Durante veintidós años tuve autorización del Estado colombiano para portar un arma. Precisamente por eso me opongo a que hoy el Estado facilite que más particulares la lleven consigo. Conocer las armas no me lleva a defender su expansión social; me lleva a comprender la responsabilidad que implica ejercer la fuerza.
Por eso estoy en desacuerdo con la decisión del Gobierno de levantar la suspensión general del porte de armas en Colombia.
No estoy cuestionando la legítima defensa ni negando que puedan existir circunstancias excepcionales en las que una persona necesite un arma. Mi posición es otra: considero equivocada la decisión de ampliar el espacio para que particulares porten armas como respuesta a la inseguridad del país.
El Decreto 1368 de 2026 no estableció un porte libre. Mantiene los requisitos, controles y restricciones existentes y conserva las facultades de las autoridades para suspender, cancelar o revocar permisos. Lo que hace es levantar la suspensión general y devolver eficacia a los permisos individuales vigentes, eliminando para sus titulares la autorización especial adicional que antes se exigía.
Precisamente por eso la discusión no puede reducirse a si el decreto “permite” o “prohíbe” portar armas.
La pregunta es otra: ¿qué clase de Estado estamos construyendo?
El Estado no existe para que cada ciudadano se defienda solo
La seguridad no puede depender de que cada individuo tenga la capacidad de ejercer violencia para protegerse. Una de las razones fundamentales por las que construimos el Estado fue precisamente superar una sociedad en la que cada persona debía garantizar por sí misma su seguridad.
El Estado concentra legítimamente el ejercicio de la fuerza porque la alternativa es su fragmentación entre particulares y grupos armados.
Y Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de esa fragmentación.
Durante décadas hemos padecido guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y organizaciones armadas que han disputado territorios, rentas, población y autoridad.
Nuestra historia no es la de un monopolio estatal perfecto de la violencia. Es la historia de una lucha permanente por construirlo.
Por eso me parece un contrasentido que, en medio de una crisis de seguridad, la respuesta sea ampliar el espacio para el ejercicio privado de la fuerza.
Colombia no necesita una sociedad más armada
He estado en operaciones militares y sé que recuperar un territorio no significa haber construido Estado.
Se puede desalojar a un grupo armado de una zona y restablecer temporalmente el orden. Pero después deben llegar la Policía, la justicia, la educación, la salud, la infraestructura, la administración pública y las oportunidades económicas.
Los militares pueden recuperar un territorio, pero no pueden sustituir la presencia del Estado.
Tampoco pueden hacerlo los ciudadanos armados.
Un ciudadano con un arma puede eventualmente defenderse de una agresión. Pero eso no construye seguridad pública. No reemplaza a la Policía. No investiga un homicidio. No desmantela una organización criminal. No controla un territorio. No administra justicia.
Por eso debemos desmontar una idea que puede parecer razonable: “si los delincuentes están armados, los ciudadanos también deberían estarlo”.
No.
El Estado no puede convertir la existencia de delincuentes armados en argumento para armar a la sociedad. Su obligación es impedir que los delincuentes determinen las condiciones bajo las cuales los ciudadanos deben vivir.
Si los criminales están armados, la respuesta institucional debe ser una Policía más eficaz, inteligencia criminal, justicia efectiva y mayor capacidad estatal, no una carrera armamentista entre particulares y delincuentes.
Un permiso no convierte a nadie en experto en el uso de la fuerza
Hay otra cuestión que conozco directamente.
En el ámbito militar, aprender a utilizar un arma no significa solamente aprender a disparar. Significa aprender a controlar los impulsos, identificar una amenaza, evaluar una situación, medir las consecuencias y, sobre todo, saber cuándo no utilizar la fuerza.
El miedo, la ira, la confusión y la presión pueden convertir en segundos una situación manejable en una tragedia.
Un permiso administrativo certifica determinadas condiciones para portar un arma. No certifica el carácter, el autocontrol ni la capacidad permanente para tomar decisiones correctas bajo presión.
Por eso me preocupa que confundamos autorización para portar con preparación para ejercer legítimamente la fuerza.
¿Dónde está la evidencia?
Y aquí hay una pregunta que el Gobierno no puede esquivar:
¿Qué evidencia actual demuestra que levantar la suspensión general del porte hará más seguros a los colombianos?
No basta afirmar que el ciudadano necesita defenderse. Tampoco basta decir que los criminales ya tienen armas.
Si el porte se presenta como una política de seguridad, debe demostrarse que produce seguridad.
Las dinámicas criminales de Colombia han cambiado. Han cambiado las ciudades, las organizaciones delincuenciales, las economías ilegales y las formas en que circulan las armas.
Por eso tampoco resulta serio convertir estudios antiguos en una garantía de que una decisión tomada en 2026 tendrá necesariamente los mismos efectos.
La ausencia de evidencia suficiente no demuestra que el porte vaya a aumentar la violencia. Pero sí significa que no podemos presentarlo como una solución evidente al problema de seguridad.
Ante una decisión que amplía la capacidad de particulares para ejercer fuerza, la responsabilidad del Estado debería ser demostrar primero que esa ampliación es necesaria y beneficiosa.
El verdadero fracaso sería acostumbrarnos
El riesgo más profundo no está solamente en cuántas armas legales habrá en las calles.
Está en algo mucho más preocupante: que terminemos aceptando como normal que cada colombiano deba estar preparado para defenderse porque el Estado no puede garantizarle seguridad.
Eso sería una derrota institucional.
Un Estado fuerte no es aquel que consigue que sus ciudadanos estén mejor armados.
Es aquel que consigue que sus ciudadanos no necesiten estar armados para sentirse seguros.
Después de veintidós años en una institución cuya misión incluye precisamente el ejercicio legítimo de la fuerza, no tengo una visión ingenua sobre las armas. Sé para qué sirven y conozco su utilidad.
Precisamente por eso me opongo a convertir su porte en una respuesta cada vez más extendida frente a nuestra crisis de seguridad.
Colombia no necesita más ciudadanos preparados para ejercer la fuerza. Necesita un Estado capaz de ejercerla legítimamente cuando corresponde y de garantizar que los ciudadanos no tengan que ejercerla por su cuenta.
Porque cuando el ciudadano siente que necesita un arma para estar seguro, el problema no empieza con el arma.
Empieza cuando dejó de confiar en que el Estado podía protegerlo.
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