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En el sur de Bolívar, un caficultor mira hoy su finca teñida de granos rojos donde antes crecía coca. En el Bajo Cauca antioqueño, un exminero ilegal cambió el pico y la pala por colmenas y hoy supervisa la producción apícola de su región. Son escenas que suelen leerse como relatos humanos, casi anecdóticos, alejados de las hojas de cálculo. Pero detrás de cada una hay algo que a quienes somos técnicos y trabajanos en finanzas públicas y cooperación internacional nos interesa profundamente: una tasa de retorno.
Durante años, la paz se ha defendido casi exclusivamente con argumentos morales o humanitarios, como si fuera un gasto que la sociedad decide asumir por convicción. Pocas veces se le mira con la rigurosidad con la que un inversionista evalúa un portafolio: ¿cuánto se invirtió?, ¿qué retorno generó?, ¿qué riesgo mitigó?, ¿logró atraer más capital? Al hacer ese ejercicio con el programa Colombia Sostenible, que el Fondo Colombia en Paz ejecuta en 114 municipios de las 16 subregiones PDET del país, la conclusión económica es contundente: la paz, medida en esos términos, ha sido una de las inversiones más rentables que ha hecho el país en la última década.
Los números del primer ciclo del programa lo respaldan. Colombia Sostenible benefició a más de 36.000 familias campesinas, indígenas y afrocolombianas, intervino 82.700 hectáreas y consolidó 61 paisajes productivos alrededor de 30 líneas sostenibles —café, cacao, miel, piscicultura, turismo—, superando los indicadores fijados en el Conpes 3901 de 2017. Pero el dato que más debería llamar la atención de cualquier economista es otro: los ingresos mensuales de los hogares participantes crecieron entre 60% y 77% frente a su línea base, mientras el ahorro formal aumentó 4% y el acceso a crédito formal, 3%. No es solo una mejora del ingreso; es la entrada de miles de familias a la economía formal, con lo que eso implica en materia tributaria, financiera y de reducción del riesgo de reincidencia en economías ilegales.
Ese tránsito de la ilegalidad a la formalidad no ocurrió en el vacío: necesitó mercado. Por eso el programa tejió 164 acuerdos comerciales con empresas como Alpina, Racafé, Griffith Foods, Crepes & Waffles, Wok y Natura, que convirtieron cosechas antes destinadas a la subsistencia en cadenas de suministro estables. Y con el sello PaisSana —que ya certifica 3.402 productos elaborados por víctimas del conflicto armado y firmantes de paz— se creó algo que en el lenguaje financiero llamaríamos una señal de calidad: un mecanismo que reduce la asimetría de información entre el productor de un territorio históricamente golpeado por la violencia y el comprador que necesita confiar en su origen y su trazabilidad.
Ese historial de resultados explica, en últimas, por qué el Fondo Colombia en Paz acaba de cerrar una nueva ronda de financiación: US$135 millones —US$100 millones del BID y US$35 millones del FIDA— para poner en marcha Colombia Sostenible Avanza: Paisajes Sostenibles, que llevará el modelo a 130.000 hectáreas adicionales y a 40.000 familias, con una participación estimada de 41% de mujeres. En el mundo de las finanzas, cuando un fondo logra que sus inversionistas no solo mantengan el capital sino que lo aumenten en una segunda ronda, se interpreta como una validación del modelo. Eso es, en esencia, lo que acaba de suceder con la paz territorial en Colombia.
Hay, además, una tercera fuente de capital que apenas comienza a movilizarse: la filantropía internacional. El Fondo avanza en la estructuración de un mecanismo que lo convertiría en la primera entidad gubernamental del país en canalizar recursos filantrópicos hacia proyectos de paz y desarrollo territorial, con un primer flujo estimado de US$1 millón proveniente de aportantes de Estados Unidos y Europa. Es una cifra todavía modesta frente a los US$135 millones de la banca multilateral, pero su relevancia no está en el monto, sino en que diversifica la base de financiadores de la paz, la saca de la dependencia exclusiva del crédito concesional y abre la puerta a un capital paciente, dispuesto a asumir el riesgo territorial que otros inversionistas evitan.
Ninguna cifra reemplaza el valor de un exminero convertido en apicultor o el de una mujer de Tumaco que, con las utilidades del cacao, envía a su hija a la universidad. Pero tampoco hay que subestimar lo que esas cifras revelan: que cuando el país deja de tratar la paz como una carga fiscal y empieza a gestionarla como un activo —con metas, indicadores de retorno y una estrategia de fondeo diversificada—, los resultados llegan más rápido y a mayor escala. La paz, bien administrada, no le cuesta a Colombia: le rinde. Y ese es, quizás, el argumento más contundente que podemos ofrecerle a quienes todavía dudan de que valga la pena seguir invirtiendo en ella.
La autora de este texto es la Directora Fondo Colombia en Paz
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