El oficial encargado de esclarecer si aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) fueron utilizadas para transportar dinero y droga durante el gobierno de Gustavo Petro tiene un perfil poco habitual en la cúpula militar: fue premiado hace quince años por combatir la corrupción.
Se trata del mayor general Adilson Nevardo Bueno Pineda, santandereano de 55 años, piloto de helicópteros con 6.547 horas de vuelo, que asumió el 31 de agosto de 2026 como Inspector General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y quien, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, deberá liderar la pesquisa sobre los graves señalamientos hechos por la exasesora española Eva Ferrer contra la exprimera dama Verónica Alcocer.
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La distinción le llegó cuando con el grado de teniente coronel, a los 41 años, fue elegido por concurso de méritos y postulado por el Comando General de las Fuerzas Militares, para recibir la medalla ‘Pedro Pascasio Martínez de ética republicana’, la distinción que el Estado otorga a quienes se destacan por su transparencia dentro de las instituciones castrenses.
El pliego de motivos del premio destacó que el oficial desplegó actividades que permitieron reducir la corrupción al aplicar medidas “para el aprovechamiento y optimización de los recursos presupuestales y materiales y por diseñar mecanismos para evitar la pérdida de recursos financieros”.
“Más allá de las dimensiones políticas de lo dicho por la señora Ferrer, sus afirmaciones tienen un carácter lesivo para el honor y la dignidad de la FAC porque está diciendo que en aviones nuestros fueron transportados drogas, dinero sucio y hasta armamentos para redes criminales”, le dijo a Las2Orillas une fuente cercana al estado mayor de la institución militar, tras destacar que la investigación queda en manos de un oficial familiarizado con la rigurosidad.
Una orden presidencial, emitida el viernes 9 de octubre de 2026, instruye al comandante de la FAC, el Mayor General Juan Jaime Martínez Ossa, a que su Inspección General y la contrainteligencia militar investiguen “de manera exhaustiva” al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), la unidad que opera los vuelos presidenciales, y determinen si hubo uso indebido de recursos y logística militar de la Nación para fines delictivos.
Las afirmaciones de Ferrer, que afectan también a oficiales de la Policía como la capitana Kelly Daniela Lozano, jefe de seguridad de Verónica Alcocer, fueron hechas durante una extensa entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila, presidenta de la revista Semana.
El general Bueno Pineda es un hombre visto Washington, donde es conocido de tiempo atrás por su desempeño como agregado militar ante la embajada colombiana. En la Escuela Marco Fidel Suárez se graduó como administrador aeronáutico y es especialista en Comando y Estado Mayor y en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.
También ha sido director de la Escuela de Helicópteros para las Fuerzas Armadas, segundo comandante del CACOM (Comando Aéreo de Combate) Número 4 en Melgar, comandante del CACOM 6 en Tres Esquinas, Caquetá, jefe de Combate y Superioridad Aérea y Subjefe de Estado Mayor de Estrategia y Planeación, cargo desde el que fue ascendido a Brigadier General en diciembre de 2021.
En su folio de vida figura la condecoración The Army Commendation Medal de Estados Unidos, la Cruz al Mérito Aeronáutico, la Orden Antonio Nariño y la Orden Cacique Calarcá de la Gobernación del Tolima.
Verificación de alto vuelo
La misión que ahora recibe no es menor. Según la entrevista que la hispano-colombiana Eva Ferrer, exasesora personal de Alcocer y exconsejera presidencial para la Reconciliación, concedió a la revista, aviones asignados a la primera dama habrían hecho vuelos confidenciales a Venezuela con “maletas grises” con droga y con 2,5 millones de dólares en efectivo en enero de 2023, dinero que, según su versión, habría terminado financiando la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama.
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Ferrer basa parte de su relato en lo que dice le contó el empresario catalán Manel Grau y en testimonios de terceros. Afirma que teme por su vida y que se escondió dos meses tras recibir amenazas. Añade señalamientos sobre tráfico de armas con intermediarios italianos y sobre cuotas de poder de Alcocer en nueve entidades, entre ellas ProColombia, ICBF y Ecopetrol. Todo ello no ha sido probado judicialmente y los mencionados lo niegan. El senador Agmeth Escaf, citado por Ferrer, ya anunció denuncias por injuria.
Si todo eso resulta cierto, el caso tocaría el corazón de la FAC. CATAM es la unidad que mueve al presidente y a su familia. Sus equipajes no pasan por controles civiles ordinarios. Romper esa cadena implicaría fallas en la autorización de planes de vuelo, manifiestos de carga y listas de pasajeros y acarrearía responsabilidad a tripulaciones.
Por eso el presidente Abelardo De la Espriella pidió no solo una investigación interna, sino que la Fiscalía, la Corte Suprema, la Procuraduría y autoridades de Estados Unidos rastreen movimientos financieros. "No se tolerará el uso indebido de los recursos", dijo.
Ahora deberá responder la investigación deberá responder al menos tres preguntas básicas: si existieron los 149 vuelos atribuidos a Alcocer, quién autorizó cada plan de vuelo y qué llevaba realmente cada aeronave.
De sus conclusiones dependerá no solo la suerte judicial de una exprimera dama, sino la credibilidad operativa de la Fuerza Aérea ante su principal aliado internacional en la lucha antidrogas.
El proceso disciplinario y de contrainteligencia militar se centrará en el personal adscrito al Comando Aéreo de Transporte Militar. La indagación interna le apuntará al objetivo de establecer si existieron fallas de seguridad, omisiones o complicidades en la tripulación y personal de tierra para facilitar el despegue de vuelos clandestinos con destino a Venezuela, en los cuales supuestamente se transportaron estupefacientes, armas y millonarias sumas de dinero en efectivo.
El presidente de la República ya advirtió que cualquier uniformado vinculado a esta red será retirado de forma inmediata mediante el llamado a calificar servicios y puesto a disposición de la justicia ordinaria.
El regreso de la capitana
El remezón político provocado por las explosivas declaraciones de la exasesora presidencial ha puesto también bajo los reflectores de la justicia una figura que, hasta hace poco, se movía exclusivamente en la sombra del poder. Esa figura es a capitana de la Policía Nacional, Kelly Daniela Lozano.
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Quien fuera la sombra y jefa del esquema de seguridad de la ex primera dama Verónica Alcocer, ha pasado de custodiar los secretos de la Casa de Nariño a convertirse en una de las fichas clave de un presunto entramado de corrupción y abuso de poder.
Para Ferrer, la capitana Lozano no era una simple funcionaria cumpliendo labores de protección institucional, sino un engranaje estratégico. “Ella es la persona que más tiene que saber de todos los movimientos que hay”, sentenció Ferrer, quien además no dudó en tildarla a ella y a la exconsejera Carolina Plata de ser “cómplices directas” de las presuntas andanzas y manejos de Alcocer durante el cuatrienio anterior.
Uno de los capítulos que mayor suspicacia genera entre los investigadores es la asignación de Lozano a la Embajada de Colombia en Catar en las postrimerías del mandato de Gustavo Petro. Según las denuncias, este movimiento habría sido una maniobra de blindaje coordinada desde las altas esferas gubernamentales para alejar a la oficial del radar de las autoridades locales una vez terminara el mandato. “La dejan colocada antes de marcharse”, denunció Ferrer, con lo cual sugirió un presunto favorecimiento institucional a cambio de su silencio.
Esta comisión en el exterior, sin embargo, llegó a su fin de manera abrupta por orden directa del presidente Abelardo De La Espriella, que instruyó al director de la Policía Nacional suspender de inmediato el traslado de la capitana y ordenar su retorno obligatorio a Bogotá para presentarse ante la justicia.
Fuentes internas de la Policía Nacional han confirmado que, en forma paralela a las indagaciones judiciales de la fiscalía general de la Nación, la institución evalúa de forma inminente el llamado a calificar servicios de la capitana Lozano. Este procedimiento administrativo significaría su salida definitiva de la fuerza pública, fundamentado en la pérdida de confianza institucional, el acumulado de quejas previas por presunto maltrato laboral y el grave cuestionamiento a su decoro personal y como oficial.
El panorama para la capitana Lozano se torna complejo. El uniforme que alguna vez utilizó para abrirle paso a la ex primera dama en eventos internacionales hoy parece no ser suficiente para protegerla de un proceso judicial donde su testimonio sobre los movimientos de Verónica Alcocer podría ser la clave para desmantelar una de las redes de influencia más polémicas de la historia reciente del país.
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