El político Enrique Gómez Martínez, director del partido Salvación Nacional, dio un paso decisivo en su lucha contra el sistema de justicia transicional al radicar un Acto legislativo a para poner fin al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028. Para Gómez, el balance del organismo es abiertamente negativo: "la JEP no ha traído justicia, ha traído una enorme dosis de impunidad, de amargura y una tergiversación casi que sistemática de la subversión".
Para radicar la iniciativa que tomará tiempo porque requiere un total de ocho debates por tratarse de una reforma constitucional, encontró a un socio en el Centro Democrático: el antioqueño Simón Molina, un administrador de empresas que nación en Medellín. El político paisa que hace parte del movimiento político de Federico “Fico” Gutiérrez y se le considera como uno de las personas de confianza del actual alcalde de Medellín.
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En la actual coyuntura, los vientos soplan a favor de la iniciativa que tiene apoyo no solo en el congreso, donde ya le redujeron el presupuesto en 170 mil millones sino dentro de la opinión pública. El propio presidente Abelardo de la Espriella ha sido desde la campaña un gran contradictor que calificó a la JEP como un "directorio político disfrazado de tribunal, instituido para lavar las manos de los jefes narcoterroristas de las Farc y perseguir a los héroes de la patria”. La movida del presidente de la entidad, Alejandro Ramelli ante la Corte penal internacional resultó poco benévola en el escenario de polarización en que está.
El marco normativo original de la JEP, concebido tras los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016 e instituido mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, fijó un mandato inicial de 10 años prorrogable hasta un tope absoluto de 20 años. Bajo este esquema, la fase principal concluye en 2027 y la vigencia máxima iría hasta 2037. La iniciativa de Gómez busca eliminar de raíz esa posible prórroga de una década. El escenario legislativo resulta adecuado para esta cruzada política: con la convergencia de 11 partidos alineados con el gobierno y sectores afines, las bancadas opuestas a la JEP sumarían las mayorías necesarias en el Congreso para aprobar el cierre definitivo del tribunal.
Las críticas que sustentan esta alianza política giran en torno al bajo rendimiento institucional. A pesar de haber gestionado un presupuesto acumulado que oscila entre los 3,4 y 4 billones de pesos, diversos colectivos de víctimas y detractores cuestionan la extrema lentitud en la expedición de sentencias definitivas y la escasez de sanciones efectivas contra los máximos responsables de crímenes de guerra, tanto excombatientes de las Farc como integrantes de la Fuerza Pública. Ante este panorama, el bloque crítico considera ineficiente e injustificable la continuidad de una jurisdicción que, a su juicio, ha quedado debiendo frente a la justicia ordinaria. Donde la propuesta de Enrique Gómez tendría sentido.
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