis según la cual la orden impartida a los sicarios provino de ese país. Ahora esa versión entra en pugilato con otra que afirma que fue desde Venezuela.
De hecho, en su relato Tarazona conecta a los Comandos de la Frontera con el flujo de dinero que habría financiado el crimen. Asegura que esa estructura es la que autoriza el tránsito de dinero, droga y armas que pasan de Venezuela hacia Colombia y que, en el caso de su esposo, la plata habría salido de territorio venezolano.
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Esa versión coincide parcialmente con lo que ya ha declarado ante la Fiscalía Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien actuó como enlace y fue condenado. ‘El Viejo’ dijo que la orden la dio la Segunda Marquetalia a través de Zarco Aldinever y que se dispuso una suma cercana a los mil millones de pesos para ejecutar el atentado. Tarazona eleva la cifra y habla de hasta cuatro mil millones, y pide que se esclarezca la ruta completa del dinero.
Hasta hoy, la Fiscalía ha judicializado a nueve personas por el magnicidio. Son los integrantes de la cadena logística y sicarial, desde quien contrató el menor que disparó hasta quienes movieron el arma y las motos. Lo que falta, según la familia, son los determinadores. Tarazona ha insistido en que, si se comprueba la participación de algún integrante del Partido Comunes, esa persona no debería comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sino ante la justicia ordinaria, porque un magnicidio posterior al Acuerdo no puede ser considerado un hecho del conflicto. Es un punto sensible políticamente, porque toca directamente la arquitectura del Acuerdo de Paz.
La Fiscalía, por su parte, ha informado que inició la verificación técnica de los chats y de las entrevistas mencionadas por Tarazona para determinar su autenticidad y su valor probatorio. No ha confirmado ni negado la existencia de una línea de investigación contra Luis Alberto Albán (‘Marcos Calarcá), quien no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos.
El otro frente que Tarazona mantiene abierto es el de la protección. Lleva 16 meses preguntando por qué no se ha imputado a Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección, por las fallas que, según la familia, hubo en el esquema de seguridad de Miguel Uribe el día del atentado.
Testimonios incorporados al expediente señalan que la estructura criminal habría tenido acceso a rutinas y ubicaciones en tiempo real a través de un contacto agendado como “Escolta Senador”, y que habría filtraciones internas.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 y su muerte se produjo el 11 de agosto de ese año. Fue sin duda el crimen político más grave de la última década en Colombia. Por ahora, las revelaciones de Tarazona no cambian lo que ya está probado sobre los autores materiales, pero abren la pregunta que la familia lleva haciendo desde entonces: ¿Quién dio la orden, quién puso la plata y por qué esa pista llegó dos meses antes del crimen sin que nadie reaccionara?
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