A las 7:34 del 10 de agosto de 2026, San José del Palmar (Chocó) fue epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que, según agencias de prensa internacionales, dejó al menos 111 muertos y 87 heridos en el balance conocido hasta las 3:00 p.m. Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano señaló que se trató del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década.
San José del Palmar, un municipio de apenas unos 5.000 habitantes, de población mayoritariamente rural y ubicado en una zona montañosa del Chocó, volvió a los titulares informativos. Aún no hay reporte de muertos, heridos ni afectaciones a la infraestructura.
El pueblo, antes de convertirse en epicentro sísmico, ya enfrentaba dificultades institucionales, abandono estatal, violencia sistemática y graves problemas de conectividad.
Su nombre, San José del Palmar, desconocido por la mayoría de colombianos, había aparecido durante años en los registros de violencia, dificultades de acceso, problemas de infraestructura y conflicto de grupos armados ilegales. Ahora volvió a ser el epicentro de los movimientos telúricos y de la atención del país.
Un año lleno de violencia y muerte
El 26 de octubre de 2005, en el sector de Alto del Oso, zona rural de San José del Palmar, hubo combates entre un grupo paramilitar y las FARC-EP, que presuntamente se encontraban en compañía del Ejército Revolucionario Guevarista, ERG.
El Centro Nacional de Memoria Histórica registró que, según la prensa, el enfrentamiento dejó 16 muertos. Otras cifras aseguran que fueron 17. Todas las víctimas portaban identificaciones de las Autodefensas Campesinas Unidas del Norte, ACUN, relacionadas con Los Machos, grupo ligado al Cartel del Norte del Valle
El cruento combate ocurrió en medio de una disputa de varios años por el control territorial en una zona altamente conflictiva por la presencia del narcotráfico. Ahí no paró la violencia. El 14 de enero de este año, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 25 de la Décima Quinta Brigada fueron atacadas con drones equipados con explosivos rudimentarios, en la misma vereda del anterior ataque con víctimas fatales.
El nuevo atentado dejó un suboficial y nueve soldados heridos. Según el comunicado militar, los uniformados sufrieron lesiones y aturdimiento por esquirlas causadas por la explosión de un artefacto artesanal. La institución señaló preliminarmente como responsables a presuntos integrantes del frente Ernesto Che Guevara del ELN y dispuso la evacuación de los heridos con dos aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana.
Ambos ataques hacen parte de la crónica de una violencia anunciada. A pesar de que la Alerta Temprana 007 de 2025 de la Defensoría del Pueblo había advertido sobre riesgos asociados a la presencia y control territorial de actores armados en San José del Palmar, los ataques afectaron a la fuerza pública y a la población civil.
El documento identificaba amenazas, restricciones a la movilidad, confinamiento y riesgos de reclutamiento, además de vulnerabilidades sociales en contra de las comunidades rurales, que ahora deberán enfrentar las consecuencias del terremoto en medio del abandono estatal y la violencia reinante.
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Otro anuncio que quedó en el aire
Los días 15 y 16 de julio de 2026, tres semanas antes del terremoto, siete delegadas de la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Risaralda, llevaron a cabo la jornada “Buen Futuro Hoy en San José del Palmar”, junto con la Personería Municipal.
Allí, el equipo multidisciplinar de funcionarios comprobó que las condiciones de salud, educación, justicia, atención a víctimas, derechos de las mujeres continuaban en el mismo estado de precariedad que han padecido los habitantes de la zona desde hace décadas.
Además, las funcionarias visitaron el Centro de Larga Estancia Hogar Manuel Virgilio Ayala con el objetivo de revisar las condiciones de atención a los adultos mayores. Allí, tras investigar los programas de alimentación escolar, políticas de vejez y reclutamiento por parte de grupos armados de menores dieron una alerta de la preocupante situación.
Durante la visita, la entidad gubernamental atendió alrededor de 100 víctimas del conflicto armado y brindó orientación sobre ayuda humanitaria, indemnización administrativa, Registro Único de Víctimas y rutas institucionales. También acompañó a comunidades indígenas y afrodescendientes en asuntos de formalización territorial.
El diagnóstico en salud fue uno de los hallazgos más graves. San José del Palmar solo cuenta con una IPS privada. Además, no tiene hospital ni centro de salud público. Aún más alarmante es el hecho de que solo hay una ambulancia, en estado regular, para trasladar pacientes que requieren atención de mayor complejidad.
La Defensoría anunció acciones ante autoridades nacionales, departamentales y municipales para impulsar la construcción de un hospital público. Lamentablemente, no hubo tiempo antes de que la tragedia empeorará la situación cotidiana de los 5.000 habitantes del pueblo.
La visita a la Comisaría de Familia y a la Policía también evidenció baja confianza en las rutas de atención de violencia de género. La Defensoría relacionó esa situación con el miedo generado por la presencia permanente de grupos armados ilegales que asedian la zona y produjeron los ataques recientes a la fuerza pública.
En el sector rural, los funcionarios revelaron obstáculos para formalizar tierras y dificultades para prestar asistencia técnica. El mal estado de la vía de acceso y de las carreteras rurales, los derrumbes y las restricciones de movilidad por seguridad limitaban el acompañamiento a los habitantes de la región.
Una larga historia de abandono
Los problemas de conectividad habían sido denunciados un año y medio antes del sismo que hoy enluta al país y tiene incomunicado al pueblo. En febrero de 2025, la personera municipal, Ellen Johana Cuero, denunció la pérdida de la vía que comunica San José del Palmar con Cartago.
La carretera Nóvita-San José del Palmar-Cartago, según la funcionaria, era la única conexión terrestre del municipio con el Valle del Cauca y estaba abandonada, con derrumbes y huecos. “No tenemos vía terrestre al Valle del Cauca ni plan B”, dijo en diálogo con La W 17 meses antes de la tragedia.
El aislamiento no es solamente físico y se reproduce en el ámbito digital. La Alerta Temprana 007 de 2025 recomendó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Gobernación del Chocó y a la Alcaldía ampliar la cobertura de redes de telefonía celular, internet y radiodifusión. Por su parte, la Defensoría planteó dicha ampliación como medida indispensable para mejorar la seguridad y facilitar el acceso de las comunidades a la información.
Como si la violencia, el abandono estatal y la pobreza fueran poco, el rezago histórico de este y los demás municipios chocoanos se recrudece en el tema de los servicios públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportó estancamiento de San José del Palmar en cuanto a la cobertura de acueducto rural de 36,35 % en 2024, frente a 36,63 % en 2022 y 2023.
La historia reciente del municipio combina, por tanto, violencia armada, dificultades de movilidad, limitaciones en salud, problemas de formalización de tierras y brechas de comunicación. Para colmo de sus males, San José del Palmar volvió a aparecer en las noticias nacionales por otra tragedia, que a diferencia de los problemas mencionados, no puede ser controlada por los seres humanos.
Hoy, 10 de agosto de 2026, fue epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. El desastre natural volvió a poner sobre la mesa una pregunta que no ha tenido respuesta durante décadas: ¿cómo responde el Estado cuando la emergencia llega a uno de los territorios que han permanecido en el abandono estatal durante sus 88 años de historia?
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