Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas
Debajo de nuestras casas están los suelos, las fallas, los sedimentos y las aguas; alrededor permanecen las cuencas, las laderas, los humedales y los ecosistemas; sobre la ciudad actúan temperaturas, lluvias, sequías y procesos climáticos que ninguna decisión administrativa puede derogar.
El terremoto del 10 de agosto debería producir, por eso, algo más profundo que una actualización de estudios o una modificación de polígonos; debería obligarnos a revisar la manera como Cali entiende la planificación.
Hablamos de ordenamiento territorial como si existiera primero una voluntad humana que ordena y después un territorio disponible para recibir nuestras decisiones; la crisis climática, los desastres y nuestra propia experiencia reciente sugieren invertir esa relación, necesitamos avanzar hacia una política de adaptación territorial.
Adaptarnos territorialmente significa reconocer que no todo lo técnicamente construible debe construirse, que no todo suelo económicamente rentable debe urbanizarse y que no toda actividad productiva posible resulta territorialmente admisible.
El territorio no es una hoja en blanco; posee condiciones, memorias, límites y dinámicas propias. La ciudad está dentro de las cuencas y no las cuencas dentro de la ciudad, los edificios están sobre determinados suelos, el agua recorre sistemas anteriores a nuestros barrios, la temperatura urbana depende también de coberturas vegetales, materiales, densidades y formas de ocupación; el riesgo aparece cuando nuestras decisiones desconocen esas relaciones.
Por eso la adaptación territorial tampoco puede reducirse a adaptación climática. Se trata de adaptar nuestras maneras de construir, producir, movilizarnos, consumir energía y ocupar el suelo a las condiciones geológicas, hídricas, ecológicas y climáticas que permiten sostener la vida; eso requiere planificación y requiere Estado.
Un Estado capaz de decir sí, pero también de decir no. No a construir cuando el conocimiento disponible indique riesgos inaceptables; no a ocupar determinados suelos aunque exista demanda inmobiliaria; no a actividades productivas que deterioren las condiciones territoriales de la vida; no a procesos de valorización que terminen expulsando habitantes después del desastre; no a convertir cada necesidad colectiva de reconstrucción en una oportunidad de rentabilidad privada.
No se trata de estar contra la empresa, la inversión o la construcción dogmáticamente; una ciudad necesita actividad económica, vivienda, infraestructura, empleo e innovación. El problema surge cuando el interés privado adquiere mayor capacidad para producir territorio que la institucionalidad pública para orientarlo. Ahí aparece una pregunta incómoda que debería dejarnos el terremoto ¿Tiene Cali hoy la capacidad institucional, técnica y política necesaria para planificar realmente su territorio?
Planificar no consiste solamente en producir un documento jurídicamente correcto y participar no puede consistir en reuniones ocasionales con gremios y actores representativos, sin suficiente pedagogía pública ni garantías de equilibrio en las decisiones.
Planificar significa disponer de conocimiento actualizado, comprender cómo llegamos a nuestras vulnerabilidades, reconocer los conflictos presentes y anticipar escenarios futuros; exige relacionar agua, vivienda, movilidad, clima, población, producción y riesgo, establecer límites, definir prioridades y conservar capacidad pública para hacerlas cumplir. Requiere, en otras palabras, análisis retrospectivo, situacional y prospectivo, acompañado de amplias garantías de deliberación y participación ciudadana.
La retrospectiva debe permitir comprender cómo urbanizamos laderas, antiguos sistemas de agua y zonas vulnerables, cómo distribuimos históricamente vivienda e infraestructura, quién capturó valorizaciones y quién acumuló riesgos; el análisis situacional debe reconocer actores, conflictos, intereses y capacidades colectivas existentes y la prospectiva debe preguntarse qué ocurrirá con Cali bajo escenarios de mayor temperatura, estrés hídrico, lluvias extremas, movimientos poblacionales, envejecimiento, transformación energética, nuevas demandas de vivienda y futuros eventos sísmicos. Sin esas miradas, el POT corre el riesgo de convertirse en administración normativa del presente.
En este punto resulta especialmente importante el llamado que viene haciendo el Consejo Municipal de Planeación; sus cuestionamientos sobre los componentes ambiental, de hábitat y socioeconómico, pero también sobre vacíos del propio proceso de planificación, deberían ser escuchados con atención. La cuestión de fondo puede formularse sencillamente: Cali necesita volver a planificar de verdad.
El terremoto vuelve esa exigencia inaplazable.
No bastaría con introducir un nuevo capítulo de gestión del riesgo en el POT, tampoco con incorporar palabras como resiliencia, sostenibilidad, gobernanza o participación; todas son necesarias, pero pueden coexistir con una ciudad que continúa expandiendo suelo urbanizado, aumentando desplazamientos, deteriorando sistemas hídricos y subordinando decisiones territoriales a expectativas de valorización.
Incluso una ciudad tecnológicamente “verde” puede continuar siendo territorialmente irresponsable. Por eso la discusión sobre el POT es también una discusión sobre poder ¿Quién puede transformar el territorio? ¿Quién establece los límites? ¿Quién dispone de la información? ¿Quién captura el incremento del valor del suelo producido por decisiones públicas? ¿Quién asume los costos cuando esas decisiones resultan equivocadas? ¿Quién puede permanecer y quién debe desplazarse después de un desastre?
La reconstrucción vuelve concretas esas preguntas; movilizará suelo, crédito, subsidios, materiales, inversión y proyectos inmobiliarios en medio de necesidades reales y urgentes de vivienda. Precisamente por eso necesitamos más y mejor planificación, la emergencia no puede convertirse en argumento para flexibilizar controles ni la reconstrucción en una carrera por habilitar suelo.
Además, el terremoto no es el único riesgo que enfrenta Cali; cambio climático, calor extremo, sequías, inundaciones, movimientos en masa, incendios, pérdida de biodiversidad, dificultades de abastecimiento de agua y futuros eventos sísmicos pueden superponerse. El territorio no presenta sus problemas separados según el organigrama de nuestras instituciones.
Por eso necesitamos pasar del POT entendido principalmente como instrumento para ordenar el crecimiento a una política pública de adaptación territorial para sostener la vida.
Eso significa recuperar la planificación como capacidad pública, articular conocimiento científico y saber territorial, establecer límites efectivos cuando intereses particulares comprometan bienes comunes, proteger agua, suelos y biodiversidad, disminuir vulnerabilidades y evaluar cada gran intervención preguntando no solamente cuánto crecimiento o inversión produce, sino qué consecuencias tendrá dentro de veinte, treinta o cincuenta años.
El asunto no es impedir que Cali cambie, es decidir en qué condiciones puede transformarse sin destruir aquello que hace posible habitarla: la grieta del 10 de agosto debería impedirnos aprobar un POT simplemente porque cumple el procedimiento legal. Cali necesita algo más exigente, un acuerdo territorial sustentado en conocimiento, memoria, previsión, participación y responsabilidad pública.
El territorio no necesita adaptarse indefinidamente a los negocios, las edificaciones y las formas de consumo. Somos nosotros - la ciudad, la economía y sus instituciones - quienes tendremos que aprender a adaptarnos al territorio.
También le puede interesar:
Anuncios.
