Texto escrito por: Juan Carlos López Calderón
Jericó es un municipio con una riqueza extraordinaria. Su vocación turística, agropecuaria y agrícola, sumada a su inmensa biodiversidad, lo convierten en un patrimonio que merece ser protegido. A ello se suma una realidad innegable: la existencia de un importante proyecto minero de cobre, una circunstancia que para algunos representa una oportunidad y para otros una preocupación. Esa diferencia de opiniones es legítima y debe ser respetada.
Lo que no podemos permitir es que esas diferencias nos conviertan en una sociedad dividida y vulnerable.
La historia de Colombia ha demostrado que, en muchos territorios donde existen recursos de alto valor económico, los grupos armados ilegales han intentado aprovechar el desorden, la ausencia del Estado y la fragmentación social para fortalecer su presencia y sus economías ilícitas. Esa posibilidad debe invitarnos a fortalecer la institucionalidad, no a debilitarla.
Por eso considero que el verdadero debate no debe ser únicamente si estamos a favor o en contra de la minería. La pregunta de fondo es si queremos que cualquier actividad relacionada con nuestros recursos naturales esté bajo el control de la legalidad, con supervisión institucional, exigencias ambientales y participación ciudadana, o si permitimos que la ilegalidad encuentre espacios para imponerse.
La defensa del medio ambiente y el desarrollo económico no tienen por qué ser conceptos incompatibles. El reto consiste en exigir los más altos estándares de protección ambiental, una vigilancia permanente, transparencia absoluta y el cumplimiento estricto de la ley. Los ecosistemas deben ser protegidos porque pertenecen a las generaciones presentes y futuras, y cualquier actividad económica debe respetar ese principio.
Los recursos naturales son patrimonio de todos los colombianos, no de intereses particulares ni de quienes pretenden obtener beneficios mediante la violencia o la ilegalidad. Por eso la comunidad debe mantenerse unida, informada y vigilante, participando activamente en las decisiones que afectan su territorio.
Jericó merece un futuro construido sobre la legalidad, el conocimiento, la protección ambiental, el respeto por las diferencias y el bienestar colectivo. Las decisiones importantes deben tomarse con información, con argumentos y con responsabilidad, nunca desde el miedo, la desinformación o la división.
Hoy la pregunta es sencilla, pero trascendental:
¿Queremos que el futuro de Jericó sea guiado por la institucionalidad, la transparencia y el Estado de derecho, o permitiremos que la ilegalidad siga encontrando espacios para avanzar?
El futuro de nuestro municipio dependerá de la respuesta que, como sociedad, estemos dispuestos a construir.
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