La confrontación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) llega a un momento decisivo este fin de semana. Mientras las comunidades indígenas se preparan para reunirse en el norte del departamento, el presidente advierte que no permitirá bloqueos y ordena revisar $1,13 billones que el Estado reporta como entregados en el marco de acuerdos con la organización.
La movilización todavía no comienza, pero las declaraciones de ambas partes ya abrieron un nuevo frente de tensión política.
El CRIC convocó actividades entre el 11 y el 14 de octubre en Caldono (Cauca). La organización sostiene que se trata de una cumbre de pueblos indígenas y organizaciones sociales para discutir asuntos relacionados con sus territorios, la autonomía y los derechos colectivos.
Su consejero Édgar Fernández rechazó que el propósito sea bloquear carreteras o presionar al Ejecutivo mediante vías de hecho. También cuestionó las declaraciones presidenciales, que considera intimidatorias.
El choque se suma a las diferencias que ya habían surgido por las Emisoras de Paz. En agosto pasado, el CRIC rechazó la suspensión de la programación regional de 20 estaciones radiales y 74 frecuencias de Radio Nacional, decisión que, según la organización, debilita la información comunitaria en territorios afectados por el conflicto.
También puede leer: Así es la mansión en Bogotá de Leo Kopp, el fundador de Bavaria, que terminó convertida en el templo de los masones
Movilizaciones y revisión de recursos
El 6 de octubre, después de un consejo de ministros, De la Espriella se refirió a la convocatoria indígena y afirmó que su Gobierno garantiza la protesta pacífica, pero no negociará bajo presión, amenazas o bloqueos.
El mandatario también anunció la revisión de los dineros entregados dentro de los planes concertados con el CRIC. Según explicó, el examen será contrato por contrato y convenio por convenio.
Hasta ahora, el anuncio corresponde a una revisión ordenada por el Ejecutivo: no constituye por sí mismo una prueba de irregularidades en el manejo de esos recursos.
Por su parte, la organización indígena respondió que la convocatoria no tiene como objetivo paralizar las vías. El desacuerdo está también en la forma de entender la movilización: para el Gobierno, la protesta no puede convertirse en una herramienta de presión para negociar; para el CRIC, la reunión responde a una agenda social y territorial.
La evolución de las actividades de este fin de semana será clave para establecer si la convocatoria se desarrolla sin bloqueos y si se abre un espacio de diálogo entre las partes.
La cifra que el presidente puso bajo revisión tiene un antecedente concreto. En noviembre de 2022, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el CRIC anunció un acuerdo para desarrollar el segundo plan cuatrienal de 2023 a 2026.
El pacto contempló recursos por $1,3 billones para desarrollar sistemas propios y avanzar en asuntos como el acceso a tierras. El anuncio actual del Gobierno de De la Espriella apunta a examinar el destino de los recursos reportados dentro de los planes concertados; no significa que se haya establecido que el dinero fue mal utilizado.
También le puede interesar: La pareja de cantantes Mike Bahía y Greeicy entra al negocio de los snacks con una marca inspirada en su hijo Kai
Un territorio atravesado por el conflicto
Cauca reúne disputas históricas por la tierra, presencia de grupos armados y comunidades indígenas con estructuras organizativas propias.
El CRIC fue fundado en 1971 y ha encabezado reivindicaciones relacionadas con la recuperación territorial, el fortalecimiento de los cabildos y la autonomía de los pueblos originarios. Su capacidad de convocatoria lo ha convertido en un interlocutor relevante para los gobiernos nacionales y en un actor central de la política regional.
La violencia sigue afectando a las comunidades. En su informe sobre derechos humanos, el CRIC documentó el impacto del conflicto armado en los territorios indígenas y reportó que al menos 606 niños, niñas y adolescentes fueron sustraídos de sus entornos mediante reclutamiento forzado durante los tres años examinados.
La presencia de grupos armados y las disputas por el control territorial hacen que las garantías de seguridad sean una preocupación permanente en el departamento.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la relación con el CRIC tuvo espacios de concertación para hacer seguimiento a compromisos sobre tierras, educación, salud y autonomía. La organización reconoció avances en el diálogo, aunque también ha reclamado históricamente el cumplimiento de acuerdos anteriores. La revisión anunciada por De la Espriella introduce ahora una nueva diferencia sobre esos compromisos y sus recursos.
Con la convocatoria indígena a punto de comenzar, el pulso entre el Gobierno y el CRIC pasa de las declaraciones a los hechos. La movilización pondrá a prueba las garantías para la protesta pacífica, mientras la revisión financiera anunciada por el presidente abre otro capítulo en la relación entre el Ejecutivo y una de las organizaciones indígenas con mayor capacidad de convocatoria del país.
También puede leer: El helicóptero de la Operación Jaque que sacaron de Tolemaida para mover 5 ministros desde Bogotá a Facatativá
Anuncios.
