Hay algo inquietante en la obsesión reciente del gobierno por corregir las palabras. La directora del ICBF decidió eliminar “niña” del lenguaje institucional porque, según explicó, “niñez” incluye a niños y niñas. La ministra de Educación anunció que quiere eliminar la llamada “ideología de género” de los materiales con los que se trabaja la educación sexual en las instituciones públicas y, el gobierno publicó El libro de la verdad, un documento que presenta como verdades afirmaciones cuya evidencia y sustento, por decir lo menos, pueden ser discutidos.
Tres decisiones diferentes, una misma estrategia: presentar como una cuestión de precisión lingüística lo que en realidad es una decisión política sobre aquello que se nombra, cómo se nombra y, sobre todo, aquello que deja de nombrarse.
Conviene empezar por una aclaración sobre la Real Academia Española. La RAE tiene una función normativa: estudia la lengua, elabora obras de referencia y, junto con las demás academias de la lengua española, establece criterios sobre el uso culto y general del idioma. Pero la RAE no es la policía de las palabras. Que una expresión no aparezca en el diccionario no significa que los hablantes necesiten permiso para utilizarla. Los diccionarios registran palabras, describen sus usos y contribuyen, en determinados casos, a fijar una norma. No crean la lengua.
Las lenguas cambian porque cambian sus hablantes. Incorporan palabras, transforman significados y crean nuevas formas de expresión. Por eso resulta extraño que, de repente, la autoridad de la norma lingüística aparezca como argumento para decidir qué palabras puede utilizar una institución pública cuando habla de las personas que debe proteger.
Aquí aparece una pequeña ironía. La directora del ICBF defiende la precisión del lenguaje mientras cuestiona el uso de “niñas” en una publicación que hizo en X en la que planteaba “Y los niños? Ellos sí pueden ser invisibilizados?”, escribió las preguntas sin el signo de interrogación de apertura, que forma parte de la norma ortográfica del español. Un error de puntuación, naturalmente, no invalida un argumento, pero surge una pregunta legítima: ¿por qué la preocupación por la norma lingüística aparece con tanta contundencia cuando sirve para justificar la eliminación de una palabra y no parece tener la misma importancia cuando se trata de aplicar la norma ortográfica? La pregunta no es gramatical. Es política.
Porque “niñez” no es una palabra incorrecta. Puede designar al conjunto de niños y niñas. Pero eso no significa que “niñez”, “niños” y “niñas” sean intercambiables en todos los contextos. “Niñez” nombra una etapa de la vida. “Niñas” nombra a quienes atraviesan esa etapa. La diferencia puede parecer pequeña hasta que hablamos de violencia sexual, embarazo infantil, discriminación o violencia de género. En esos casos, nombrar específicamente a las niñas puede ser justamente lo que permite hacer visible una realidad que afecta de manera particular a un grupo. Que una categoría incluya a alguien no significa que nombrarlo sea innecesario.
Aquí está la nuez del asunto. El Estado no se limita a describir la realidad. La clasifica, la registra, produce estadísticas, diseña políticas y decide quiénes son sus destinatarios. Por eso las palabras que aparecen en sus documentos no son inocentes. Tampoco lo son las que desaparecen.
No estoy diciendo que todo cambio en el lenguaje institucional sea una estrategia de exclusión. Sería absurdo. Las lenguas cambian y las instituciones necesitan adaptar sus formas de comunicación. El problema aparece cuando una decisión política se presenta como si fuera simplemente una decisión lingüística, técnica y neutral.
Algo parecido ocurre con la expresión “ideología de género”. Llamar “ideología” a un conjunto de conocimientos, debates y políticas relacionados con el género, la sexualidad y los derechos no es una descripción inocente. La palabra lleva consigo una valoración: sugiere que aquello que se está nombrando no es conocimiento, sino una doctrina o una imposición ideológica. Cambiar el nombre cambia también el marco desde el cual se interpreta aquello que se nombra.
Y después está la palabra “verdad”. Si un gobierno titula una publicación El libro de la verdad, la pregunta ya no es qué dice la RAE sobre el significado de “verdad”. La pregunta es mucho más sencilla y mucho más incómoda: ¿qué hace verdadera una afirmación? ¿La autoridad de quien la pronuncia? ¿El título de un documento oficial? ¿La repetición? ¿O la evidencia?
No necesitamos un glosario para ponernos de acuerdo sobre qué significa “verdad”. Necesitamos pruebas que permitan sostener aquello que el poder presenta como verdadero.
Michel Foucault dedicó buena parte de su obra a estudiar precisamente la relación entre discurso, poder y verdad. Afirmaba que las sociedades no sólo producen discursos; también establecen mecanismos mediante los cuales algunos enunciados adquieren autoridad y otros son excluidos o descalificados. Pierre Bourdieu, por su parte, estudió cómo las instituciones contribuyen a establecer formas de lenguaje legítimas y cómo el poder puede convertir determinadas maneras de hablar en formas autorizadas de expresión. No hace falta convertir esta columna en una clase de filosofía para entender el problema. Basta con observar lo que está ocurriendo.
Primero se modifica la palabra. Después se presenta la modificación como una cuestión técnica. Finalmente, se pretende que aceptemos como neutral la realidad que esa nueva forma de nombrar, o de dejar de nombrar, construye.
Por eso la discusión no debería limitarse a preguntar si una palabra está en el diccionario o si una expresión es gramaticalmente correcta. La pregunta importante es otra: ¿quién tiene el poder de nombrar la realidad? Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿qué ocurre cuando ese poder decide que algunas palabras deben desaparecer del discurso institucional?
La precisión lingüística es necesaria. La claridad también. Pero ninguna de las dos es sinónimo de neutralidad política. Una palabra puede ser perfectamente correcta desde el punto de vista gramatical y, sin embargo, insuficiente para describir una realidad concreta. Una palabra puede no estar todavía registrada en un diccionario y ser, al mismo tiempo, parte viva de la lengua.
Las palabras no sólo describen el mundo. También determinan qué vemos de él. Por eso deberíamos desconfiar cuando el poder nos pide aceptar una decisión política como si fuera apenas una decisión sobre el lenguaje. Cuando el Estado decide qué palabras utiliza para nombrar a sus ciudadanos, también puede decidir quién aparece, quién desaparece y quién deja de ser reconocible como sujeto de derechos. En política, nombrar nunca es un acto completamente inocente.
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