El testigo adivino

Maracaibo es una ciudad de calor espeso, tendida a la orilla de un lago que en las noches parece alumbrarse solo con los relámpagos del Catatumbo. Allí, el 12 de febrero de 2016, con Nicolás Maduro en el poder, una comisión de uniformados se llevó detenido a Gabriel José Carrillo Delgado, un muchacho de veinte años que militaba en Voluntad Popular, el partido opositor cuyo fundador llevaba dos años preso.

Lo interrogaron y ese mismo día lo dejaron ir, sin embargo, de aquella retención quedó una semilla casi invisible: un acta que explicaba con desinterés por qué se lo habían llevado. Esa hoja, escrita con la modorra de la burocracia, terminó diez años después sobre el escritorio de un magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en Bogotá.

El acta llevaba un número corriente: SIP 032-16. Allí quedó escrito que Carrillo era objetivo de interés estratégico por su militancia y que debían verificar su estatus en los perfiles de inteligencia militar. Venía anexa otra hoja donde constaba que contra él no cursaba investigación penal alguna. Ese día no era sospechoso de nada, y así lo certificaron ellos mismos.

Después vinieron el silencio y el tiempo, que en estas historias nunca pasan limpios: se trenzan como enredaderas entorno a la sospecha. Un año más tarde, el 31 de marzo de 2017, aparecieron unos restos óseos en el barrio Los Olivos. Eran de Xavier Otto Palmar, desaparecido desde hacía un año.

Al día siguiente, un tribunal del Zulia libró orden de aprehensión contra Carrillo y otros dos hombres por homicidio intencional. La orden, por supuesto, tenía una razón; no vayan a creer que la arbitrariedad iba desnuda por la calle. La prueba era la entrevista de Kenny José Barrios Troconiz, quien le dijo a la policía que esos tres habían matado a Palmar y lo habían enterrado. Luego vino la circular roja de Interpol, y el nombre del muchacho quedó colgado en un sistema que lo esperaba con la paciencia de depredador hambriento.

Ocho años y medio transcurrieron, hasta que el 16 de septiembre de 2025 la Policía colombiana capturó a Carrillo en Santa Marta. En noviembre, la embajada venezolana pidió su extradición, todavía con Maduro al mando, entonces, lo primero que hizo Carrillo fue pedir refugio, que es la manera jurídica de decir que uno teme ser devuelto a la trampa de un proceso penal tomado por la dictadura. 

Pasó un año entero preso en Colombia, sin condena y sin juicio, esperando que alguien decidiera si lo enviaban a las fauces de su victimario, pero todo cambió en febrero de este año 2026, cuando Barrios Troconiz reapareció ante un notario en Estados Unidos y se retractó bajo juramento de lo que había firmado nueve años atrás. 

Dijo que lo retuvieron sin orden, que lo amenazaron con convertirlo en cómplice y que el relato ya estaba escrito cuando se lo pusieron delante. También explicó por qué solo pudo hablar desde afuera: en Venezuela, dijo, los fiscales y los jueces no protegen al que denuncia; trabajan junto con los policías que trabajan para la dictadura.

Una retractación por sí sola no pesa más que la declaración original, y por eso la Sala de Casación Penal colombiana no se limitó a escoger entre una versión y otra. El magistrado Hugo Bernate hizo algo más sencillo y demoledor: se puso a mirar las fechas del expediente y encontró el abismo que separaba la verdad de la persecución política.

La entrevista de Barrios aparecía fechada el 24 de marzo de 2016: cuatro días antes de que la víctima desapareciera, pues la fecha establecida para el crimen era el 28 de marzo. Cuando sembraron la prueba no advirtieron el desfase. Lo importante era tener algo, cualquier cosa, para que la negra denuncia que encendió todo el proceso pudiera presentarse el primero de abril.

El testigo estrella había descrito un homicidio cuatro días antes de que el muerto desapareciera. No era prestidigitación ni profecía; era el fruto de un constreñimiento muy mal calculado. Y nadie podía escudarse en un error de transcripción o en un lapsus calami, porque Venezuela jamás aportó esa entrevista con la solicitud de extradición y no había forma de verificar su fecha real. 

Aquí conviene hacer una pausa, porque el expediente judicial empieza a rozarse con la geopolítica como se rozan dos cables pelados y no busco electrocutarme: la caída de Maduro, las negociaciones petroleras y los nuevos sombreros de los viejos victimarios no vuelven inocente a nadie ni convierten a Washington en protagonista de esta historia. Pero sí muestran el paisaje donde quienes persiguieron durante años buscan cambiar de paraguas sin soltar el garrote.

Pero volvamos al cuento. Con esa decisión, el pasado 2 de septiembre la Corte dio concepto desfavorable a la extradición de Carrillo. Y como el concepto negativo obliga al Gobierno, por más propaganda que se quiera hacer con la firma de las extradiciones, al Gobierno de Colombia le tocó negar por primera vez una entrega solicitada por Venezuela porque el expediente apesta, de principio a fin, a persecución política y violación a derechos humanos.

¿Paradójico, no? El gobierno del ciudadano norteamericano De La Espriella, que juró ante los United States poner primero sus intereses por encima de los de cualquier otra nación, no podrá enviarle al protectorado el inocente que tanto ansiaban devorar quienes hoy se cobijan bajo la mampara de las negociaciones petroleras con la superpotencia. A los hombres perseguidos, siempre los salvara la verdad y el debido proceso.

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