El ingeniero Hernán García un megacontratista del Estado aspira ahora vigilar como contralor al sector de Minas y Energía a pesar de tener una firma cuestionada

 - El nuevo contralor Jorge Laverde empieza a armar su equipo con viejos conocidos de dudosa reputación

El ingeniero electricista Hernán Alberto García Mahecha, postulado por el nuevo contralor general Jorge Laverde como su delegado para el sector de Minas y Energía, tiene una de las más frondosas hojas de vida de todas aquellas que son publicadas por el Servicio Civil para que la ciudadanía analice, comente u objete su trayectoria.

En ella describe en detalle sus 18 años de trayectoria en el sector energético colombiano y narra sus atributos como experto en el dominio técnico, financiero y regulatorio de la cadena de generación, transmisión y prestación del servicio y se describe como un líder en la estructuración, ejecución y evaluación de proyectos de infraestructura para empresas públicas y privadas.

Además de su título de pregrado en la Universidad del Valle, registra dos maestrías en gerencia de proyectos y energías renovables en la universidad ICESI de Cali y en la Universitat de Barcelona, amén de una especialización en gerencia de construcciones en la Pontificia Universidad Javeriana.

Cita una decena de “proyectos emblemáticos” dirigidos por él, algunos con designaciones tan rutilantes como la de “El sol brilla para Ungía”.

Su empresa ha logrado contratos por todo el país

Luego recuerda su notoriedad como gerente y fundador de la firma HG Ingeniería y Construcciones SAS BIC de Cali reconocida, no siempre para bien, en varias regiones del país. Se trata de una razón social que aparece no solo en listas de contratistas y proveedores de servicios, sino que también ha sido mencionada en expedientes judiciales y en relatos periodísticos sobre descalabros o incumplimientos como los que se presentaron hace apenas dos años con la instalación de paneles solares que deberían haber mejorado la calidad de vida de comunidades indígenas en La Guajira.

En Cali, su tierra, ha sido profeta en materia de negocios contractuales y se hizo al título de megacontratista por sus negocios con las administraciones de Maurice Armitage y Jorge Iván Ospina, que lo encargaron, entre otros proyectos, de la iluminación del estadio de fútbol Pascual Guerrero.

En un análisis publicado bajo el título “Energía Limpia Mugrienta en columnista de Semana Aurelio Suárez Montoya escribió, en agosto de 2022, una especie de contra relato sobre la trayectoria de HG Ingeniería, en uno de cuyos apartes se lee: “HG es un grande de los proyectos fotovoltaicos. De forma directa o asociado, está vinculado a 20 contratos, entregados a dedo o por concursos simulados en cuantía de 206.523 millones de pesos, provenientes de 10 entidades como Cali, Emcali, donde tiene cinco, Corpovalle, Chocó, Caquetá, Huila y Cauca, lo que quintuplicó su patrimonio en cuatro años con excedentes para dar y convidar (…).”

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El análisis cuestionaba, con cifras a la mano y relaciones de contratos, el lucro desmesurado, justificado con motivos ambientales, como razón real del apogeo de la energía solar y denunciaba que la transición energética se ha basado en buena medida en importar paneles solares de China facturados a precios especulativos.

La denuncia quedó dormida en uno de los expedientes sobre presuntas irregularidades en un proyecto para impulsar la planta de agua potable de Puerto Mallarino, en Cali, que demandó la instalación de 998 kilovatios en 1.849 paneles que costaron 4.958 millones. Emcali le habría pagado a HG Ingeniería cada panel al triple de lo que valen en el mercado.

Con la promesa de ofrecer soluciones de paneles solares a la medida se ha convertido en un gran importador desde China y ha construido un patrimonio en poco tiempo.

Un frustrado sueño guajiro

El nombre del ingeniero García Mahecha volvió a aparecer en letras de molde, en junio de 2024, a raíz de incumplimientos y rezagos en la ejecución de un contrato suscrito por su firma con el Instituto de Planificación y Promociones Energéticas (Ipse), adscrito al Ministerio de Minas y Energía, que debía llevar energía a las casas de 1.323 indígenas waúyu.

De acuerdo con Vorágine, medio que reveló los entretelones del negocio, por problemas de planeación los equipos de instalación solo llegaron a 34 de las 51 comunidades que se supondrían beneficiarias cuando el entonces presidente Gustavo Petro otorgó la licitación por 43.154 millones. El ganador -y responsable de 13 modificaciones que elevaron los costos- fue un consorcio del que hacía parte de la firma de propiedad del ingeniero que está a punto de ser nombrado en uno de los cargos más altos del máximo órgano de control fiscal del país.     

Los pliegos, según la investigación, fueron hechos a la medida del proponente en una maniobra de la que se encargó -él mismo lo admitiría luego ante la justicia- Juan Maurico Montealegre, subdirector de planificaciones del IPSE, denunciado por Pablo Cesar Herrera, gerente de contratación. Era el cuarto proyecto de HG con el Ipse.

La interventoría, como lo muestra el expediente de la contratación, se encargó de justificar retrasos y sobrecostos.

¿Rastro de marionetas?

Durante la fase previa su elección, casi unánime, por parte de las cámaras legislativas el contralor general Jorge Laverde Vargas estuvo presto a replicar cuestionamientos y rumores sobre su presunta relación con el ya fallecido senador Mario Castaño, enviado a la cárcel como cabeza de un carrusel de contratistas corruptos conocido como ´Las Marionetas´.

Laverde asegura que si bien conoció a Castaño y fueron amigos durante un trecho de sus carreras políticas, nunca tuvo conocimiento de que estuviera incurso en conductas ilícitas. Asegura incluso que el Jorge Laverde mencionado en el expediente del caso de Las Marionetas no es él sino un homónimo.

Por coincidencia poco afortunada, la firma de Hernán Alberto García, quien será su contralor delegado para Minas y Energía, también es mencionada en el mismo expediente. Esa mención corrió por cuenta de Pablo César Herrera, quien aseguró ante la justicia penal que el proyecto de los paneles solares para La Guajira hacía parte de los negocios controlados tras bambalinas por el congresista Castaño.

La firma de García ha salido en defensa de su buen nombre, con certificados judiciales y disciplinarios para demostrar que no están incursos en proceso alguno.

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