Texto escrito por: Andrea Lobato Romero
En Yemen no hay un bando que merezca nuestra absolución moral. Después de más de diez años de conflicto, la evidencia es clara, tanto los rebeldes hutíes como Arabia Saudí y sus aliados han usado el hambre, los bloqueos, la destrucción de hospitales y carreteras como armas de guerra. Y quien termina pagando ese precio siempre es la misma gente, los civiles yemeníes que no eligieron esta guerra.
Reducir este conflicto a un enfrentamiento entre hutíes y saudíes sería un error. Detrás de los hutíes está Irán, que los arma, los entrena y utiliza a Yemen como una pieza más en su disputa con sus rivales regionales. En 2026, en medio de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, los hutíes lanzaron misiles contra Israel, atacaron petroleros saudíes en el mar Rojo y bloquearon una de las rutas marítimas más importantes del planeta, por donde pasa cerca del 12% del comercio mundial. Estados Unidos advirtió que, si estos ataques continúan, responsabilizará directamente a Irán, no solo a los hutíes.
Del otro lado están Arabia Saudí, sus aliados del Golfo y el respaldo de Estados Unidos e Israel, que también han bombardeado zonas bajo control hutí. Ninguno de estos actores está en esta guerra por generosidad, cada uno defiende sus propios intereses en la región y Yemen ha quedado convertido en su campo de batalla. Esto no exime a los hutíes de responsabilidad por el daño que causan puertas adentro, pero sí permite entender el conflicto por lo que realmente es una disputa de poder entre potencias, librada con el cuerpo del pueblo yemení.
Las cifras de este año explican por qué la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 22 millones de personas en Yemen necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir y 5,2 millones han sido desplazadas de sus hogares; el sistema de salud está al borde del colapso y apenas se ha cubierto una quinta parte del dinero que la ONU solicitó para el país. Esto no es casualidad, pues desde el alto el fuego de 2022 las conversaciones entre Arabia Saudí y los hutíes avanzan a cuentagotas y ni siquiera han resuelto la fase humanitaria del proceso, mientras el frente se reactiva cada vez que sube la tensión entre Irán e Israel. Yemen no está en guerra abierta ni en paz, sino suspendido entre ambas cosas, y esa indefinición es la que sostiene el hambre.
Quienes más pagan esa indefinición son los niños. Según UNICEF, 10,8 millones de menores necesitaban asistencia humanitaria al comenzar el año y seis de cada diez centros de salud funcionaban de forma parcial o habían dejado de operar. Los ataques contra hospitales, escuelas y carreteras no han sido daños colaterales, han sido parte de la estrategia, porque en un conflicto donde nadie puede ganar terreno militarmente, cortar el acceso a comida, salud y agua se ha vuelto otra forma de combatir.
Es cierto que no toda responsabilidad pesa igual, el bloqueo naval y aéreo recae principalmente sobre la coalición saudí, mientras que el reclutamiento de menores y la obstrucción de la ayuda humanitaria se atribuyen con más frecuencia a los hutíes y a Irán. Pero esta distinción, aunque útil para el análisis político y jurídico, no cambia la conclusión moral de fondo. El resultado, para una madre en Marib o en Adén, es el mismo niño enfermo, el mismo hospital cerrado, el mismo futuro robado.
Diez años después de que estallara esta guerra, Yemen sigue siendo un país que el mundo prefiere no mirar. No hay bando bueno en esta guerra. Solo hay un pueblo que lleva una década pagando por decisiones de otros.
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