Hasta este 30 de julio, Ricardo Roa fue presidente de Ecopetrol la empresa más grande de Colombia, de donde salió por la puerta de atrás después de dos meses de licencia. Dejó el alto cargo para salir a enfrentar una compleja realidad que empieza por el embargo de su apartamento ubicado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá.
Este bien de 300 metros cuadrados, uno de los más visibles del patrimonio de Roa está en el centro de la imputación de cargos de la Fiscalia por presunto tráfico de influencias. Su adquisición, valorada en cerca de $1.800 millones, coincidió con el desarrollo de la campaña presidencial de 2022, período en el que ejercía como gerente de la candidatura de Gustavo Petro.
Tras la compra del inmueble, Roa ordenó una remodelación cuyo costo habría ascendido a cerca de $2.300 millones. Para esa obra contrató al diseñador Johny Giraldo, yerno de la fallecida senadora Piedad Córdoba (q.e.p.d), quien recomendó una transformación integral del apartamento, incluyendo pisos, paredes, puertas, acabados y la cocina.
Sin embargo, la relación entre Roa y Giraldo terminó en controversia. El diseñador aseguró que quedaron obligaciones económicas pendientes y decidió hacer públicas sus reclamaciones a través de redes sociales. A partir de ese momento trascendieron detalles sobre la magnitud de la remodelación y la participación de su compañero sentimental en el momento Julián Caicedo en el proyecto.
Las características de la compra y de las adecuaciones del inmueble llamaron la atención de los organismos de control. Roa tuvo que entregar explicaciones sobre el origen de los recursos utilizados y sobre un eventual conflicto de interés derivado de los vínculos que tendría el vendedor del apartamento con el sector energético.
Las platas de las tres campañas de Petro que lo tienen en tremendo lio
Ricardo Roa era un viejo conocido de Petro, con quien trabajo como presidente de la Empresa de Energía de Bogotá en su alcaldía. Fue llamado por su jefe político a ser gerente de la campaña, primero para la consulta interna en el Pacto histórico en la que derrotó a Francia Márquez, luego en la primera vuelta en que pasó a la segunda vuelta con Rodolfo Hernández a quien finalmente derrotó. Las tres campañas habrían costado cerca de $ 45 mil millones por los cuales en parte debe responder su gerente, Ricardo Roa.
El embargo del apartamento y otras propiedades de Ricardo Roa se debió principalmente a deudas e incumplimientos de pagos acumulados por obligaciones económicas de la campaña presidencial de 2022.
Para asumir su defensa, Roa contrató al abogado penalista Juan David León Quiroga. El jurista es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.
Entre 2015 y 2020 trabajó como asesor de la Agencia Nacional de Minería, durante la administración de Silvana Habib. Posteriormente se vinculó al bufete Perdomo Torres Abogados y Consultores, donde participó en la representación de los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, reconocidos como víctimas dentro del proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
Ese despacho fue fundado por el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y es el encargado de liderar la estrategia jurídica de Roa. Sobre los hombros de Juan David León Quiroga recaerá ahora la defensa del exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en uno de los procesos judiciales más complejos que enfrenta desde que abandonó la presidencia de Ecopetrol.
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