A pocas semanas de la llegada del nuevo Presidente y del consecuente relevo o mantenimiento en el gabinete ministerial, varios integrantes del alto gobierno enfrentan investigaciones disciplinarias por una presunta participación en política. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, en total 181 funcionarios son objeto de indagaciones relacionadas con su actuación durante el proceso electoral.
Uno de los casos más relevantes es el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es investigado por unas declaraciones pronunciadas durante un evento público en el municipio de Coyaima (Tolima). Según la Procuraduría, el funcionario habría afirmado ante los asistentes: “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o, si no, nos va a llevar quien nos trajo”.
Jaramillo llegó al Ministerio de Salud el 1 de mayo de 2023, tiempo después de haber sido secretario de Salud durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Durante su gestión impulsó la reforma al sistema de salud promovida por el Gobierno, aunque la iniciativa no logró ser aprobada en el Congreso. También lideró la implementación de un modelo piloto de atención en salud y la ampliación de la infraestructura hospitalaria en diferentes regiones del país.
Otro de los investigados es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien asumió el cargo en febrero de 2025, en reemplazo de Gloria Inés Ramírez. Durante su administración lideró la implementación de la reforma pensional y sacó adelante la reforma laboral, que entró en vigor en 2026. Entre los principales cambios de esta última se encuentra el contrato a término indefinido como regla general para la contratación laboral.
La Procuraduría investiga a Sanguino por unas declaraciones que habría realizado durante un evento en Valledupar. De acuerdo con el organismo de control, el ministro habría expresado su respaldo a un proyecto político, lo que podría constituir una participación indebida en la contienda electoral. Antes de llegar al Ministerio de Trabajo, se desempeñó como jefe de Gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá durante la administración de Claudia López. Otro caso es el de Carlos Carrillo, quien fue separado temporalmente de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a comienzos de 2026.
Durante su gestión, concentró los esfuerzos en enfrentar casos de corrupción, que afectaban a la entidad tras el escándalo por la compra de carrotanques con sobrecostos destinados a La Guajira. Antes de que se cumpliera la sanción impuesta por la Procuraduría, Carrillo presentó su renuncia.
La lista también incluye a Alfredo Saade, exembajador de Colombia en Brasil y uno de los principales aliados políticos del presidente Gustavo Petro durante la campaña que lo llevó a convertirse en Presidente. Saade, en un periodo reciente, habría publicado mensajes en la red social X en los que expresó respaldo a una campaña política e hizo un llamado a la movilización ciudadana, hechos que también son materia de investigación disciplinaria.
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