La Contraloría General de la República prepara desde meses atrás, pensando en los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, un Congreso Internacional, que se inicia esta semana en el Teatro Colón y seguirá cumpliéndose, con diversos eventos en los días que siguen, en varias ciudades del país. En el marco de este Congreso, el miércoles 15 tendrá lugar en conversatorio en la Universidad Autónoma en torno al eje del Fin del Conflicto.
El tema, no sólo por cumplirse la década del más grande esfuerzo por la reconciliación de los colombianos, sino además por la inminencia de la posesión del nuevo gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, está destinado a ocupar el primer lugar de la atención pública en el país durante los años por venir. El mandatario electo anuncia su intención de echar abajo partes sustanciales del Acuerdo de Paz de 2016.
El conversatorio citado se ocupa de asuntos que sin duda abrirán las compuertas a esa discusión. Allí se busca evaluar la capacidad del Estado colombiano, para honrar las promesas acordadas y vislumbrar los desafíos estructurales y de gestión del venidero cuatrienio. Participarán académicos internacionales, expertos en el tema de derechos humanos, exfuncionarios vinculados a la implementación y firmantes de paz.
El eje del fin del conflicto se abordará con el título Entre la firma y la realidad, revelando un interesante debate entre la voluntad y los hechos. Y parte de preguntar a los invitados en torno a cuál ha sido el principal valor público generado por la implementación del Acuerdo en términos de su propósito original. En mi parecer, se trata de algo que muchos no ven y otros se niegan a admitir: la ampliación de la democracia colombiana.
Uno era el panorama de reconocimiento, participación y representación popular durante el viejo conflicto, y otro muy distinto el existente al día de hoy. Sectores marginados de la vida política han conseguido una figuración importante. Las negritudes, el campesinado, las comunidades indígenas, las diversidades, el sector LGTBIQ+, y de manera especial las mujeres, ganaron espacios en el pasado estrictamente limitados.
No hay que olvidar que la votación más alta alcanzada por los sectores progresistas y de izquierda en su historia había sido la conseguida por Carlos Gaviria en 2006, algo así como 2.600.000, mientras que una vez se firmó el Acuerdo de La Habana, Gustavo Petro pasó de los ocho millones en 2018 y alcanzó la presidencia con más de once millones en 2022. No se diga de los 12.700.000 votos obtenidos por Iván Cepeda, que dan idea de la transformación del país.
No es casual que el exministro Fernando Londoño se refiriera al Acuerdo como un maldito papel al que había que hacer trizas. Si una de las raíces profundas del conflicto armado en Colombia era la falta de espacios y la persecución contra los sectores alternativos, sin duda que la creciente participación de estos en la democracia colombiana se encarga de acallar el discurso de los violentos, que insisten en el empleo de las armas.
Hasta la firma del Acuerdo de La Habana se imponía que el conflicto con las FARC era el producto o de la injerencia extranjera totalitarista o de las mafias del narcotráfico. Si algo dejó patente el Acuerdo Final fue la conciencia general sobre la existencia de causas profundamente arraigadas en nuestra historia, como la intolerancia y la violencia oficiales, a la que se sumaba la pobreza y el abandono de extensas regiones del territorio nacional.
Esa conciencia no se limitó a la antigua insurgencia o las opciones progresistas, sino que pasó a ser parte del discurso de los sectores tradicionales. Fueron acordados planes estratégicos contra la pobreza a escala nacional y se pactaron los Planes de desarrollo con enfoque territorial encaminados todos a sacar del estado de postración, de manera urgente, a los 170 municipios más afectados por la confrontación y en general al sector rural colombiano.
Ahora viene la otra parte. Cabe preguntarse si una década después, la situación de los territorios sempiternamente abandonados ha mejorado sustancialmente o no. Una rápida ojeada sobre el mapa de Colombia parece indicarnos lo contrario. El Chocó, el Cauca, Guajira, El Catatumbo, el Urabá entre otras extensas regiones de nuestro país, siguen dando muestra de un atraso lamentable. Y lo peor, en esos territorios crecen las manifestaciones violentas.
La falta de voluntad para la implementación del Acuerdo tiene gran responsabilidad en la situación presente. Bien fuera porque un gobierno despreciara lo acordado o porque otro tuviera sus propios enfoques, se interrumpió o distorsionó la implementación iniciada en la parte final del gobierno Santos. No hay que olvidar que el Acuerdo Final no son uno, dos o tres puntos importantes, sino que es integral, requiere que se cumplan todos seis.
Hoy cunde un enorme desaliento ante los propósitos expuestos por Abelardo. Su discurso de odio impedirá la ansiada reconciliación y solamente generará enormes y graves agitaciones.
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