El próximo 22 de julio, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumirá oficialmente la operación de la carretera Cartagena-Barranquilla. Esta medida se ejecutará tras culminar el proceso de reversión del proyecto IP Autopistas del Caribe, una Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada cuyo contrato de concesión estuvo vigente desde 2021.
La estructura de este consorcio privado tenía como socia de mayor peso a la firma KMA Construcciones, liderada por Menzel Amín Avendaño, con un 50% de participación. El porcentaje restante se distribuía entre la empresa española Ortiz Construcciones y Proyectos, con un 30%, y la firma H+ Era (reemplazo de Obresca) con el restante 20%, donde los Amín también participaban.
Según lo informado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el paso de la vía a manos de Invías marca el cierre definitivo de la etapa concesionada, e introduce un nuevo esquema de administración directamente bajo la responsabilidad del Estado.
La ambiciosa concesión fue contratada durante el gobierno de Juan Manuel Santos y proyectaba una inversión inicial superior a los $4.3 billones de pesos. Su propósito central apuntaba a transformar el tradicional corredor vial de La Cordialidad en una autopista de cuarta generación (4G), dotándola de segundas calzadas, variantes estratégicas y accesos mejorados.
Para asegurar la sostenibilidad financiera de las obras y su posterior mantenimiento, el modelo financiero se fundamentó en el recaudo proyectado a través de siete estaciones de peaje distribuidas a lo largo del corredor vial. Una viabilidad económica que se vio severamente golpeada por la radical oposición de los pobladores locales.
Las comunidades afectadas por la instalación de los peajes desataron intensas protestas, logrando la suspensión definitiva del cobro en el peaje de Turbaco. Y en la misma línea de resistencia civil, las firmas concesionarias nunca pudieron proceder con la instalación física del peaje proyectado en la zona de Arroyo de Piedra. Estas interrupciones y bloqueos tarifarios impidieron de manera estructural la consolidación de los ingresos estables que el consorcio requería para financiar la ejecución de los trabajos viales y garantizar el mantenimiento de la malla asfáltica.
Frente a la imposibilidad de sostener el equilibrio financiero, el consorcio que integraba la concesión presentó una demanda ante el Centro Internacional de Resolución de Disputa por el pago de inversiones realizadas y lucro cesante por valor $ 1,29 billones de pesos. Luego de llegar a un acuerdo con el Estado, y ser compensados con recursos del Patrimonio Autónomo del propio proyecto, KMA Construcciones y sus socios transfirieron el corredor a la ANI mediante la firma de un acuerdo de terminación consensuada del contrato. El pacto dio apertura a una etapa de transición y reversión con una duración de 200 días, fijando como fecha límite este 21 de julio, momento a partir del cual Invías, dirigida desde este febrero por Juan Guillermo Jiménez Gómez, asumirá la administración, operación y peajes de los 249.16 kilómetros que componen la vía.
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La vía, una de las arterias más estratégicas del norte del país, registró en el año 2023 un volumen de tránsito cercano a los 24.3 millones de vehículos, situándose como la segunda concesión con mayor flujo vehicular en Colombia, superada únicamente por la Nueva Malla Vial del Valle (Accesos Cali y Palmira). Su relevancia es crítica, ya que actúa como el principal canal para el transporte de carga, pasajeros y mercancías hacia los principales puertos y zonas industriales del Caribe.
Liquidación del contrato y el destino de los peajes
A partir del 22 de julio, las cinco estaciones de peaje activas en el corredor vial: Gambote, Pasacaballos, Bayunca, Sabanagrande y Galapa, dejarán de ser operadas por privados y pasarán a ser administradas directamente por el Estado a través de Invías, junto con los 249 kilómetros de infraestructura. Paralelamente, el Gobierno Nacional trabaja en la definición del modelo definitivo que guiará la administración técnica y los desarrollos futuros de este corredor.
Este traspaso operativo se produce en medio de un intenso debate social y político en los departamentos de Bolívar y Atlántico respecto al futuro del esquema tarifario. Múltiples organizaciones ciudadanas y sectores populares han elevado solicitudes formales para que se revise, reduzca o suspenda la continuidad de los cobros una vez que las casetas pasen a propiedad pública.
No obstante, frente a estas presiones sociales, las autoridades del sector de transporte a nivel nacional han sido enfáticas en precisar que la actual etapa de reversión se limita exclusivamente a un cambio en la entidad administradora de la infraestructura, por lo cual este proceso no implicará modificaciones automáticas ni rebajas inmediatas en el funcionamiento o tarifas de las estaciones de peaje.
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