Texto escrito por: José E. Mosquera
Los chocoanos con las altas temperaturas por el fenómeno del niño están sufriendo un calvario con los sofocantes niveles de calor con temperaturas que oscilan entre 35 y 40 grados y sin servicio de energía por los continuos apagones. Por los reiterados apagones saldrán otra vez a las calles a protestar y exigir soluciones a las deficiencias en el suministro de energía por la empresa Distribuidora del Pacífico S.A. (Dispac).
Empresa de servicios públicos encargada de la comercialización y distribución de energía eléctrica en el Chocó desde que fue creada en el 2001, luego de la quiebra y liquidación de la Electrificadora del Chocó. Es una protesta organizada por los mismos seguidores del Pacto Histórico en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuando solo le faltan 17 días para entregar el poder.
Un porcentaje de los chocoanos acusan al gobierno de Petro de ser el responsable de la crisis por la falta de voluntad que demostró en los cuatro años en resolver un problema crónico que sufren los chocoanos, en virtud de que, Dispac es una empresa del estado, cuyo mayor accionista es el Ministerio de Hacienda con el 99% de las acciones de la compañía.
Empresa que durante este gobierno adjudicó mediante licitación pública el contrato DG-081-2023 de suministro de energía en el Chocó al Consorcio Multienergético de la Costa desde el primero de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026. Un consorcio que se estructuró con participación de algunas empresas de energía del polémico empresario Alberto Ríos Velilla, famoso por los escándalos de corrupción con las basuras y los recaudos de TransMilenio en Bogotá, un empresario cercano a las toldas de Cambio Radical.
Dispac es una empresa que no ha estado exenta de ciertos nubarrones oscuros y de algunas suspicacias políticas, dado que durante el gobierno del presidente Iván Duque, mediante unos polémicos convenios interadministrativos el Ministerio de Minas y Energía, mediante el convenio GGC-581 del 7 de diciembre de 2020 y el Ministerio de Hacienda, mediante convenio 7014-2020, el Ministerio de Minas transfirió al Ministerio de Hacienda la totalidad de su participación accionaria en Dispac.
Los ministros firmantes de aquellos convenios fueron Diego Mesa Puyo y Alberto Carrasquilla, y fue así como el Ministerio de Minas entregó a la cartera de Hacienda las 985.438 acciones, equivalentes al 75.02% de la composición accionaria en Dispac. De esa manera el Ministerio de Hacienda se constituyó en el mayor accionista de Dispac con 1.313.438 de acciones, equivalentes al 99.996% del total de las acciones de Dispac.
El resto de accionistas minoritarios son la Electrificadora del Huila, Empresa de Energía de Boyacá, Centrales Eléctricas del Norte de Santander del grupo de EPM y la empresa Enel, cada empresa con una acción, equivalente cada una al 0.0001%. Entonces, el Ministerio de Hacienda se hizo al control de la designación de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva y de la Gerencia General de Dispac.
En unas maniobras políticas durante el gobierno de Iván Duque, y que son materia de investigación por la Fiscalía, Dispac cayó en las garras del Cartel de las Marionetas del extinto senador caldense Mario Castaño. Cartel que al parecer controla de manera monárquica a Dispac y los negocios del suministro de energía en el Chocó. Por otro lado, a ese mismo cartel de las marionetas una década atrás la Gobernación del Chocó le otorgó el millonario monopolio de la distribución del aguardiente Platino.
El gobierno del presidente Petro prometió cambios y soluciones en materia energética en el Chocó, pero en cuatro años no hizo nada para desarticular el monopolio del cartel de las marionetas en Dispac, ni frenó la ineficiencia en la prestación del servicio de energía. En cambio, se dedicó a señalar solamente al gobierno de Duque como responsable de la crisis, cuando siendo ministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue que Dispac mediante el contrato mencionado otorgó la operación del suministro de energía al Consorcio Multienergético de la Costa.
Si bien la crisis energética viene de tiempo atrás, fue a partir de la adjudicación de ese nuevo contrato en el gobierno de Petro que el servicio de energía ha llegado a los peores niveles de deficiencias y la crisis se ha agudizado con los incrementos de los apagones eléctricos en el Chocó.
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