Estados Unidos, a través de acuerdos de cooperación militar y de inteligencia con el Comando Sur (SOUTHCOM), ha enviado drones de vigilancia MQ-9 Reaper a Colombia y Ecuador para apoyar las acciones de ambos países contra el crimen organizado.
Los primeros drones llegaron a Ecuador a finales de septiembre de 2026 y operan desde la Base Aérea de Taura (provincia del Guayas), cerca de Guayaquil. Su arribo a Colombia fue confirmado este martes 6 de octubre. Los MQ-9 Reaper consolidan la creciente participación activa de Washington en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de ambos países, que en los últimos meses han aceptado el inicio de operaciones conjuntas.
Las unidades asignadas a Colombia vuelan desde bases estratégicas en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y agencias de EE. UU. Su misión es el monitoreo y patrullaje de zonas selváticas de difícil acceso y corredores fronterizos, enfocándose en el seguimiento en tiempo real de actividades de narcotráfico, laboratorios de procesamiento y estructuras de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN.
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Se trata de un número indeterminado de aeronaves MQ-9 Reaper que se encontraban desplegadas en África. A diferencia de los ataques con misiles que la Fuerza Aérea estadounidense ha realizado en zonas de conflicto como Oriente Medio, los vuelos del MQ-9 en Colombia y Ecuador no están armados —al igual que en la frontera de México con Estados Unidos—. Su función se limita de forma exclusiva a la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), así como a la detección térmica y electrónica. La información recolectada por sus sensores ópticos y térmicos se transmite a los mandos en tierra para guiar las operaciones continentales y costeras de las fuerzas locales.
Los MQ-9 Reaper permiten llevar a cabo actividades de reconocimiento de terreno y vigilancia sin exponer a los militares, como ocurre con las aeronaves tradicionales de combate. Pueden volar a una altura de hasta 15.000 metros y son difíciles de detectar. Aunque tienen capacidad para cargar armamento de precisión y no provocan una gran destrucción masiva, sí pueden impactar blancos muy selectos u objetivos individuales de alto valor.
Con 20 metros de envergadura, 11 de longitud y 4 de altura, cada unidad cuesta alrededor de 30 millones de dólares (aproximadamente 96.000 millones de pesos), pero si se añade la estación de control en tierra, enlaces satelitales, sensores ópticos y repuestos iniciales, su valor puede duplicarse o triplicarse.
Sus fabricantes y origen político
Los drones de combate y vigilancia MQ-9 Reaper (originalmente llamados Predator B) son fabricados en Estados Unidos por la empresa de defensa y aeroespacial General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), con sede en California. La compañía, que originalmente fue una división de General Dynamics y posteriormente de Chevron Oil, fue adquirida en 1986 por los hermanos Neal y Linden Blue, quienes la han mantenido desde entonces como una empresa de capital privado que no cotiza en bolsa.
Los hermanos Blue son reconocidos donantes del Partido Republicano y de causas conservadoras. En las primarias republicanas de 2016 apoyaron y financiaron inicialmente a otros precandidatos tradicionales como Marco Rubio, en lugar de respaldar a Donald Trump. Sin embargo, a pesar de las diferencias personales o de financiamiento político del pasado, el impulso a la industria de defensa promovido por la administración Trump convirtió a General Atomics en uno de los grandes beneficiarios en ventas internacionales de armamento no tripulado, permitiéndole comercializar drones armados como el MQ-9 Reaper / MQ-9B a aliados estratégicos de EE. UU.
El marco diplomático
El uso de estas aeronaves se enmarca dentro del ingreso formal de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles -impulsada bajo la residencia de Donald Trump - mediante la cooperación militar y política "Escudo de las Américas", formalizada el pasado 12 de agosto en Panamá. Allí, el Ministro de Defensa Nacional, MG (r) Jorge Eduardo Mora, firmó un acuerdo bilateral junto al Secretario de Guerra de los Estados Unidos de América, Pete Hegseth, y al senador Bernie Moreno, “con el propósito de impedir que organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado y garantizar que, en todo el territorio, prevalezcan la Constitución, la ley y el monopolio legítimo de la fuerza”. Posteriormente, en la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente José Manuel Restrepo manifestó que esta alianza multinacional “sirve para defender nuestras democracias en la región”.
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