Colombia se encuentra cuarta en el ranking mundial de mayor riesgo de desastres naturales, según datos de WorldRisk Report, un informe internacional que publica anualmente el WorldRiskIndex, índice que compara el riesgo de desastres en 193 países a partir de su exposición a fenómenos naturales y la vulnerabilidad de sus sociedades. En el alarmante listado, solo la superan Filipinas, India e Indonesia.
El país se ubica primero de toda Latinoamérica en el riesgo, superando a México, Perú, Ecuador y Nicaragua. El reporte es elaborado por Bündnis Entwicklung Hilft, una alianza alemana de organizaciones de ayuda humanitaria y desarrollo, junto con el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (IFHV) de la Universidad Ruhr de Bochum.
En los indicadores influyó la reacción al último movimiento de tierra. Sin embargo, el sismo del 10 de agosto de 2026 en Colombia no es el único desastre que puede sacudir al país. Por su ubicación geográfica, diferentes zonas del territorio están expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, aumentos de temperatura y otros fenómenos también tienen una probabilidad de catástrofe alta.
Los riesgos pueden agravarse con eventos como La Niña, asociado con mayores lluvias, vientos y descensos de temperatura. Por su parte, El Niño, que suele provocar menor precipitación y aumento de las temperaturas, también podría acarrear desastres.
Para afrontar la compleja situación está la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), actualmente bajo la dirección del ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán, quien asumió el cargo el 12 de agosto de 2026.
Falta de dinero y de presencia gubernamental
Según los indicadores del WorldRiskReport, la posición de Colombia es resultado de una alta exposición a amenazas naturales combinada con importantes debilidades institucionales y socioeconómicas para responder a las emergencias. Un ejemplo es la Ungrd, entidad que estuvo en el centro de un escándalo durante el gobierno de Gustavo Petro. Las investigaciones sobre posibles irregularidades incluyeron, entre otros hechos, presuntos desvíos por $46.800 millones relacionados con la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira.
El resultado de Colombia en el WorldRiskReport muestra que el problema no radica únicamente en que ocurran terremotos, sequías o lluvias por encima de lo normal. También pesa la limitada capacidad de respuesta y coordinación de las instituciones públicas. Por eso, el trabajo no debería recaer exclusivamente en el Ideam, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o en la Ungrd. El reto es fortalecer la articulación entre las distintas entidades del Estado.
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Colombia ha respondido en la medida de sus posibilidades; sin embargo, exministros de Ambiente, como Susana Muhamad, han señalado que el país invierte alrededor de 0,16 % del PIB anual para cumplir sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París, mientras que la meta de gasto debería ubicarse entre 3 % y 4 % del PIB.
El desafío, por tanto, no es solo anticipar los desastres, sino fortalecer la capacidad institucional y financiera para enfrentarlos.
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