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El domingo 6 de septiembre, Barranquilla llegó a 51 grados de sensación térmica. Cartagena registró 51. Santa Marta llegó a 47. En Riohacha el termómetro también marcó cifras históricas este año, por encima de los 36 grados.
Tú no necesitas un reporte del Ideam para saberlo. Lo sientes cuando prendes el ventilador a las seis de la mañana. Lo sientes cuando el aire acondicionado no descansa ni de noche.
Ese calor tiene un precio. Y ese precio ya rompió la red eléctrica.
En los primeros ocho días de septiembre, Air-e reportó 115 transformadores averiados en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La empresa instaló 77 equipos nuevos en Atlántico, 20 en Magdalena y 18 en La Guajira. La causa es la misma en los tres departamentos: más calor significa más aires acondicionados y más ventiladores encendidos al mismo tiempo, y una red que no estaba preparada para esa presión. Esto no es un problema de comportamiento de los usuarios. Es un problema de infraestructura que lleva años sin la inversión que necesita.
A eso se suma otro golpe. Este año la Comisión de Regulación de Energía y Gas puso en marcha un programa de ahorro. Cada usuario recibió una meta de consumo, calculada con la mediana de los últimos doce meses.
Superar esa meta en más de un 10 por ciento genera un recargo: 30 por ciento para los estratos 1, 2 y 3; 50 por ciento para los estratos 4, 5 y 6; 70 por ciento para comercios e industrias. La medida trata igual a alguien en Bogotá, con clima templado, que a una familia en Riohacha, donde el ventilador es una necesidad y no un lujo. El calor no se reduce apagando el ventilador. Se reduce con redes que funcionen y con tarifas que reconozcan el clima real de la región.
El 9 de septiembre el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, le dijo a la Comisión Quinta del Senado que la tarifa diferencial de energía para la costa Atlántica se justifica. Puso tres condiciones: definir quién recibe el beneficio, definir quién paga el subsidio, y definir por cuánto tiempo dura. También dijo algo importante: no quiere un subsidio general, y planteó que la solución de fondo está en la energía solar y la energía eólica para la región, no en un subsidio permanente pagado por el Estado.
Ahí es donde La Guajira entra en la conversación. Tiene sol todo el año. Tiene viento en el norte, donde ya operan parques eólicos. Tiene el territorio que Colombia necesita para su transición energética. Y al mismo tiempo tiene comunidades sin energía confiable, familias que no pueden pagar la factura, y ahora un programa de ahorro que las castiga por el mismo calor que hace posible generar esa energía.
Eso es una contradicción que no podemos seguir aceptando. Un departamento que produce energía para el país no puede tener a su propia gente sufriendo por falta de un servicio confiable. La transición energética no puede significar solo instalar parques solares y eólicos en el mapa. Tiene que dejar algo concreto en Riohacha, en Manaure, en Uribia: tarifas justas, empleo local, y redes que no colapsen cada vez que sube la temperatura.
El respaldo del ministro abre una puerta. No resuelve nada todavía. Falta un proyecto de ley con fecha en el Congreso. Falta una fórmula clara sobre quién paga el subsidio. Falta inversión real en las redes que hoy revientan transformadores cada verano.
Y falta que La Guajira, como territorio productor de energía, tenga un lugar propio en esa discusión, no solo como región afectada sino como región que aporta la solución.
Mientras tanto, una familia en Riohacha decide entre prender el ventilador toda la noche o dejar dormir mal a sus hijos por ahorrar en la factura. Un comerciante calcula si puede seguir con la nevera encendida sin quebrar el negocio. El Caribe no está pidiendo un favor. Está pidiendo que la tarifa reconozca el clima que vive todos los días, y que el territorio que produce la energía de Colombia reciba por fin una parte de sus beneficios.
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