Texto escrito por: Lizandro Penagos
Lo primero es lo primero y en este momento lo primero es superar la tragedia y su devastación, rescatar al mayor número de personas (ojalá con vida) y diseñar desde ya una etapa de reconstrucción que les permita a las ciudades y poblaciones más afectadas del país, volver a la normalidad. Eso queremos todos los colombianos, así esa ‘normalidad’ sea para muchos una lucha permanente por la supervivencia. Bien sabemos, por experiencias propias y ajenas, que cualquier catástrofe o crisis encierra la reactivación económica de ciertos sectores y uno de ellos será el de la construcción. Y sobre este sector –que hace parte del amplio espectro inmobiliario– recae buena parte de las lecciones que deja el terremoto del 10 de agosto de 2026 y que, primero, deben estudiarse; y segundo, no deben olvidarse jamás.
No se trata de una cuestión emocional, ni mucho menos, sino de un obligado aprendizaje a modo del que han asumido países latinoamericanos como México o Chile, que han padecido situaciones similares; o Japón, que ha integrado a su cultura la convivencia con movimientos telúricos permanentes de gran escala. No debemos llamarnos a engaños y asumir con responsabilidad el lugar del mundo que ocupamos y ese lugar se llama: Cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurre el 90% de los terremotos que suceden en la Tierra y que alberga el 75% de los volcanes activos. Si a ello le sumamos las condiciones específicas de nuestros territorios y las particulares de nuestra idiosincrasia, los impactos, aunque altos, pueden minimizarse para no quedarnos con la idea de que es algo inevitable, castigo de la naturaleza, divino o –como circula en redes antisociales– alguna conspiración tramada por las megapotencias planetarias. No se pueden predecir los terremotos ni su intensidad, pero hay indicadores. Por ejemplo, el volcán Puracé hace rato nos ‘está hablando’.
El sismo de 7.4 en la escala de Richter con epicentro de San José del Palmar no solo es el de mayor magnitud registrado en el siglo XXI en Colombia, sino el más catastrófico en términos físicos, y por como avanzan los datos, también en víctimas fatales, pues podría superar las de Popayán en 1983, que oficialmente fueron 267 muertos, 7.500 heridos y más de 25.000 personas sin hogar. (Armero supera todas las cifras, pero fue avalancha). Cali es una de las ciudades más afectadas –junto a otras capitales como Pereira y Manizales–, pero mediática y asistencialmente el mismo San José del Palmar, Armenia, Dosquebradas, Roldanillo, El Cairo, Salento, Buenaventura, Dagua y muchos otros centros poblados, sin altas edificaciones, padecen los rigores de la devastación y la centralización de las ayudas humanitarias que no les llegan.
No es la primera vez que Cali padece los rigores de un terremoto. Ya había sido afectada por uno de 6.6 en la escala de momento sísmico (Mw), el 7 de junio de 1925, cuando era apenas un pequeño villorrio que superaba con creces los 100 mil habitantes; pero desde entonces marcó un hito en la historia de la actividad sísmica de la zona y las condiciones de nuestro suelo, pues reveló la vulnerabilidad de las que se erigían como las ciudades futuras del suroccidente del país. Cali ha sido y es vulnerable a los terremotos y de todos nosotros depende que no lo siga siendo. No porque neguemos la realidad sino porque la debemos asumir, para enfrentarla con planes, programas y normas en todos los ámbitos, particularmente los de la construcción y la gestión del riesgo.
Para citar solo uno de los terremotos recientes que ha soportado Cali, el del 15 de noviembre de 2004 tuvo una magnitud de entre 6.7 y 7.2 en la escala de Richter y según varios estudios hoy archivados, dejó debilitamientos estructurales que es evidente no resistieron el del pasado lunes. Sumados éstos a efectos acumulados sobre viejas estructuras, como el temblor del 15 de febrero del 1995 (6.4) o el del 25 de enero de 1999 (6.2). De modo pues, que no se trata de buscar culpables, sino de trabajar con responsabilidad en la proyección de la ciudad y de futuros acontecimientos similares, para que los daños materiales y las pérdidas humanas se minimicen. Es cierto que hay daños que son visual y, si se quiere, emocionalmente fuertes, pero en términos de estructura menores y no suponen riesgo inminente, porque la sismorresistencia así lo prevé. Pero no es menos cierto, que por cuenta de voracidad inmobiliaria Colombia está llena de edificios en alto riesgo y mínimo cuidado.
A partir del terremoto del 9 de febrero de 1967, con epicentro entre Campoalegre y Neiva-Huila hace 59 años (entre 7.0 y 7.2 Mw), el Estado colombiano legisló para intensificar los estudios y mitigar los impactos de las catástrofes telúricas. Al respecto, hace más de tres décadas existe un estudio de microzonificación sísmica de Cali que vaticinaba el impacto sobre la ciudad de un terremoto de la magnitud del ocurrido el pasado lunes. Afirma que Cali tiene terrenos de licuefacción, muy blandos, húmedos, arcillosos y en algunos casos, zonas de desecación de antiguos cauces de sus múltiples ríos que fueron cubiertos con escombros o tierra suelta removida, donde la onda sísmica se propaga a sus anchas. Una desbordada expansión urbanística y demográfica, generada por oleadas migratorias que incluyen entre otros factores, violencia partidista, catástrofes naturales, desplazamiento y auge del narcotráfico, ocupó terrenos y construyó a velocidad crucero sin el rigor técnico adecuado.
El mismo estudio asegura que las zonas menos vulnerables de Cali son las cercanas a los cerros, pues la conformación rocosa de su suelo detiene o atenúa las ondas sísmicas. Y la realidad lo comprueba, pues a pesar de que en las zonas de ladera las construcciones populares son en su mayoría muy artesanales y hechas a retazos según las posibilidades económicas cambiantes, no sufrieron daños; así como tampoco las edificaciones mayores, conjuntos o unidades residenciales, que tampoco se vieron afectadas. Pero otra cosa ocurre en la zona plana, donde el suelo es diferente, no solo por la historia geológica, sino también por la intervención y la codicia humana. La ciudad creció sobre las madresviejas de sus siete ríos, cauces antiguos hoy urbanizados, suelos que no admiten altas edificaciones o por lo menos, no con los mínimos estándares exigidos. Lagunas que eran reguladores naturales de la riqueza hídrica de la ciudad como El Pondaje, Aguablanca o Charco Azul, hoy son barrios que se levantan sobre rellenos explanados. Así como algunos de los sectores hoy más afectados.
Muy a nuestro pesar, las ciudades de Colombia están inundadas de edificios (sobre todo para estratos medios y bajos: Vivienda de Interés Prioritario y Vivienda de Interés Social) mal construidos o construidos sobre terrenos de alto riesgo o construidos con materiales de baja calidad o construidos sin estudios técnicos de rigor o construidos sin las normas de sismorresistencia exigidas, todos levantados en un santiamén para responder a la rentabilidad y las dinámicas económicas, que en Cali son motor fundamental del empleo, la inversión y, por supuesto, la riqueza. Para nuestra desgracia igualmente, el sector de la alta construcción masiva es una de las más grandes máquinas de lavado de activos y para comprobar lo anterior basta revisar los mapas de extinción de dominio o los informes de la Sociedad de Activos Especiales. Hay falta de severidad en la aplicación de las normas para construir, desidia administrativa en su control, irresponsabilidad de las empresas constructoras y, por supuesto, corrupción anclada en varios de sus procesos, que incluyen especulación inmobiliaria y volteo de tierras.
Ojalá el próximo terremoto –en este país sin memoria o con memoria selectiva– ocurra cuando hayamos olvidado este.
También le puede interesar:
Anuncios.
