El nombramiento de la Monteriana Natalia López Fuentes como Ministra de Trabajo y Juliana Morad Acero como viceministra de Relaciones Laborales e Inspección es la señal de que el presidente Abelardo De La Espriella se propone cambios de fondo, en contravía del espíritu de la reforma laboral de Petro.
Ya los sindicatos, alineados con el Ministro Sanguino prendieron las alarmas.
Tanto sectores vinculados al sindicalismo tradicional y movimientos de izquierda han expresado reparos frente a la agenda de flexibilización, advirtiendo sobre eventuales riesgos para la estabilidad reforzada y las garantías laborales, mientras los empresarios apoyan la política de flexibilización planteada por El Tigre desde la campaña
El saliente ministro dejó sus fichas dentro de la institución como Félix Antonio Córdoba Gómez, un sobrino de la ex senadora Piedad Córdoba que aún ocupa el cargo de subdirector de pensiones contributivas y delegado del Ministerio de trabajo, en la Junta Directiva de Colpensiones. A pesar de ser funcionario, Córdoba Gómez, especialista en derecho de la seguridad social de la Universidad Javeriana, ofrece su servicios a través de la firma de abogados y profesionales que publicita en la red social Facebook:https://www.facebook.com/watch/?v=317390739135619
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La ministra López Fuentes ha planteado que la rigidez normativa representa la principal barrera para la formalización en las MiPyMEs. Desde su perspectiva, adaptar los esquemas de contratación a las dinámicas del sector productivo facilitará la integración de millones de trabajadores informales al sistema formal. Su hoja de ruta prioriza incentivos para una contratación adaptable, orientada de manera particular a jóvenes, mujeres y emprendedores, mediante esquemas de horarios flexibles o trabajo por proyectos que mantengan siempre la vinculación al sistema de seguridad social.
Por su parte, la viceministra Juliana Morad Acero, encargada de la ejecución de estas políticas desde su despacho, ha advertido desde la academia sobre los efectos adversos de encarecer desmedidamente los despidos o rigidizar la contratación. Para Morad, limitar excesivamente figuras como los contratos a término fijo o el uso de empresas de servicios temporales resta capacidad de adaptación al tejido empresarial, especialmente a las unidades productivas más pequeñas. Asimismo, considera que el aumento desmedido de los costos laborales y la imposición de trámites estrictos para la terminación de contratos no reducen el desempleo, sino que terminan desplazando a más personas hacia el sector informal.
El trabajo investigativo de Morad como codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana se ha enfocado en la protección de poblaciones vulnerables, el estudio de la informalidad, la equidad de género y los trabajadores independientes.
Sus análisis señalan que la informalidad no responde a un incumplimiento voluntario de la norma, sino a la baja productividad de millones de micronegocios y trabajadores por cuenta propia. Por ello, defiende que la protección de esta fuerza laboral requiere reducir los costos de formalización y garantizar el acceso a la seguridad social básica en salud, pensión y riesgos laborales, sin asfixiar la subsistencia de los trabajadores de menores ingresos.
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