Texto escrito por: Luis Alfredo Rincón Bayona
En los municipios pequeños, participar en los asuntos públicos tiene una particularidad: casi nadie es completamente anónimo. Quien cuestiona una decisión de la administración, ejerce veeduría, promueve un mecanismo de participación o contradice públicamente a quienes tienen poder suele volver a encontrárselos en una calle, un comercio, una reunión comunitaria o un evento local. Las diferencias políticas no siempre se quedan en las redes sociales o en un recinto institucional; terminan forming parte de la vida cotidiana.
Lo aprendí ejerciendo participación y control ciudadano en Cundinamarca. Haber intervenido en procesos democráticos locales me permitió comprender que defender una posición públicamente puede tener consecuencias que van mucho más allá de una discusión política.
Y ese debería ser un asunto de interés para todos.
La democracia necesita personas dispuestas a preguntar, vigilar, denunciar, controvertir y exigir explicaciones. Un ciudadano no debería tener que escoger entre ejercer esos derechos y conservar su tranquilidad.
El problema aparece cuando la crítica deja de responderse con argumentos y comienza a ser reemplazada por la estigmatización.
En el debate público pueden existir posiciones duras, incómodas e incluso profundamente enfrentadas. Eso hace parte de una democracia. Lo preocupante es convertir a quien cuestiona en un supuesto enemigo de su propio municipio, desacreditar su derecho a participar o crear alrededor de él un ambiente de hostilidad por ejercer control ciudadano.
En territorios pequeños, las palabras tienen un alcance particular. Las personas conocen a las familias, saben dónde trabajan los demás, reconocen sus rutinas y comparten los mismos espacios. Por eso, un señalamiento público puede producir efectos muy distintos a los de una discusión entre desconocidos en una gran ciudad.
No toda crítica constituye una amenaza y no toda controversia política puede presentarse como persecución. Hacer esa distinción es indispensable. Pero también lo es reconocer que las autoridades y quienes ocupan posiciones de poder tienen una responsabilidad especial frente a la manera como se refieren a ciudadanos que ejercen oposición, liderazgo o control social.
La participación ciudadana no puede depender de la simpatía que genere quien participa.
En Colombia, el derecho a intervenir en la conformación, ejercicio y control del poder político está reconocido constitucionalmente. También existen mecanismos de participación, veedurías ciudadanas y rutas institucionales para proteger a personas que enfrentan riesgos por sus actividades públicas, sociales o de defensa de derechos humanos. El desafío aparece cuando esos instrumentos tienen que funcionar en la vida real.
Una persona que empieza a sentirse en riesgo muchas veces no sabe qué hacer. Puede preguntarse si debe acudir primero a la Policía, la Fiscalía, la Personería, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior o la Unidad Nacional de Protección. Tampoco siempre resulta sencillo documentar hechos que, considerados por separado, parecen menores, pero que vistos en conjunto pueden mostrar una situación distinta.
Mientras las instituciones reciben documentos, trasladan competencias o realizan valoraciones, la vida cotidiana continúa. La familia modifica rutinas, se piensa dos veces antes de publicar una ubicación, se presta mayor atención a quién permanece cerca de la vivienda y actividades antes normales comienzan a observarse desde la seguridad.
He conocido personalmente parte de esas rutas y también he acompañado, desde el ejercicio ciudadano y la defensa de derechos humanos, solicitudes orientadas a activar mecanismos institucionales para otras personas. Sus identidades no necesitan hacerse públicas para entender una conclusión básica: acceder a protección no debería depender de saber redactar documentos especializados, conocer funcionarios o comprender el funcionamiento interno del Estado.
Hay tres aspectos que deberían fortalecerse.
El primero es la prevención temprana. Las instituciones necesitan mayor capacidad para identificar patrones antes de que una situación termine en una agresión. Prevenir significa actuar cuando todavía existe la posibilidad de evitar el daño, no únicamente documentarlo después.
El segundo es la coordinación territorial. Una persona no debería recorrer múltiples entidades contando la misma historia mientras cada una determina qué parte le corresponde. Las autoridades locales y nacionales necesitan rutas claras de articulación, responsables identificables y mecanismos de reacción que funcionen también fuera de las grandes ciudades.
El tercero es la protección de la participación democrática. Alcaldes, concejales, funcionarios, dirigentes políticos y ciudadanos pueden controvertirse. Lo que no debería ocurrir es que una diferencia se convierta en una justificación para deslegitimar el derecho del otro a participar, vigilar o cuestionar.
Este debate tampoco pertenece exclusivamente a quienes se identifican como defensores de derechos humanos. Le compete al presidente de una junta de acción comunal que reclama una obra; al comerciante que cuestiona una decisión local; al joven que organiza a su comunidad; al periodista regional que investiga; al veedor que revisa un contrato; al ciudadano que denuncia una irregularidad y a quien utiliza un mecanismo democrático para controvertir una administración.
Si esas personas empiezan a concluir que guardar silencio es más seguro que participar, el problema deja de ser individual.
Defender derechos humanos en los territorios también significa garantizar que alguien pueda disentir sin miedo, controlar al poder sin ser convertido en enemigo y recurrir al Estado antes de que una situación llegue demasiado lejos.
Los municipios necesitan ciudadanos incómodos. Necesitan personas que hagan preguntas difíciles y autoridades capaces de responderlas democráticamente.
Cuando participar comienza a tener un precio demasiado alto, quien pierde no es solamente la persona que decide callar.
Pierde toda la comunidad.
También le puede interesar:
Anuncios.
