Acostumbrado a vivir entre trincheras y escaramuzas, el militar colombiano Manuel Grosso se hizo comando de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y dejó en su folio de vida constancia de su formación destacada por instructores estadounidenses en 2013.
Su historia es similar a la de su compañero de armas Mario Antonio Palacios Palacios, exintegrante de la unidad de reconocimiento especial acostumbrado a husmear en territorio enemigo en las junglas de las zonas más inhóspitas.
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El paralelismo de sus historias cobra énfasis el día que ambos deciden retirarse del servicio activo y buscar nuevas opciones económicas en la vida civil, sin dejar de lado su experticia.
Sus proyectos de vida terminaron por convertirlos en candidatos ideales para reclutadores que tasaban sus propuestas en dólares y los invitaban a asumir tareas de seguridad, de alta discreción, también de riesgo, pero bien remuneradas.
Cuando aceptaron sin reparos ni prevenciones, terminaron envueltos con otros 15 compatriotas en una trama que, lejos del guion de un tráiler, se convirtió un drama de la vida real e incluyó la muerte de un presidente de Haití, una isla donde el crimen se convierte en ley vigorosa.
La mayoría de esos colombianos aducen que, bajo engaño, se encontraron aquella madrugada del 7 de julio de 2021 haciendo parte de un comando de 28 hombres que entró a la residencia de Pétion-Ville y asesinó de 12 disparos al presidente de Haití, Jovenel Moïse.
Cinco años después, el caso recobra actualidad con tintes políticos. El lunes 5 de octubre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en su cuenta de X que instruyó a los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y de Justicia, Iván Cancino, para brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en ese asesinato, así como apoyo económico a sus familias.
“No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos. No pueden pagar justos por pecadores”, escribió el mandatario, a la vez que reclamó que se esclarezca la responsabilidad individual de los colombianos que integraron ese comando.
Los exmilitares habían permanecido detenidos sin juicio en Puerto Príncipe desde 2021. El 20 de septiembre fueron extraditados a solicitud de una corte del Distrito Sur de Florida y comparecieron el 21 de septiembre ante la jueza Lisette Reid en Miami, quien les asignó defensores públicos.
Enfrentan cargos de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material con resultados mortales que podrían acarrearles penas de hasta cadena perpetua.
En los registros la Fiscalía de Florida y en la lista de extraditados aparecen registrados, entre otros nombres, los de Germán Alejandro Rivera García, Ángel Mario Yarce Sierra, Edwin Enrique Rodríguez Blanquicet, Gersain Mendivelso Jaimes, Jhon Jader Andela, Manuel Antonio Grosso Guarín, Enalber Vargas Gómez, Jhon Jairo Ramírez Gómez, Juan Carlos Yepes Clavijo, Carlos Giovanni Guerrero Torres, Jheyner Alberto Carmona Flórez, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Neil Cáceres Durán, Víctor Albeiro Pineda Cardona, Alejandro Giraldo Zapata, Alex Miyer Peña y Naiser Franco Castañeda.
Todos comparten un perfil. Son suboficiales y oficiales retirados entre 2018 y 2020, varios de Fuerzas Especiales. Salieron del aeropuerto Eldorado de Bogotá el 4 de junio de 2021 con destino Punta Cana, en República Dominicana, y entraron por tierra a Haití el 6 de junio. Les prometieron entre 2.700 y 3.000 dólares mensuales para dar seguridad en Haití.
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Su reclutamiento pasó por CTU Security, empresa con sede en Doral, Florida, de propiedad de los colombianos Antonio Intriago y Arcángel Pretel Ortiz y vinculada también al médico haitiano Christian Emmanuel Sanon.
Sus familias insisten en que nunca se escondieron. “Estuvieron un mes en Haití, se tomaron fotografías, hicieron videollamadas, montaron sus historias en Facebook, documentaron todo el tiempo su estadía”, recuerda Sandra Carolina Rivera, pariente del capitán Rivera, en declaraciones recogidas por prensa regional.
Quizá la única excepción fue la Marco Antonio Palacios, chocoano de nacimiento, que admitió haberse protegido entre comunidades haitianas gracias a su color de piel y salir hasta República Dominicana, donde luego fue arrestado.
Asistencia y respaldo
La Cancillería colombiana aclaró que la asistencia ordenada por el presidente De la Espriella no implica un pronunciamiento sobre culpabilidad o inocencia y que Colombia no intervino en la extradición. La verificación de condiciones de reclusión, contacto familiar y garantías judiciales es parte del deber consular.
Para las familias de los militares colombianos, el anuncio del jefe del Estado abre la posibilidad de una defensa técnica diferenciada. Para la justicia estadounidense, el desafío es el mismo que desde 2021 y consiste en probar quién planeó, quién financió y quién disparó aquella madrugada en la mansión del presidente haitiano.
El caso ya tiene condenas. Ya hay responsabilidad endilgada a Germán Rivera García, de 45 años, capitán retirado, señalado por autoridades de Estados Unidos de ser el reclutador de al menos 20 hombres y el proveedor de las armas.
En audios de 2021, revelados por Noticias Caracol, Rivera admitió que inicialmente la orden era detener al presidente, pero que la noche del 6 de julio el político Duberney Capador, muerto horas después del magnicidio, les informó que debían “matar a todos”. “Todos son policías, la seguridad del presidente, todo el que se encuentre adentro”, se le escucha decir.
Tras insistir en su inocencia durante dos años, en septiembre de 2023 Rivera se declaró culpable y acordó colaborar para, según él. “desglosar cómo empezó todo, quién estuvo en las reuniones”. Fue condenado a cadena perpetua en 2024.
La Fiscalía ha sostenido que el estado de Florida fue el centro de planeación y financiamiento entre febrero y julio de 2021, con el objetivo de instalar a Sanon en la presidencia para adjudicar contratos de seguridad e infraestructura.
En cuanto a los demás colombianos, la Fiscalía de Estados Unidos sostiene que fueron contratados por Christian Emmanuel Sanon para tomar la presidencia de Haití, y que inicialmente se les presentó como una operación legal de captura con respaldo de agencias estadounidenses. El anuncio del presidente De la Espriella, dado el actual clima de relaciones con Washington, podría incidir favorablemente en la situación jurídica de ellos, así esa no sea la intención presentada oficialmente.
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